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Primera bitácora incompleta de una devastación anunciada

Lunes 17 de septiembre de 2018, por Admin2

Nuestros tiempos de resistencia y sus tiempos de devastación se agolpan y colisionan estallando un futuro incierto pero angustioso para las comunidades de la llamada Cuenca del Valle de México. La reconfiguración de lo urbano y lo rural en la región, y el extremo desequilibrio desatado con el derrumbamiento militar del albarradón de Nezahualcóyotl cuando los españoles decidieron entrar a fondo con sus embarcaciones por el agua hasta Tenochtitlan, continuó con una cauda de decisiones estúpidas: buscar la manera de desecar por completo el sistema de lagos, algo casi imposible, lo que a la distancia de más de cinco siglos nos tiene al borde del abismo por la pretensión de construir un nuevo aeropuerto —en realidad abrir la urbanización de todo el oriente del Valle y acabar con la ruralidad en aras de los intereses inmobiliarios, de construcción desmedida de obra pública y privada, de infraestructura, comercios y servicios, amenazando la vida de las comunidades y la verdadera sustentabilidad de la región.

En enero de 2015, el urbanista y filósofo Jean Robert no dejaba de señalar que existe “una contradicción aguda entre dos prácticas, dos formas de considerar la vida, dos imaginarios: por un lado, comunidades que, en la medida de sus posibilidades, quieren seguir definiéndose como campesinas, porque la condición campesina corresponde a su sensibilidad, su cultura, su ‘cosmovisión’, su historia encarnada en un territorio cuya defensa se vuelve cada vez más difícil. Por otro lado, una profusión de infraestructuras de vialidad, y de proyectos que concentran viviendas destinadas a personas ajenas a los pueblos de la región: manipulaciones de la población, verdaderas deportaciones planificadas.

Por un lado, un proyecto cultural de fidelidad a tradiciones milenarias, de la que dan testimonio los nombres náhuatl de casi todos los pueblos: Nexquipayac, Acuexcomac, Cuautitlán, Texcoco, Chalco, Xaltocan, Zumpango, Tlatilco, Acolhua, Cuautlalpan, Tepetlaoxtoc, Tecámac, Cerro de Chiconautla, Chimalhuacán, Coyotepec, Temascalapa, Atenco, Acolman, Ixtapaluca, Huexotla, Tlaminca.

Por otro lado, una febrilidad modernizadora con los inevitables elefantes blancos y las obras a medio acabar, los terrenos que fueron de cultivo en proceso de fraccionamiento. Más que constructiva, esta febrilidad es destructiva: aniquila patrimonios históricos y arqueológicos, afecta territorios comunitarios con el establecimiento de rellenos sanitarios y tiraderos de deshechos nucleares. En un panorama de devastación ambiental general, cabe relevar el saqueo y despojo de agua potable, la negación de las capacidades comunitarias de gestión del agua y nuevas amenazas de represión por motivo de insumisión contra los defensores del territorio. Los proyectos más mencionadas por los lugareños como fuentes de conflictos son un proyecto de administración central del agua calificado de ‘Mega-circuito’; un proyecto llamado ‘México Ciudad Futura’ ligado a un sueño presidencial de una ‘Megalópolis’ y otro de ‘rescate hidrológico’; un ‘parque ecológico Lago de Texcoco’.”

Ante este panorama, Jean Robert recalcaba: “estos conflictos, latentes desde decenios, se volvieron a agudizar después de que el gobierno anunció que volvía a considerar el proyecto foxiano de construir un mega-aeropuerto sobre estas tierras de vocación campesina”.

Como sabemos, ya desde noviembre del 2000, “al filo del siglo nuevo las comunidades más amenazadas eran las que sufrían la frontera difusa porque —al poder poner en perspectiva su propia historia y su idea de comunidad, la pertinencia que ésta tiene—, eran quienes podían evaluar con mayor profundidad la urgencia de la defensa en ciernes”.

Habitando en zonas de bosque, lago o pastizal, tales comunidades han sabido siempre que si sucumben para convertirse en barrios urbanos caóticos la propia ciudad “estará en peligro de un colapso”, como lo dejaba ver un documento de los ejidos, pueblos y comunidades del Anáhuac tras una reunión en Cuajimalpa al cambio de siglo. “Son ellas que, con su defensa de los bosques y mantos acuíferos, garantizan la recarga necesaria de oxígeno y agua para la urbe. El trabajo comunal y su responsabilidad de cuidar el mundo, otro ideal que sigue vivo en los ámbitos comunitarios al mantener una estrecha resistencia al embate de la mancha urbana, son una de las pocas salidas que permitirán un futuro abierto para el DF.

