Publicado en línea el Jueves 20 de septiembre de 2018, por Admin2

Ciudad de México | Desinformémonos. La relatora especial sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recordó que la lucha de las comunidades contra los megaproyectos impuestos en su territorio aumenta el riesgo de violencia y criminalización, lo que ha generado que varios líderes indígenas estén encarcelados “a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales”.

Tauli-Corpuz agregó que en México el uso de la criminalización y judicialización es una estrategia que sirve a los intereses gubernamentales y empresariales “para disuadir la articulación y oposición a los megaproyectos”.

En estos momentos la relatora, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se encuentra en Ginebra, Suiza, para la presentación del informe sobre las luchas de los pueblos y la participación dentro de foros y mesas de discusión.

A continuación el comunicado completo:

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, participa en la presentación del Informe sobre la visita que la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz realizó a México del 8 al 17 de noviembre de 2017.

La presentación del informe se hace en el marco del 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cabe recordar que Guerrero, junto con Chihuahua y Chiapas, fueron los 3 estados visitados por la Relatora en nuestro país.

Durante su visita a la entidad la Relatora se reunió en la comunidad Naua de Tlatzala con alrededor de 300 indígenas Nauas, Me’pháá y Na’Savi de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. En su informe, hecho público por primera vez el 9 de agosto de 2018, en el marco del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, la Relatora visibiliza problemáticas que se enfrentan en Guerrero y que violentan los derechos de los pueblos indígenas en el estado.

Uno de los casos retomados en el Informe de la Relatora es la lucha histórica del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota. La Relatora refiere en su informe que “agentes estatales convocaban a asambleas agrarias o creaban padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras comunales para los proyectos”. Y pese a que las y los comuneros han manifestado su negativa “los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y a recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas afectadas”.

Durante la visita de la Relatora a Guerrero, Marco Antonio Suástegui, líder histórico del CECOP le informó sobre la prevalente criminalización y judicialización contra integrantes del CECOP y contra él mismo. Casi dos meses después de su visita, Marco Antonio Suástegui y 24 integrantes más del CECOP fueron detenidos arbitrariamente mientras tres integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria y del CECOP fueron asesinados en la comunidad de La Concepción el 7 de enero de 2018. En ese sentido, en el marco de la presentación que la Relatora hace sobre su visita a México, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan estará allegando información actualizada sobre las detenciones arbitrarias de integrantes del CECOP, de quienes también expresaron preocupación la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en su exposición frente a la Relatora realizada este 19 de septiembre.

En el documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la Relatora advierte que la lucha contra los megaproyectos, la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización, lo que ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados/as “a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales”, advierte también el uso de la criminalización y judicialización con el objetivo de disuadir la articulación y oposición a los megaproyectos. De igual manera, manifiesta que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser un tema prioritario que requiere una debida reglamentación, conforme el derecho internacional.

Este 20 de septiembre de 2018 el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con las organizaciones internacionales Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Organización Mundial Contra la Tortura y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) realizarán el Foro “Defender el territorio en México” en el que estará presente también la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

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