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El respeto a disentir

Martes 13 de noviembre de 2018, por Admin2

En una sociedad democrática, el respeto de las ideas es una base fundamental para la cohesión del tejido social. El debate debe generar un diálogo constructivo, no una descalificación a priori en donde se imponga la intolerancia por encima de la razón.

 Un debate mal encauzado o claramente manipulado, puede generar que salgan a flote los sentimientos más oscuros de la sociedad; la disidencia, da lugar a la descalificación, al escarnio, a la ofensa y en el peor de los casos al linchamiento social.

Las redes sociales se han convertido en la arena pública, donde lo mismo se dirimen cuestiones banales, que son parte de la vida estrictamente privada de un personaje público, que temas de interés social relacionados con el ejercicio poder.

El grado de polarización generado por ciertos temas, ha obnubilado la razón de mucha gente. Veo con preocupación que algunos militantes o simpatizantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y del partido MORENA, no logran diferenciar la crítica constructiva que señala las inconsistencias entre la retórica y el plan de gobierno, así como la incongruencia política del partido que ahora incurre en muchas de las prácticas que tanto condenó.

La falta de análisis de los temas, ocasiona que la crítica constructiva, se confunda con el anhelo –que es innegable que también está presente en varias opiniones- de que el futuro gobierno fracase, aún en el caso de los agoreros del desastre. El respeto a la libertad de expresión y pensamiento, debe ser el instrumento que prevalezca en las discusiones 

La implementación y el resultado de la consulta pública sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la entrevista que realizó el reportero del semanario Proceso Álvaro Delgado, al jurista Diego Valadés, la cual fue destacada en la portada de esa revista, son dos temas recientes, que ejemplifican claramente como la descalificación se impone al intercambio de ideas que generen un dialogo positivo.

Varios críticos de la consulta y su resultado, vaticinaron una catástrofe económica, fuga de capitales, recesión, devaluación, etcétera, pero ni siquiera mencionaron la opacidad de la obra que pudo derivar en actos de corrupción ni los costos injustificables. Al arranque de la obra en 2014 el costo de era de 168 mil 880 millones de pesos. Sin embargo, de haber continuado se estimaba una inversión final de 285 mil millones, 68% más. Los opositores a la Consulta criticaron en exceso un ejercicio, que aún con deficiencias, da cabida a la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Los críticos también pasaron por alto el daño ecológico que de forma irreversible se pudo ocasionar al medio ambiente; la devastación de los cerros que se generó en los municipios aledaños a la obra; también omitieron considerar que en la zona en que se edificaba el aeropuerto, se alimentan los mantos freáticos; el daño catastrófico para la flora y la fauna, la especulación inmobiliaria de los terrenos circundantes que disparó el costo del metro cuadrado a 15 mil pesos, cuando a los ejidatarios se les llegó a ofrecer ( en el gobierno de Vicente Fox) 20 pesos por metro cuadrado.

Además, nadie consultó a las comunidades si estaban de acuerdo con la construcción de un aeropuerto en sus tierras. No hubo una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades equiparadas que directa o indirectamente resultaban afectadas con la construcción del NAICM.

Irónicamente, muchos se escandalizaron por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y las afectaciones a los inversionistas, sin embargo, en su momento guardaron silencio sobre los contratos colectivos de trabajo que menoscababan los derechos de los trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto; sólo se acordaron de los obreros, al invocar el desempleo que éstos padecerían al cancelarse el NAICM.

La entrevista al abogado Diego Valadés publicada por la revista Proceso generó un larga serie de diatribas, en contra del semanario dejando de lado que lo publicado era la opinión de un jurista, que a título personal, expresaba las objeciones sobre la falta de un proyecto político del nuevo gobierno y el cómo las acciones y decisiones giran en torno a la figura del presidente electo. 

Lejos de generar un debate en el que la crítica y la autocrítica fueran los elementos catalizadores de un tema de gran relevancia, en tanto que está en juego el destino de la nación, las objeciones se dirigieron hacia los antecedentes del entrevistado y su paso por la administración pública.

En el debate estuvo ausente la autocrítica sobre las incongruencias retóricas de muchas acciones de gobierno que se pretenden implementar y del apoyo que MORENA a otorgado a diversos grupos caciquiles y que ha sido denunciado por los propios militantes del partido que fueron desplazados por los arribistas de siempre.