Más allá de la devastación generalizada que ya desploma por todo el Valle los cerros y colinas para acaparar toneladas y toneladas de tezontle y basalto, arena, agua y madera para el mentado aeropuerto, comienza a crecer la sensación de que el trueque que nos imponen es de una desmesura extrema: por un lado devastan el lago en sí: los ríos, manantiales, cerros, biodiversidad, y relaciones sociales sin fin, y por otro nos regalan un proceso que “dispara la construcción al vapor de múltiples zonas dormitorio, nuevas áreas comerciales (de mini-tiendas de conveniencia a grandes centros comerciales o malls), gasolineras, hoteles, centros de convenciones, clubes de golf, pasos a desnivel, grandes avenidas, “segundos pisos, autopistas urbanas, libramientos y supercarreteras estratégicas de alta especificación, presas hidroeléctricas abastecedoras de agua y electricidad, aeropuertos, confinamientos gigantescos de basura, incineradores, basureros clandestinos de residuos tóxicos y cementeras” como decía el investigador Andrés Barreda desde 2006, no dejando de apuntar que la represión en San Salvador Atenco cuando Peña Nieto fuera gobernador del Edomex ocurrió con el pretexto de la imposición de un Walmart —un pie de playa para desmantelar la vida comunitaria en esa emblemática región, quebrando el mediano y el pequeño comercio.

Decía Barreda: “Dichos centros comerciales suplantan paulatinamente y reorganizan todos los espacios barriales callejeros donde la gente se reunía a consumir en colectivo, llegando al punto de comenzar a funcionar como oficinas institucionales donde realizar pagos de facturas gubernamentales”.

Las voces en defensa del Valle de México se han ido sumando durante años sin que nadie les haga el menor caso. Ni a los pueblos en lucha ni a la gente que ha prestado atención a la situación en ciernes. El argumento principal de Jean Robert es que los desarrolladores no avizoran el suicidio sideral que entraña traer aeropuerto y aerotrópolis y desaparecer comunidades, zonas de cultivo, equilibrios y recarga ecológica.

Decía Jean Robert: “La definición corta de la palabra megalópolis es: un grupo de municipios que interactúan entre sí alrededor de una ciudad principal. La ‘megalópolis’ proyectada es el área que comprende el Distrito Federal más los municipios de las zonas metropolitanas de los estados limítrofes. Comprendería unos 200 municipios. Pero, ¿quien decide si conviene fusionar estos pueblos en una sola mega-ciudad? ¿Los mismos pueblos? ¿Los urbanistas que toman ‘decisiones desde arriba’?

Esto viene a cuento porque el aeropuerto y todo el desbarajuste que implica tienen una larga historia de simulaciones consultivas, que nunca en realidad han querido asomarse siquiera a lo que la gente de las comunidades ha expresado. Jean Robert fue uno de los que sometió a consideración una impugnación seria, basada en la devastación que afectaría las producciones campesinas milenarias a las puertas de una ya de por sí megalópolis de más de 28 millones de personas.

No obstante, el 27 de octubre de 2014 en Ecatepec se desechó ésta y otras muchas impugnaciones, siempre en aras de un orgullo por la construcción de “grandes obras” para “convertir a México en una potencia mundial en todos los órdenes”, lo que no sólo es un argumento estúpido sino engañoso. Se dice que uno de los arquitectos modernos, el muy famoso Norman Foster, fue uno de los diseñadores del proyecto original del NAICM “dando así prueba de que México merece su rango de miembro de la OCDE”.

Nos debe quedar claro que quienes planean la construcción del aeropuerto y su expansión urbana salvaje en el oriente de la Cuenca del Valle de México quieren todo: pretenden erradicar a las comunidades campesinas rurales porque suponen que no significan nada en comparación con las agroindustrias que se instalarán en otros espacios, incluso aledaños, y buscan prescindir de los pueblos originarios por su clara conciencia de lo que implica ser comunidades ante una urbe. Los desarrolladores buscan ciudad, urbe, compactación, clientes ávidos y mano de obra barata, precaria y envilecida.

En el periodo de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México, que sesionó entre octubre de 2011 y noviembre de 2014, se organizó en Nextipayac una preaudiencia multitemática regional el 19-20 de octubre de 2013, donde todo lo dicho arriba fue fundamento de los agravios de todas esas comunidades de la región. Ahí se ponderaron también los sucesivos proyectos que han pretendido diseñar un futuro para la Cuenca del Valle: desde un proyecto para “retornar a la ciudad lacustre”, un “rescate hidrológico del lago de Texcoco”, el proyecto de ciudad “autosuficiente” de Cuautitlán Izcalli con el que se buscaba (según los diseñadores) hacer eco de las llamadas “teorías de zonificación” implantadas en ciudades europeas. Por último, desde entonces ya se coqueteaba con la idea de erigir una verdadera megalópolis: pura “conurbación indefinida” concretada en un proyecto autorizado y promovido por Enrique Peña Nieto. Tal proyecto llegó hasta el Diario Oficial de la Federación con el nombre de “Megalópolis” donde, como reza la acusación promovida en la preaudiencia de Nextipayac, se trata de un “proyecto de integración funcional forzada de localidades alejadas, proyecto inevitablemente destructor de las relaciones de soporte mutuo tradicionales”. El mentado proyecto contemplaba la aglutinación de 200 municipios (91 en Edomex, 16 en Morelos, 29 en Puebla, 37 en Tlaxcala y 16 en Hidalgo, más las 16 delegaciones del Distrito Federal), para configurar una ciudad con “39 millones de habitantes”. En resumen toda una serie de políticas importadas, diseñadas desde arriba. Su menosprecio es total ante lo que tengan que decir las comunidades afectadas, sin asumir que tales previsiones ponen al borde de la catástrofe el futuro de toda la vida (no sólo la humana) de la región.

