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Sin pruebas contra los expulsados, proceso del Tribunal Universitario es inconsistente: defensa

Martes 18 de septiembre de 2018, por Raúl López Tellez

1Sin prueba contra los nueve jóvenes expulsados de la Universidad Michoacana por su participación en las movilizaciones del 2016, el proceso seguido por el Tribunal Universitario se encuentra plagado de irregularidades como la negativa del rector a acatar la negociación propuesta por él mismo a los jóvenes, además que a los nueve expulsados se les negó la negociación, como sí ocurrió con otro grupo de más de 50 estudiantes, señaló Joel Caro Ruiz, defensor de los estudiantes.

El rector Medardo Serna González está obligado a cumplir el acuerdo de conciliación planteado a los estudiantes y moradores de un albergue estudiantil, dijo, a quienes finalmente se les fincó un proceso en el Tribunal Universitario y fueron expulsados luego que la Rectoría reculara sobre no iniciar ninguna sanción por su participación en la movilización estudiantil del año 2016.

De acuerdo con Caro Ruiz, como representante legal de la Universidad Michoacana, Serna es quien deberá atender la negociación que ofreció a los jóvenes a cambio de que éstos se desistieran del proceso de amparo contra el proceso de expulsión, interpuesto en febrero del 2017, al margen del acuerdo tomado por el Consejo Universitario de sancionar a los moradores, ya que quien ofreció la negociación no fue el máximo órgano de gobierno en la UM, sino el rector nicolaita e incluso sobre acuerdos del máximo órgano de gobierno.

Caro destacó que el proceso en torno a los jóvenes se encuentra plagado de inconsistencias, en principio no hay ninguna prueba en contra de los jóvenes; otra es la negativa del rector a acatar la negociación propuesta por él mismo a los jóvenes y pactadas de manera escrita con cada uno de ellos; otra inconsistencia fue que a los nueve expulsados se les negó la negociación, como sí ocurrió con otro grupo de más de 50 estudiantes involucrados en las movilizaciones del 2016. “Que se someta el rector a la ley y que cumpla el convenio”, adujo el defensor.

Sobre el que no haya alguna prueba y que reiteró como una grave inconsistencia en el proceso aplicado por el Tribunal Universitario, Caro adujo que las acusaciones sobre la presunta participación de los jóvenes en la toma de Ciudad Universitaria, proviene de Dolores Govea Paz, titular de la oficina de Asuntos Estudiantiles que depende directamente de Rectoría, quien a su vez en la investigación del organismo, señala que no le constan los hechos sino que son versiones de segunda mano las que dicen “que vieron a los estudiantes en la toma de Ciudad Universitaria”.

En rueda de prensa, los afectados por la sanción, reiteraron la falta de voluntad política de Serna González para que se aplique la recomendación del Tribunal Universitario, de que los alumnos fueran suspendidos un año y no expulsados, misma que ha sido desoída por Serna y el secretario general de la Universidad, Salvador García Espinoza, quienes saben de esta decisión y sin embargo se empecinaron en que la sanción llegara a dejarlos fuera de la Casa de Hidalgo, no obstante, han recalcado los estudiantes, que este último funcionario incluso participó en la liberación a la fuerza de las instalaciones de Ciudad Universitaria en aquel año, cuando .

Los jóvenes afectados con la expulsión desde el 2017, moradores de la Casa del Estudiante Nicolaita y provenientes de comunidades del interior del estado, lamentaron que por no cumplirse el acuerdo de conciliación con Rectoría, su situación aún queda a la deriva, cuando de haberse aceptado la suspensión por un año, ellos ya hubieran retornado a las aulas en marzo pasado. Insistieron en que Govea Paz tiene interés en que sean expulsados, decisión que se tomó en marzo del año anterior por decisión del Consejo Universitario, al referir que el funcionario ha sido señalado en varias ocasiones como promotor de presunta corrupción en los albergues estudiantiles y a la que ellos se han negado.

En el 2016, la movilización por apertura de la matrícula en facultades de Ciencias de la Salud, principalmente, detonó la participación de la mayoría de los albergues integrados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha, con la paralización de actividades en la institución por más de 90 días.

En los días finales y con la Rectoría renuente a iniciar negociaciones mientras se mantuviera la toma de inmuebles, generó fricciones donde incluso se presentó la fuerza pública en las afueras de Ciudad Universitaria para preservar el orden al alentarse que estudiantes regulares presionaran para la liberación de la Universidad, lo que generó enfrentamientos con lanzamiento de piedras y palos contra quienes retenían las instalaciones. Finalmente una comitiva de funcionarios encabezados por el rector y el secretario general, acompañados de un grueso contingente de apoyo, liberaron los edificios y a partir de ahí se inició el proceso contra los jóvenes presuntamente cabecillas de las tomas y causantes de destrozos en las instalaciones.

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