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Como en el 68, se repite ataque a estudiantes del CCH-AZC

Lunes 10 de septiembre de 2018, por Admin2

Faltan pocos días para que se cumplan 50 años de la brutal represión de que fueron objeto jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Vaya un déjà vu, nuevamente un incidente menor con estudiantes de preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco (CCH-AZC), desata una escalada por demás confusa y sospechosa. Ambos eventos ocurren antes del arribo de un nuevo presidente de la República, por lo que cabe preguntarse por la significación de tales eventos, en el 68 y ahora.

En torno a los hechos de 1968 se especuló que Luis Echeverría Álvarez (LEA), entonces secretario de Gobernación había creado el “Movimiento del 68” con el fin de inclinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz (GDO) a nombrarlo su sucesor al mostrarle que con su férreo carácter podría tomar las riendas del país.

Otra hipótesis, que bien podría ser complementaria, es aquella a partir de la cual se puede inferir que con dicho movimiento se buscó liberar la presión a la que durante una década había estado sometido el sistema político, en particular por las demandas económicas y democratizadoras surgidas al interior del mismo partido en el poder (PRI) y sus sectores (CNC, CTM y CNOP). La movilización de poderosos sindicatos como el petrolero, electricista, telefonista, ferrocarrilero, a los que se sumaron los médicos en 1964-65, era el indicador que informaba de la necesidad de acciones concretas y ni Díaz Ordaz ni Echeverría fueron ciegos a tal amenaza. Si esto fue así o no sólo el longevo expresidente lo sabe.

Una explicación más, es aquella de la cual el gobierno mexicano había actuado como parte de la estrategia geopolítica estadounidense terminando con la tentación comunista mexicana y la intervención de la Unión Soviética en asuntos internos vía la manipulación de los estudiantes. Al final esta versión fue desmentida por la misma CIA (Central Intelligence Agency), cuando en un documento desclasificado se afirmó que tal infiltración era falsa. Lo anterior permite suponer que “lo del comunismo” fue un pretexto para justificar la represión, por lo cual se hace necesario volver al contexto interno.

Puestos en este punto, se sostiene que la forma en que se hizo escalar un enfrentamiento entre dos grupos de adolescentes, uno perteneciente a la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, y el otro formado por estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 22 de julio de 1968, no permite más que sospechar de una provocación premeditada, como indicó, desde 1978, el sociólogo Sergio Zermeño, en su libro México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68.

La primera pista en este caso es la riña. La desmedida respuesta de los granaderos del Distrito Federal, un día después del altercado, cuando estudiantes de las vocacionales mencionadas fueron azuzados por las pandillas de los “Arañas” y los “Ciudadelos”, para acudir a la preparatoria Isaac Ochoterena y continuar la pelea es la segunda pista. No ocurrió así ese día pues a pesar de que los alumnos de las vocacionales arrojaron piedras a los muros del plantel de la prepa no recibieron respuesta por lo que decidieron regresar a sus escuelas, sin embargo, fueron provocados por granaderos quienes los golpearon y lanzaron gases lacrimógenos.

En cosa de ocho días, lo que comenzó el 22 de julio como una simple trifulca entre adolescentes ya había movilizado no solo a los granaderos y a la policía federal, sino al Ejército, mismo que terminó invadiendo instalaciones universitarias y politécnicas, forzando el nacimiento del Movimiento Estudiantil que concluyó con la matanza del 2 de octubre.

Se conocen hoy, gracias a la investigación realizada por Carlos Mendoza y el equipo del Canal Seis de Julio, A.C., con el apoyo del periódico La Jornada, los detalles de lo que a todas luces fue una provocación, como bien ya había indicado Zermeño años antes, en la que se manipuló de manera criminal a estudiantes de preparatoria para montar un espectáculo que permitiría justificar el uso del brazo represor del Estado y despresurizar un sistema que amenazaba con estallar por su cuenta. Los detalles de la provocación pueden ser revisados en el Documental Tlatelolco: las claves de la masacre dado a conocer en 2002.

En todo esto, el Estado Mayor, aquel del que prescindirá el próximo presidente, “un Ejército dentro del Ejército”, a decir de Jorge Carrasco Araizaga, en el artículo “Adiós al discrecional y siniestro Estado Mayor Presidencial”, publicado por la Revista Proceso el 7 de julio pasado, desempeñó un papel preponderante en la matanza de Tlatelolco.

Pero ¿qué tiene que ver lo relatado aquí con el caso de las y los estudiantes del CCH-AZC? La primera pista, para seguir con la misma lógica narrativa, es que una mala decisión administrativa ha desatado una veloz escalada. María Guadalupe Márquez, ahora exdirectora del CCH-AZC, mandó remover el 27 de agosto de 2018 un mural que habían pintado estudiantes cuatro años atrás, de acuerdo con información del periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna “¿Quién mece la cuna?”. Un día después, el 28 de agosto, los estudiantes anunciaron la realización de un “paro activo” debido a la falta de profesores.