Un destino como éste, tan sobado por diferentes instancias, habla de la tentación largamente acariciada de hacer negocio a costa de cualquier cosa.

Por eso la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha sido tan emblemática. Desnuda las relaciones de poder que abarcan a las corporaciones, pero que no podrían llevar a cabo sus designios sin contar con aliados y cómplices en las instancias gubernamentales y en una estructura de desvío de poder que el nuevo gobierno que tomará posesión en diciembre no parece querer desmantelar. Ya en 2015, el abogado Raymundo Espinoza puso el dedo en la llaga desnudando el mecanismo de despojo para ese campesinado originario que se atrinchera en sus comunidades y ejidos agrarios: “El despojo y control de los territorios supone necesariamente el ataque a la propiedad social campesina y a la propiedad indígena ancestral, por ello un decreto expropiatorio —por más que en la superficie parezca un acto legal y en apariencia cumpla con ciertas formalidades jurídicas— puede ser no sólo un acto ilegítimo e incluso dar cabida a actividades delictivas, sino también un abuso y un desvío de poder, en tanto violenta derechos fundamentales de las comunidades afectadas y, manipulando recursos públicos, garantiza la satisfacción de intereses particulares en detrimento del interés general, con el efecto directo de romper el tejido social y las relaciones vitales de la comunidad, lo que detona su exilio catastrófico”.

En realidad, tal vez no quieran el exilio de toda la gente, porque quieren mano de obra precarizada y barata, y van provocando la fragmentación y ahora el enfrentamiento con grupos paramilitares como el que ahora mismo ocurre en Acuexcomac e Ixtapaluca. Es muy clara la denuncia que hace la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura.

Ellos señalan las agresiones sufridas por los pobladores de la comunidad de Acuexcomac en el municipio de San Salvador Atenco, a manos de paramilitares del grupo de choque priísta Antorcha Campesina. Este cuerpo de choque busca desarticular la vigilancia que los pobladores mantienen para evitar la invasión de sus tierras pues “se pretende imponer el paso de la autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco, una de las obras de conectividad del proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto. Los pobladores originarios de la comunidad vecina de Nexquipayac reportan la presencia y concentración de más paramilitares en la zona de la ribera del Lago de Texcoco, lo cual les hace temer una nueva y más numerosa agresión”.

Según el parte que hacen compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra procedentes de Nexquipayac, en principio hay 15 lesionados y dos heridos. Los compañeros señalan también que Acuexcomac es uno de los poblados más afectados, junto con Nexquipayac, por el proyecto de la carretera Peñón-Ecatepec, una carretera “que afecta a los municipios de Acolman, Tezoyuca, San Salvador y las comunidades de Tequisistlan, Acolman, Ixtapan y Acuexcomac, como parte de los devastadores proyectos ligados al NAICM”.

La información abunda diciendo que “varios ejidatarios han vendido en forma ilegal sus parcelas a la empresa Pinfra, que desde 2015 ha estado hostigando, pasando casa por casa, a ejidatarios de todos los pueblos y a pequeños propietarios”.

Conforme la resistencia en la región se generaliza, la represión no se hace esperar. Así, pobladores de Tlapacoya, en Ixtapaluca, denuncian la represión policiaca para lograr introducir maquinarias de forma ilegal con miras a desviar agua hacia obras del NAICM, como señaló desinformemonos.org.

Los Centros de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Minerva Bello hacen un “enérgico llamado a las autoridades mexicanas para liberar a Alan Leyva López, Rita Carrión Salazar, Israel Ponce Leyva, Ángel Sánchez Arias y David Ponce Leyva”, y garantizar “la vida y la integridad personal de los habitantes de Tlapacoya y El Molino”, respetando “el acceso al derecho humano al agua para los habitantes de las comunidades mencionadas”.

La moneda está en el aire. El recrudecimiento de las medidas de contención con violencia represiva ante la alarma que cunde ya en todo el Valle, habla contundente de una resistencia creciente con los días mientras más y más paramilitares y grupos de choque entren en acción para contener a los grupos que ya vigilan que nadie invada los territorios. No obstante, la fragmentación y las inyecciones de dinero hacen su trabajo corruptor y es crucial que la gente entienda que no sólo la alimentación independiente, el medio ambiente, la biodiversidad y el equilibrio ecológico están en entredicho, sino todo el delicado e intrincado balance de una región enorme, extenuada ya por 500 años de expoliación, devastación, fragmentación y derroche. Las comunidades están dispuestas a no dejarse. Quienes habitamos la ciudad de México, ese gran Distrito Federal al que le quieren borrar la identidad, tenemos que entender que no es solidaridad lo que hace falta. Que tenemos que asumir que es propia la defensa que hagamos de la vida de todo lo que existe y propicia vida en este Valle.

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