Publicado en línea el Sábado 20 de octubre de 2018

© AI/Encarni Pindado Las autoridades mexicanas deben garantizar que nadie que corra peligro en Honduras sea deportado y que se informe a los miembros de la caravana de su derecho a solicitar asilo, afirmó Amnistía Internacional en respuesta a la noticia de que varios miembros de la caravana fueron trasladados a un centro de detención migratoria en lugar de a un albergue."Las autoridades mexicanas deben evitar en todo momento la detención de niños y la separación de las familias; también deben atender las necesidades humanitarias urgentes, evitar el uso de la fuerza a toda costa e identificar a las personas que huyen de la violencia y necesitan protección internacional", dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.Miles de miembros de una caravana de personas de Honduras y Centroamérica comenzaron a cruzar ayer el puente que divide a Guatemala y México. Varias personas resultaron heridas durante el cruce y la Policía Federal utilizó brevemente gas lacrimógeno. Miles de personas pasaron la noche en el puente sin un refugio, comida o protección adecuados. Varios miembros de la caravana fueron transportados a un centro de detención en Tapachula, que es comúnmente el lugar desde donde salen los autobuses de deportación."El regreso de personas que temen por sus vidas debido a la violencia o la persecución en Honduras violaría el derecho internacional. El gobierno mexicano debe poner los derechos humanos de los miembros de la caravana en el centro de la respuesta, y no permitir que la presión del gobierno estadounidense de Trump le impida cumplir con sus obligaciones internacionales", dijo Guevara-Rosas.Amnistía Internacional publicó recientemente un informe según el cual el 75% de un grupo de personas encuestadas por Amnistía Internacional detenidas por las autoridades de migración mexicanas no fueron informadas de su derecho a solicitar asilo en México.Además, en respuesta a la llegada de muchas más personas, las autoridades guatemaltecas y hondureñas han impedido el cruce de la frontera."Los gobiernos de Guatemala y Honduras deben garantizar el derecho a la libertad de movimiento en lugar de centrarse en una respuesta policial y en el uso de la fuerza, y deben de asegurar la protección adecuada y asistencia para estas personas". El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo señala así: "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio."


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