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Comisiones de Verdad en Guerrero, Michoacán y Veracruz recomienda Crisis Group a AMLO

Lunes 15 de octubre de 2018, por Patricia Monreal

Establecer comisiones de la verdad en un número limitado de regiones afectadas por conflictos, como Guerrero, Michoacán y Veracruz es una de las recomendaciones realizadas por la organización Internacional Crisis Group al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En el reporte denominado “Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador” Internacional Crisis Group refiere que el nuevo gobierno mexicano debe priorizar las reformas clave: buscar la justicia en casos emblemáticos de participación del Estado en atrocidades; desarrollar la capacidad de la policía civil para que la fuerza pueda reclamar su papel a los militares; y empoderar y solicitar la participación de las víctimas en las comisiones de la verdad para fomentar la legitimidad del asesoramiento de dichas comisiones en la construcción de la paz a nivel local.

López Obrador –apunta- ha generado tales esperanzas de rápidos resultados “que la confianza del público en las instituciones del Estado podría caer en picada si no logra cumplir sus promesas. Sin embargo, ni él ni su equipo han elaborado sus propuestas en detalle. No hay una salida fácil de la crisis de seguridad de México. En 2017, la tasa de homicidios de México alcanzó su máximo de los últimos veinte años; 2018 va camino de ser aún más letal, mientras que el 95 por ciento de los asesinatos quedan impunes. Detrás de las desalentadoras estadísticas yacen una serie de conflictos criminales fragmentados que desafían a las autoridades locales con sus características locales y su resistencia a la represión”.

Tras un breve análisis del devenir del crimen organizado en las dos últimas administraciones federales, la organización subraya que el desafío más grave concierne al propio Estado.

“Numerosos informes apuntando a la existencia de corrupción y criminalidad sugieren que estas explican al menos parcialmente la ineficacia de las fuerzas armadas y la policía. A nivel municipal, donde más necesarios son los esfuerzos para calmar la violencia relacionada con el crimen organizado, es donde más débiles son las instituciones de seguridad mexicanas. Por su parte, las fuerzas federales han estado implicadas en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que en algunos lugares han alcanzado una escala tal que constituyen delitos de lesa humanidad.

Comandantes confabulados con criminales supuestamente han violado controles legales en operaciones contra el crimen, cometido delitos en beneficio propio, y obligado a sus subordinados a actuar en complicidad.

“Reformar las fuerzas de seguridad federales requerirá un delicado equilibrio. Avanzar demasiado rápido –intentar repentinamente castigar a los oficiales responsables de graves delitos, por ejemplo– podría inducir resistencia, mientras que la abrupta retirada de las fuerzas armadas de las tareas policiales en los estados más afligidos por la violencia podría provocar aun mayor inestabilidad.

“Si bien el Estado debe honrar las demandas de justicia de las víctimas de cualquier desaparición o asesinato que involucre a las fuerzas de seguridad, las debilidades crónicas en materia de investigación y persecución penal entorpecerán los intentos de perseguir todos los casos pendientes. El gobierno de López Obrador debería centrarse en los casos emblemáticos de crímenes de Estado –en particular aquellos vinculados al asesinato o desaparición de civiles– del pasado reciente a la vez que establece sólidas salvaguardias y promete respuestas judiciales inmediatas e implacables a todos los futuros abusos”.

Refiere la necesidad de que se derogue la Ley de Seguridad Interior que consolida el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, y en contrapartida fortalecer y aplicar mecanismos de supervisión civil de las fuerzas de seguridad y restaurar, aunque sea gradualmente, a la policía civil como la única proveedora de seguridad pública en México.
“La propuesta insignia de López Obrador para construir la paz en los estados más violentos de México aún no ha sido definida en detalle.

Su gobierno ha celebrado una serie de consultas populares, los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, por todo el país, con el objetivo de elaborar un paquete de medidas para fines de octubre.

Pero hasta ahora los foros han sido polémicos, con tensiones manifiestas entre las expectativas oficiales de perdón y las exigencias de la sociedad civil de la investigación exhaustiva y enjuiciamiento de los autores de actos de violencia”.

Apunta que el mandatario electo y su equipo deberían evitar imponer soluciones apuradas desde arriba, y en cambio permitir que las comisiones de la verdad sirvan de espacios para la discusión pública destinada a identificar las fuentes de conflicto de cada región y sugerir respuestas adecuadas en materia de políticas.

“Su administración, con la ayuda de las agencias de la ONU, debería proporcionar fondos y apoyo operativo a estas comisiones, y procurar minimizar los riesgos que suponen para este proceso los jefes criminales. En este sentido, deberían reconsiderar su negativa a permitir que tales figuras se beneficien de amnistías parciales si las comisiones de la verdad apoyaran genuinamente tal medida, y los criminales estuvieran dispuestos a brindar reparación y compensación a las víctimas”.

Son nueve las recomendaciones emitidas por la organización a López Obrador: Establecer comisiones de la verdad, lideradas y definidas por ciudadanos y apoyadas por expertos en seguridad pública; comenzar por establecer comisiones de la verdad en un número limitado de regiones afectadas por el conflicto, como partes de Guerrero, Michoacán y Veracruz.

Asimismo recomienda reexaminar la exclusión categórica de los criminales violentos, incluidos los miembros de alto y medio rango del crimen organizado, de políticas de construcción de la paz como las amnistías parciales; Acompañar los esfuerzos de construcción de la paz de las comisiones de la verdad con programas de empleo y educación; financiar y apoyar a los colectivos de víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos; y proponer al Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Interior.

Además plantea investigar y llevar ante la justicia a cualquier fuerza del Estado involucrada en casos emblemáticos de asesinato y desaparición de civiles; introducir gradualmente sólidos mecanismos de supervisión independientes, como defensores del pueblo civiles con facultades disciplinarias, para poner freno a cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas; comprometerse a restaurar paulatinamente a las fuerzas policiales como las únicas proveedoras de seguridad pública; y comprometerse con la independencia fiscal absteniéndose de influir en el nombramiento del próximo fiscal general de la República. En su lugar, invitar a la sociedad civil y expertos judiciales a elaborar una lista de candidatos para que elija el Congreso.

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