Publicado en línea el Martes 13 de noviembre de 2018

“Las autoridades iraníes deben revelar inmediatamente la suerte y el paradero de cientos de miembros de la minoría étnica árabe ahwazí recluidos sin acceso a sus familias o abogados”, ha declarado Amnistía Internacional tras conocerse la ejecución secreta de algunos de ellos.
En los últimos días, activistas árabes ahwazíes residentes fuera de Irán han comunicado a Amnistía Internacional que 22 hombres, entre ellos el activista de la sociedad civil Mohammad Momeni Timas, han sido ejecutados en secreto.
Desde el 24 de septiembre, han sido recluidos en régimen de incomunicación hasta 600 miembros de la comunidad árabe ahwazí en una oleada de detenciones practicadas tras un ataque armado mortal perpetrado en Ahvaz, en la provincia de Juzestán, dos días antes.
“Si se confirman, las ejecuciones secretas de estos hombres no sólo serían un crimen de derecho internacional, sino también una horrenda violación de su derecho a la vida y una burla completa a la justicia, incluso para las escandalosas normas del sistema judicial iraní”, dijo Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es difícil concebir que estas personas hayan recibido un juicio justo apenas unas semanas después de su detención, mucho menos la oportunidad de recurrir contra su condena a muerte”.
Uno de los hombres que, según las fuentes, ha sido ejecutado en secreto, es Ahmad Heydari, comerciante de cerámica de 30 años que fue detenido pocos días después del ataque armado de Ahvaz.
Su familia no supo nada de su suerte y su paradero hasta el 11 de noviembre, cuando recibió una llamada telefónica en la que se la convocaba al centro de información del Ministerio de Inteligencia en Ahvaz, donde les dieron su certificado de defunción y les dijeron que lo habían ejecutado el 8 de noviembre.
Las autoridades dijeron que no iban a entregar su cuerpo para ser enterrado y comunicaron a la familia que no se les permitía celebrar un acto de despedida.
En cambio, el 12 de noviembre, el gobernador de la provincia de Juzestán dijo a la Agencia de Noticias de la República Islámica, de carácter estatal, que las informaciones sobre la ejecución de 22 detenidos eran “completamente falsas”. También afirmó que las personas detenidas en relación con el ataque de Ahvaz habían sido acusadas formalmente, aunque no indicó que ninguno hubiera sido llevado a juicio.
“Ante la ausencia de información sobre el paradero de los detenidos que se teme han sido ejecutados, el desmentido total del gobernador de poco consuelo servirá a las familias que no han podido ver a sus seres queridos o saber de ellos desde su detención”, dijo Philip Luther.
“Las ejecuciones aumentan nuestro temor de que cientos de personas árabes ahwazíes detenidas más tras el ataque de Ahvaz puedan ser condenadas a muerte o ser objeto de otros maltratos”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que revelen sin más dilación el paradero de todas las personas detenidas y faciliten información sobre las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha. Las autoridades deben dar a las familias y a sus abogados acceso a las personas detenidas y garantizar que éstas están protegidas de la tortura y otros malos tratos.
Amnistía Internacional pide también a las autoridades que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas árabes ahwazíes recluidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica o por su identidad étnica.
“Aunque las autoridades iraníes tienen la obligación de llevar ante la justicia a cualquier presunto responsable penal del ataque de Ahvaz en un juicio justo, no deben utilizar esto como excusa para hacer una purga contra miembros de la perseguida minoría étnica árabe ahwazí de Irán”, concluyó Philip Luther.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.


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