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Diputados o desconocen o justifican doble cobro del derecho de alumbrado público

Miércoles 31 de octubre de 2018, por Patricia Monreal

Justificación o desconocimiento es lo que evidencian diputados integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso del Estado en torno al doble cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pese a ser éste inconstitucional.

Cabe apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado como inconstitucional el doble cobro del DAP en los municipios del país a través de múltiples amparos promovidos en diversos estados del país y lo ha dejado establecido vía jurisprudencias P.J. 6/88 y 2ª./J. 25/2004

Para 2015 en Michoacán ya se habían promovido más de cuatro mil amparos empresariales contra el DAP de los que todos habían resultado favorables; incluso en la pasada Legislatura se propuso reformar la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Hacienda Municipal para suprimir el cobro de este derecho, sin embargo por mayoría la propuesta se desechó, bajo el criterio de que este cobro representa una fuente de ingresos importante para los municipios.

Este martes los integrantes de las Comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda se reunieron con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, pero el tema no fue la doble tributación sino el que se clarificara a los diputados los criterios de cobro del DAP a los municipios.

La legisladora Yarabi Ávila González fue la única que cuestionó si existía una doble tributación, sin embargo Luis Chávez, gerente Administrador de Servicios Básicos de la CFE no quiso entrar en polémica y sólo refirió que “en un impuesto” (el predial) existe un cobro similar al que hace la Comisión en sus recibos.

Cabe apuntar que el cobro del DAP se hace a través de dos vías, una mediante el recibo de luz que pagan los ciudadanos, y otra mediante el impuesto predial.

Entrevistada sobre el particular, la priista Adriana Hernández Íñiguez quien forma parte de la Comisión de Hacienda, señaló: “yo no cuestionaría la parte de si es inconstitucional o no porque ya se ha dicho en diferentes plataformas estales y nacionales que no se debería cobrar.

“La pregunta en la práctica es ¿qué hace un ayuntamiento si lo deja de cobrar?, ¿de dónde obtendría ese recurso?, aquí se comentaba que de no existir entonces se incrementaría el cobro del predial, del agua o de otros cobros para recuperar ese dinero y el problema no se quita”.

-Entonces hacen ustedes una excepción legal para dotar de recursos a los ayuntamientos…

“Es que no tienen otra fuente de ingresos adicional, aún no se dice si se quita o no; creo que lo que tendríamos que hacer es buscar una solución de fondo para que dotar de herramientas a los ayuntamientos para que puedan cambiar toda su infraestructura de electrificación”.

Por su parte el presidente de la Comisión de Presupuesto, Norberto Antonio Martínez Soto cuestionado sobre el particular, de plano reconoció desconocer el tema y prometió ponerse a estudiar al respecto, “lo voy a revisar”.

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