Lamentablemente, quienes reaccionaron con mayor virulencia contra la revista Proceso fueron los seguidores incondicionales de López Obrador, y MORENA -muchos de ellos gente brillante por la cual guardo un profundo respeto- que vieron en la crítica “una traición”.

La libertad de expresión en el Estado constitucional de derecho, entre otras cosas, se erige como un sistema de contrapesos y frenos a los poderes legalmente constituidos, en tanto que su ejercicio permite ventilar públicamente los actos de las autoridades.

Los medios de comunicación deben funcionar como mecanismos que permitan a la sociedad someter al escrutinio público el ejercicio del poder y la vida de la república. Los periodistas deben ser los vasos comunicantes entre la libertad de expresión y la sociedad, no un eco del poder.

Corresponde a las autoridades la responsabilidad de generar las condiciones de gobernabilidad, para que el derecho a la libertad de expresión no sucumba ante tentaciones absolutistas.

 

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Resulta peculiar la forma en que los trabajadores del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en Tabasco, realizaron una protesta en contra de las acciones que emprendió MORENA para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

De acuerdo con la nota publicada por el reportero Armando Guzmán, corresponsal de la revista Proceso El secretario del Tribunal, Rubén Alberto Rodríguez Mosqueda, informó que la protesta, de una hora, fue a nivel nacional para defender la independencia del Poder Judicial Federal, pues Morena, con mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, pretende cambiar de áreas a los impartidores de justicia y reducir sus salarios”

El entrevistado también se quejó que mucha gente “no entiende nuestra labor y en la reforma vienen los cambios de áreas y reducción de salarios” 

Dijo además “que con la reforma se viola la autonomía del Poder Judicial, ya que el período que puede permanecer un titular en una sede es facultad del Consejo de la Judicatura Federal, esto complica la vida familiar de jueces y magistrados porque sus hijos no disfrutan de estabilidad escolar ni social por cambiar de residencia cada cierto tiempo.”

Finalizó señalando que “los empleados del Décimo Circuito protestaron de 8 a 9 de la mañana y lamentaron que casi a diario tengan que salir “de dos a tres de la mañana” por la carga de trabajo”.

La protesta fue peculiar, porque la realizaron los empleados que no serán susceptibles de afectación, ya que ninguno de ellos gana más que el presidente de la república. Como el mismo secretario lo señaló, las reformas afectarán a jueces y magistrados en los rubros de salarios y adscripción.

El entrevistado olvidó, que en nuestro país existen grandes diferencias económicas y sociales, por lo que el salario y prestaciones que devengan los ministros, consejeros, jueces y magistrados, resulta un agravio para la inmensa mayoría de la población económicamente activa.

El funcionario judicial, debe tener presente que la falta de conocimiento sobre la importancia -situación que no pongo en tela de juicio- que tiene la labor jurisdiccional no es responsabilidad de la población, sino a una deficiente política de comunicación social, que no informa a la gente sobre el trabajo del Poder Judicial de la Federación en temas como desaparición forzada, derecho a la consulta, derechos de las minorías, etcétera, y como ese trabajo ha redundado en beneficio de los gobernados.

¿Desconocerá el secretario que otros servidores públicos (Policías Federales y Agentes del Ministerio Público Federal) con menores prestaciones que los jueces y magistrados, también son objeto de rotación por mandato de ley y que esa disposición fue declarada constitucional por la Suprema Corte?

Finalmente, no sólo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación laboran jornadas excesivas, en este país millones de personas deben laborar tiempo extraordinario para percibir un ingreso que en nada se compara con el ingreso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. 

Los integrantes del Poder Judicial de la Federación, deben crear una estrategia de defensa de sus derechos que genere un lazo de empatía con la población; en segundo lugar deben visibilizar la importancia del trabajo jurisdiccional y cómo esa labor ha producido resultados en temas tan importantes como desaparición forzada, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, derechos de los pueblos indígenas, etcétera, en tercer lugar considero que su reclamo debe ir más allá de la defensa de sus derechos y ampliarse a las demandas de la población en general.

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