Publicado en línea el Sábado 20 de octubre de 2018, por amalia

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

Sé que gobernar es difícil y que poner en practica decretos, leyes y reformas legales es más lento de lo que nos gustaría debido a controles, burocracia y obstáculos legales de una alta administración del estado, concebida tan solo para defender los intereses de la propiedad privada y el “orden” publico o constitucional, con el prisma obsoleto de los señores conservadores y reaccionarios que controlan todas las altas magistraturas del estado, valga la redundancia.

Pero las y los ciudadanos no esperan, no pueden esperar pues sus problemas para llegar a fin de mes, pagar su escandaloso alquiler o que les renueven el contrato les absorbe. Les quita el sueño y por tanto que no les vengan con milongas pues quieren soluciones.

Sabemos que un gobierno debe hacer numerosos equilibrios de poder. Pero el bien común de la señora Botín, de una gran multinacional, de ENDESA o del BBV no coinciden en absoluto con el del hipotecado endeudado, la mujer maltratada que se siente indefensa ante su maltratador, una jueza que no la trata como víctima o la policía que la interroga con frialdad. Tampoco coinciden con las y los trabajadores con salarios cada vez más bajos o los cientos de miles de personas amenazadas con despidos en varios sectores que van desde la banca a la metalurgia, pasando por la minería o la hostelería. No hay bien común. No hay confluencia de intereses, no hay pueblo español, hay clases y clases, clases dominantes y propietarias y clases populares y trabajadoras.

Por eso cuando se hacen equilibrios imposibles, siempre acaban ganando los ricos y la banca nunca pierde.

O se gobierna para unos o para otros y para ello se cambian las leyes. Porque leyes y Constituciones, si son democráticas, están para ser cambiadas, siempre que la soberanía popular sea favorable a las clases subalternas.

El precio de la electricidad, la luz, sigue siendo un dogal y un atraco para millones de personas. Encima cuando el gobierno toma medidas, estas son para rebajar un impuesto, es decir el estado cubre como puede las escandalosas subidas, pero el latrocino eléctrico continúa y el invento del bono social, lo pagamos entre todas y todos, no las eléctricas a las que ministra “verde” tan bien trata.

Ahora una multinacional se aprovecha del precio abusivo y estafador del oligopolio eléctrico para intentar despedir a centenares de trabajadores. Dicen que hubiera invertido en mejoras y ahorro, claro. Pero también el precio de la electricidad debiera estar controlado. Las energías son algo demasiado serio como para dejarlo en manos privadas.

Pues bien la electricidad no puede estar en el cajón, ni los precios de los combustibles tampoco, ni la reforma laboral, ni las medidas de urgencia en favor de las víctimas del terrorismo machista y sobre todo acabar con ese terrorismo. Tampoco la ley mordaza ni la angustiosa falta de policías y guardias civiles mientras ricos y grandes empresas se pagan su propia seguridad privada.

No somos todos iguales. Claro que no. Hay clases y hay dominados y dominadores.

Por eso el cajón solo favorece a los que hacen el mal, extorsionan a clientes cautivos, violentan o se sirven siempre del estado para defender sus privilegios.

Carlos Martínez es politólogo


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