Publicado en línea el Jueves 27 de septiembre de 2018

© Fotomovimiento Con motivo del primer aniversario de la aprobación, el 28 de septiembre de 2017, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género Amnistía Internacional manifiesta:
"Amnistía Internacional ya dio la bienvenida, hace un año, a la aprobación de este Pacto de Estado que plantea un conjunto de 292 medidas sobre sensibilización y prevención, educación, mejoras de la respuesta institucional, protección de menores y formación especializada. Era una oportunidad de poner en marcha las recomendaciones de organismos internacionales y aplicar, especialmente, el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres", ha declarado Verónica Barroso, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional España.
La organización valoró positivamente que el pacto ahondase, entre otros aspectos, en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización, que el reconocimiento de la víctima no quedase supeditado a la interposición de la denuncia, o que huérfanos y huérfanas de violencia de género tuvieran garantizada una prestación. Sin embargo, lamentó dos grandes ausencias: la reparación a las víctimas y la presencia de una política pública para combatir la violencia sexual. 
“Desde Amnistía Internacional lamentamos que el Pacto no incluyera medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización en áreas claves como el deporte, la sanidad o el ámbito laboral. Por otro lado, de las 69 medidas dedicadas a la asistencia de víctimas de violencia de género, únicamente una de ellas está enfocada a la violencia sexual (la dirigida a mujeres con diversidad funcional) y ninguna a la asistencia y protección de menores víctimas de ese tipo de violencia ”.
"Desde la aprobación del Pacto, su puesta en práctica ha sido hasta ahora lenta e insuficiente, aunque en los últimos meses se han puesto en marcha algunas medidas. Entre ellas, la aprobación el pasado 3 de agosto del Real Decreto-Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto, que incluye algunas modificaciones en la Ley Integral de Violencia de Género en relación a la asistencia letrada y acreditación como víctima, así como en el Código Civil en relación a la atención psicológica de los hijos e hijas menores de edad, no siendo ya necesario el consentimiento del progenitor agresor; la asignación de partidas presupuestarias tanto a ministerios como a comunidades autónomas o a ayuntamientos; la recopilación de datos estadísticos; o la constitución de una comisión interministerial que aborde las diferentes reformas legislativas recogidas en el pacto para garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género".
Por otra parte, la Comisión de seguimiento del Pacto solo se ha reunido una vez tras su constitución. “Es imprescindible, si la lucha contra la violencia de género va a ser realmente una prioridad, que la Comisión de seguimiento se reúna con más asiduidad para conseguir que estas medidas, no solo se pongan en práctica, sino que se implementen de la forma más adecuada para conseguir avanzar hacia la igualdad de género y la protección de las mujeres y las niñas”.
"A 26 de septiembre, 37 mujeres habían sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, según datos oficiales. Esta misma semana hemos recibido la triste noticia de que, además de dos mujeres, otras dos niñas han sido asesinadas, después de haberse solicitado protección para ellas sin que se les concediera. Desde 2013 han muerto un total de 27 menores a manos de sus progenitores. Es necesario que el Pacto no se quede en buenas palabras e intenciones sino que lleven a cabo acciones concretas para acabar con estas tragedias. Las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual, no pueden seguir esperando. Es necesario que se pongan en marcha medidas urgentes y coordinadas entre todas las administraciones que aborden este problema".


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