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Congreso debe convocar a Poderes y órganos autónomos para agenda legislativa

Viernes 21 de septiembre de 2018, por Patricia Monreal

Salvo el Partido de la Revolución Democrática, el resto de las fuerzas representadas en el Congreso del Estado han delineado ya aquellos temas en los que tienen interés de trabajar y serán parte de su agenda legislativa.

Conforme lo establece el artículo 212 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso el 30 de noviembre próximo la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos deberá presentar por medio del presidente de la Mesa Directiva al Pleno del Congreso para su aprobación, la Agenda Legislativa del Congreso, esto previa aprobación e integración por la Junta de Coordinación Política.

La norma aclara que la Agenda Legislativa, es el documento aprobado por el Congreso que establece el programa de trabajo correspondiente a los tres años de ejercicio legislativo; la cual estará basada en la Ley de Planeación del Estado y en las propuestas que deberán presentar los diferentes grupos y representaciones parlamentarias, a más tardar el 15 de noviembre de cada año.

El presidente del Congreso debe invitar dentro de los 15 días siguientes al inicio del año legislativo a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a los ayuntamientos y órganos autónomos constitucionales para que remitan sus propuestas y en su caso sean integradas a la Agenda Legislativa.

Por el momento es Morena el único partido que ha presentado públicamente un documento que contiene a detalle su agenda legislativa, el resto de las fuerzas políticas –con excepción del PRD- delinearon algunos aspectos durante sus discursos de arranque de la nueva Legislatura el sábado 15 de septiembre.

En el caso de Morena han enlistado dar todas las facilidades para la instalación de las oficinas nacionales IMSS en Michoacán; el fortalecimiento de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas; armonizar los salarios máximos de los funcionarios y representantes populares del Estado; regular la Publicidad y gasto de comunicación social del Estado; tipificar como delitos graves los actos de corrupción, tráfico de influencias y violación de libertades electorales, sin derecho a libertad bajo fianza; presupuesto suficiente para la Universidad Michoacana, dar marcha atrás a los artículos transitorios de la reforma al 143 de la Constitución del Estado, y solicitar que se le reconozca el carácter de Universidad Nacional; impulsar la figura del presupuesto participativo y actualizar el Sistema Estatal Anticorrupción, creando jurados ciudadanos.

A su vez el PAN plantea cinco líneas de acción generales: orden financiero; seguridad, gobernabilidad y orden público; economía; fortalecimiento institucional; y fortalecimiento municipal. Sin embargo más allá de lo enunciativo los panistas aún no especifican detalladamente con qué reformas, leyes o acciones proyectan trabajar.

El PRI por su parte plantea en materia anticorrupción la autonomía de la Auditoria Superior de Michoacán y fiscalización más estricta; el impulso de un marco jurídico que detone el desarrollo económico; la creación de un presupuesto responsable basado en resultados; legislar por un gobierno abierto; y revisión de los temas pendientes del nuevo sistema de justicia penal.

En cuanto al Partido del Trabajo pondrá acento en temas relacionados con las mujeres para el ejercicio de sus derechos, y abatir la violencia de género; también prevé entrar al tema indígena para hacer efectivos los derechos de los pueblos originarios establecidos en la Constitución; leyes que reactiven la vida en el campo michoacano; presupuesto suficiente para la UMSNH y una mejora de sus condiciones para ampliar su matrícula; impulsar la educación pública de calidad, laica y gratuita; impulsar la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

El PVEM habla de una agenda de austeridad, transparencia y rendición de cuentas; la Ley de Imagen Institucional; la Ley para Regular Manifestaciones; la Ley de Adquisiciones; y una serie de leyes para el cuidado ecológico, como la disminución en el uso de popote, el cuidado del medio ambiente, y el control de los desarrollos urbanos.

Movimiento Ciudadano habla de cuatro rubros para trabajar: parar el despilfarro en la administración pública; transparencia y rendición de cuentas de los tres poderes, organismos autónomos y autoridades municipales; austeridad y racionalidad presupuestaria; combate a la corrupción y a la impunidad.
Cabe apuntar que el artículo 213 de la Ley Orgánica y de Procedimientos establece que la Agenda Legislativa al menos debe contener el trabajo prioritario de los tres años de ejercicio legislativo y establecer los temas que se proponen; y, el resumen que contenga las motivaciones y los objetivos que se pretenden alcanzar.

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