Publicado en línea el Lunes 8 de octubre de 2018

Lukas Schulze/Getty Images Con innumerables personas en todo el mundo sufriendo ya los catastróficos efectos de las inundaciones, las olas de calor y las sequías agravadas por el cambio climático, los gobiernos deben comprometerse a lograr objetivos mucho más ambiciosos de reducción de emisiones para limitar el aumento de la temperatura media mundial, o serán responsables de la pérdida de vidas y otras violaciones y abusos contra los derechos humanos a una escala sin precedentes, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Un nuevo estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentado hoy demuestra que mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C en relación con los niveles preindustriales aún podría contener los peores efectos del cambio climático sobre los derechos humanos. Si las emisiones continúan al ritmo actual, se prevé que superaremos esos 1,5 °C entre 2030 y 2052, y que llegaremos a los 3 °C al acabar el siglo.
“Aunque la lectura del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es terrible, no permite a los líderes y las lideresas del mundo darse el lujo de pretender que ya es demasiado tarde. El estudio señala claramente que, si bien un aumento de la temperatura mundial de 1,5 °C tendrá un efecto radical y devastador, un aumento de 2 °C cambiará nuestro mundo haciéndolo irreconocible. Aún hay tiempo para evitar el peor escenario”, ha dicho Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
“El mundo ya ha superado el calentamiento de 1 °C, y hemos visto el sufrimiento al que esto ha contribuido: desde olas de calor asesinas en el hemisferio norte a destructivos ciclones que barren el sudeste asiático. El informe del IPCC deja claro que el objetivo de 1,5 °C ya no debe ser una aspiración, sino una necesidad absoluta, y nuestra mejor esperanza si queremos tener alguna posibilidad de proteger los derechos humanos en los años venideros”.
En virtud del Acuerdo de París de 2015, 197 países acordaron el objetivo a largo plazo de que el aumento de la temperatura media mundial se mantuviera muy por debajo de los 2° C de calentamiento respecto a los niveles preindustriales. También acordaron el objetivo de limitar el aumento a 1,5 °C.
El estudio del IPCC presenta las considerables diferencias existentes entre el escenario de 1,5 °C y el de 2 °C. Por ejemplo, predice que para 2100 el aumento del nivel del mar sería aproximadamente de 0,1 m menos en el escenario de 1.5 °C comparado con el de 2 °C, y que esto supondría que aproximadamente 10 millones de personas menos estarían expuestas a los peligros relacionados con este aumento, como desplazamientos y muertes a causa de inundaciones.
Además de pedir a los Estados que adopten medidas de mitigación del cambio climático que limitarían el aumento mundial de la temperatura a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que eviten o limiten la dependencia de los mecanismos de retirada del carbono. Las tecnologías actualmente disponibles tendrían casi con certeza sus propios efectos dañinos sobre los derechos humanos.
Los sistemas de biocarburantes con captura y almacenamiento de dióxido de carbono (BECCS), por ejemplo, requieren enormes cantidades de tierras y agua, y es probable que vayan acompañados de desalojos forzosos, escasez de agua y comida y aumentos de precios, entre otros peligros.
El informe del IPCC explica que, entre otras medidas, se necesita una reducción de las emisiones más rápida para limitar la dependencia de la retirada del carbono y evitar los BECCS.
“Permitir que las emisiones aumenten y luego esperar que personas ya marginadas sufran más para revertir los daños es una opción indolente e insostenible.” Como es habitual, serán las personas más desfavorecidas las que pagarán el precio de la avaricia y la miopía de los gobiernos ricos”, ha dicho Kumi Naidoo.
Las medidas para la mitigación del cambio climático que no han tenido presente el respeto de los derechos humanos ya han dado lugar a violaciones. Por ejemplo, en mayo de 2018, Amnistía Internacional documentó cómo los integrantes del pueblo indígena sengwer del bosque de Embobut, en Kenia, fueron obligados a irse de sus casas, en ocasiones empleando medidas de fuerza letales, y se les desposeyó de sus tierras ancestrales en una iniciativa del gobierno para reducir la deforestación. El gobierno acusa a los segweres de dañar el bosque, pero no ha aportado prueba alguna que sostenga esta acusación.
Tales proyectos deben ser sometidos siempre a evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos para evaluar adecuadamente posibles daños antes de seguir adelante con ellos.
“La protección de los derechos humanos y la protección del planeta van de la mano, y esto significa trabajar para evitar las emisiones antes de que éstas se produzcan”, ha afirmado Kumi Naidoo.
“Los gobiernos deben dedicar todos sus esfuerzos a aumentar la reducción de emisiones con la mayor urgencia posible y de forma coherente con los derechos humanos, a fin de evitar los peores impactos del cambio climático y de las estrategias más peligrosas de retirada del carbono.”


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