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La ‘administración del conflicto’ no da soluciones de fondo a la crisis de derechos humanos en México

Lunes 12 de noviembre de 2018, por Admin2

En numerosas ocasiones se ha dicho que México se encuentra ante una grave crisis de derechos humanos. En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la situación en México como una “grave crisis de violencia y de seguridad”. En su libro Estado de emergencia, el periodista uruguayo Carlos Fazio señala que lo que se vive en México es una crisis civilizatoria. Otros más señalan que lo que tenemos ante nosotros es una crisis de institucionalidad.

Pues bien, el pasado 6 de noviembre el Centro Carter y Elementa DDHH presentaron en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal un estudio que abona a sostener dicho argumento. Se titula: ‘Retos para la transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México’.

El estudio hace un recorrido sobre cómo han ido cambiando la estructura orgánica y las normas que regulan el comportamiento de la administración pública federal y cómo han influido tanto los organismos internacionales como las organizaciones de la sociedad civil en el diseño institucional. Las conclusiones a las que llega son muy aleccionadoras. Yo me voy a centrar en tres de ellas.

La primera, y quizá de las más importantes, es la conclusión en el sentido de que la institucionalización de las políticas públicas de derechos humanos en la administración pública federal se ha concentrado en lo que el estudio denomina la “administración de conflictos”. En otras palabras, la administración pública federal ha centrado sus acciones en materia de derechos humanos en impulsar algunos cambios que son la mayor de las veces superficiales y que, por ende, no están orientados a transformar conductas o prácticas, sino meramente a despresurizar el ambiente. Es decir, no van dirigidas a resolver los problemas desde su raíz.

La segunda conclusión que quiero resaltar es la relacionada con la creación de institucionalidad en las fuerzas armadas, que ha ocurrido sólo en función de las necesidades que se van identificando para efecto de “administrar el conflicto”. En este sentido, se aprecia según lo evidenciado en el estudio, que la creación de ciertas áreas orientadas a responder de alguna manera u otra a las quejas ciudadanas frente a violaciones a derechos humanos cometidas por militares ha respondido tan sólo a la necesidad de aparentar una transversalización de la política pública en derechos humanos.

La tercera conclusión que destaco está relacionada con la Procuraduría General de la República (PGR). Me refiero particularmente a la que señala que, ante la ausencia de fuerza y autonomía, ésta ha sido incapaz de cumplir efectivamente su mandato. De acuerdo con el estudio en comento, la PGR es percibida como “el primer nudo de la crisis de derechos humanos”, perspectiva que yo comparto. En efecto, ante la incapacidad de ejecutar su mandato, la PGR se ha convertido en el primero de varios eslabones en la cadena de la impunidad en México. Un dato publicado en septiembre por Animal Político tristemente abona a eso: hoy en día el 80% de los casos que PGR consigna son desechados por los juzgados.

Pues bien, desde mi punto de vista, estas tres conclusiones -de 43 que presenta el estudio- proporcionan ya insumos suficientes para vislumbrar razones de peso por las que México se encuentra en la antes referida ‘crisis de institucionalidad’:

  1. Instituciones que se crean sólo para administrar la crisis (y no resolverla de fondo).
  2. Falta de una auténtica transversalización del paradigma de los derechos humanos.
  3. Incapacidad para investigar las violaciones a derechos humanos y, por ende la obstrucción de la posibilidad de sancionar y reparar.

Estos tres son componentes esenciales del problema grande y complejo que tenemos en frente.

Y digo que se trata de una crisis de institucionalidad, según lo define el propio estudio, porque aparentemente, si bien la presión ejercida por las organizaciones nacionales y los organismos internacionales ha servido para regular los modelos de organización -este diagnóstico es muy ilustrativo de esto- no necesariamente hemos logrado regular a cabalidad el comportamiento de los actores que los conforman y los procedimientos que estructuran su conducta. Bajo esta perspectiva no sorprende, por ejemplo, que el Artículo 1 Constitucional no haya permeado aún en la administración pública federal, tal como está consignado en este estudio.

Pues bien, analizar la realidad bajo la óptica del estudio ‘Retos para la transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México’, y con los insumos que éste aporta, podría ser fundamental para continuar en la búsqueda de soluciones a la crisis referida. Si profundizamos en el conocimiento de qué es lo que determina los cambios al interior de las instituciones, podríamos como organizaciones sociales, como universidades, encontrar claves importantes que nos permitan seguir contribuyendo a solucionar los problemas que configuran la crisis.

Dicho eso, y dado que uno de los temas trabajados por el Programa de Derechos Humanos de la IBERO es el de la desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas, no puedo omitir hacer referencia a la sexta conclusión del informe que señala “una ausencia de institucionalidad para atender desde la administración pública federal el fenómeno de las fosas clandestinas en diferentes zonas del país”.

Al respecto es importante recordar que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas prevé una serie de registros, protocolos, planes y programas que se deben de diseñar e instrumentar para efecto de buscar personas desaparecidas.

El artículo 135 en particular establece las características que deberá tener el Programa Nacional de Exhumaciones, a cargo de la PGR. Éste, como el resto de las herramientas de búsqueda previstas en la ley, deberán ser implementadas armónicamente. Implementar la ley a cabalidad no es otra cosa que consolidar la búsqueda. Esta ley tiene los elementos necesarios para garantizar verdad y justicia, pero necesitamos apostar a que sea implementada cabalmente y eso implica –entre otras cosas– consolidar, fortalecer o transformar las instituciones con las que contamos.

Mientras tanto, el estudio elaborado por Elementa DDHH y el Centro Carter es un insumo valioso para comprender la “trayectoria institucional” de México en materia de derechos humanos. Esperamos que el equipo del gobierno entrante tenga a bien revisarlo con detalle.

*Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y una de las personas expertas invitadas a comentar el estudio ‘Retos para la transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México’.

 

Este material se comparte con autorización de la IBERO

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