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Comunidades denuncian a Congreso por omisión para legislar sobre sus derechos

Lunes 17 de septiembre de 2018, por Patricia Monreal

Las comunidades indígenas de San Felipe de los Herreros, San Francisco Pichátaro y Arantepacua presentaron denuncia en contra del Congreso michoacano por ser omiso y no reformar el régimen de administración del presupuesto público del Estado para reconocer y regular la actuación de concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y ejercen funciones de gobierno, respetando sus derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno.

Autoridades comunales de San Felipe, Pichátaro y Arantepacua acudieron este lunes al Congreso del Estado para entregar la denuncia que, como autoridad responsable de los agravios esgrimidos deberá turnar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista José Luis Flores González del Concejo Comunal de Pichátaro señaló que desde que empezó el proceso de las comunidades para su autonomía financiera, el Congreso ha omitido legislar y dar certeza legal a las conquistas que vía tribunales han ido conquistando.

Raúl Hernández Mariscal, presidente del Concejo de San Felipe de los Herreros señaló que las comunidades requieren certeza, “no estamos buscando ser municipios, sino que haya claridad sobre los recursos que ya manejamos por presupuesto directo”.

Los comuneros refirieron que incluso han encontrado problemas en materia de fiscalización de los presupuestos directos que manejan ya que la Auditoría Superior de Michoacán no puede entrar a revisión al no existir el marco normativo que la faculte.

Incluso refieren problemas prácticos como la apertura de las cuentas bancarias para manejar el recurso como Concejos Comunales, ya que las instituciones financieras argumentan la inexistencia de leyes que permitan su operación.

En el Juicio para la Protección Política de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por las tres comunidades, realizan el recuento de los casos que han venido ganando en Michoacán en materia de presupuesto directo, en donde los recursos proporcionales que les corresponden de sus municipios son administrados directamente por ellas a través de sus Concejos.

La legislación –señalan en la querella- en ningún momento contempla la existencia y actuación de concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y ejercen funciones de gobierno, respetando sus derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno.

“Esta situación ha generado que la administración pública del gobierno del estado de Michoacán nos equipare a los ayuntamientos constitucionales y por ende se genere una violación sistemática y continuada a nuestro derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno dado que ignora la estructura de nuestras autoridades tradicionales, en esencia colectivas, y nos obliga a nombrar autoridades individuales; su proceso de asignación de recursos y posterior fiscalización de los mismos se realiza sin la necesaria pertinencia cultural, desconociendo por completo nuestras propias instituciones políticas y de gobierno, entre otras cuestiones”.

Es así como impugnan la omisión del Congreso para reformar integralmente, “previa consulta libre e informada, el régimen de administración del presupuesto público del Estado de Michoacán, contenido en diversos artículos de la Constitución; la Ley Orgánica Municipal; el Código Fiscal Municipal; la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Ley de Fiscalización Superior, Ley de Responsabilidades Administrativas; la Ley de Hacienda Municipal; la Ley de Planeación, entre otras, todas del Estado de Michoacán de Ocampo, y reconocer y regular la actuación de consejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y ejercen funciones de gobierno, respetando sus derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno.

“La omisión demandada se traduce en la equiparación de nuestras comunidades con los ayuntamientos constitucionales en la interacción que sostenemos con la administración pública del gobierno de Michoacán, lo que produce una sistemática y continuada a nuestro derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno”.

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