Ante lo que se consideró una decisión arbitraria las protestas estudiantiles no se hicieron esperar pidiendo incluso la destitución de la funcionaria mencionada. La tardanza de las autoridades universitarias para responder a esta petición dio tiempo para que la protesta creciera y los estudiantes decidieran tomar el plantel.

Hasta aquí parece excesiva la petición en torno a separar del cargo a dicha directora, sin embargo, la remoción del mural puede ser interpretada como la acción última de una serie de eventos que pusieron a las y los alumnos en pie de lucha como se observa enseguida.

El 3 de septiembre, las y los estudiantes del CCH-AZC decidieron dirigirse del parque La Bombilla hasta la explanada de la Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria (CU), para entregar el pliego petitorio en el que exigían: 1) Cese total de agresiones en contra de estudiantes por parte de grupos porriles y procedimientos jurídicos en contra de ellos. 2) Instalación de un botón de pánico distribuido estratégicamente en el plantel y de alumbrado público en las zonas adyacentes. 3) Rutas de transporte seguro y subsidiado para estudiantes de la Ciudad de México y Estado de México. 4) Un nuevo comedor subsidiado por la universidad que ofrezca alimentos nutritivos. 5) La creación de las condiciones de higiene necesarias para toda la población del plantel, incluyendo la captación pluvial. 6) Respeto de los espacios comunes para actividades culturales y artísticas. 7) Participación democrática en la toma de decisiones. 8) Limitar las estructuras autoritarias en la UNAM.

Ese mismo día, el problema se incrementó al sumarse demandas no resueltas con aquellas surgidas de la misma movilización cuando 200 jovencitos y jovencitas fueron víctimas de un ataque brutal a las puertas de la Rectoría de la UNAM, por parte de un grupo de porros que salió en camiones desde el Estado de México, la agresión dejó a cuatro estudiantes heridos, dos de ellos de gravedad, he aquí la segunda pista.

Dos días después, el 5 de septiembre, miles de estudiantes de diferentes facultades y escuelas de la UNAM, así como del IPN, la UAM, el Colegio de México, la Escuela de Periodismo Carlos Septién y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), marcharon de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta Rectoría como protesta por los sucesos del lunes. En esta ocasión el pliego petitorio, supuestamente entregado por una comisión de estudiantes del CCH-AZC a las autoridades universitarias, incluyó: 1) Correcta asignación de docentes a cada asignatura acorde a los grupos existentes en ambos turnos y la capacidad y el mobiliario con el que se cuente en cada una de las aulas. 2) Participación estudiantil en la elección de quien dirigirá el plantel del CCH-AZC. 3) Que dicha autoridad tenga la obligación de respetar, no cohibir y no intervenir en las expresiones político-culturales de la comunidad estudiantil, tales como murales y actividades recreativas, y que exista el compromiso escrito de darles mantenimiento de forma periódica para preservarlos. 4) Justificación y transparencia de labores administrativas y del presupuesto asignado al plantel durante la administración de Guadalupe Márquez Cárdenas y de las futuras administraciones. 5) Solución a problemáticas en relación con el acoso y las denuncias realizadas por parte de la comunidad. 6) Seguridad dentro y fuera del plantel: dar mayor soporte, continuidad y una adecuada atención a los “programas del sendero y transporte seguro”. 7) Acciones para desarticular, destituir y expulsar a grupos porriles y personas que los promueven y protegen. 8) Que no se ejerza ningún tipo de represalia, física o académica, contra cualquier estudiante que haya participado de alguna forma en este movimiento estudiantil.

Al día siguiente “Kevin”, un estudiante del CCH-AZC negó la autenticidad de este pliego petitorio al que, a decir de quien se presentó encapuchado y embozado, le faltaban dos puntos. Asimismo, aclaró al reportero Ramkar Cruz, de ForoTV, que desconocían a la comisión que hizo la entrega de este documento a Rectoría después de la marcha del 5 de septiembre.

El pliego petitorio original, a decir del mismo Kevin, es el siguiente: 1) Que no haya ningún tipo de represalia física o académica contra cualquier estudiante que haya manifestado su inconformidad a través de su movimiento. 2) La comprobación de la correcta asignación de docentes para todos los grupos y turnos, de acuerdo con la infraestructura instalada en cada una de las aulas. 3) La asignación de una nueva administración, en la que el alumnado tenga conocimiento previo del historial profesional de los docentes que se postulen a la dirigir el plantel, para luego llevar a cabo una consulta entre la comunidad estudiantil. 4) Que el director interino, Andrés Francisco Palacios Meza, no podrá participar, “por los antecedentes que tiene entre la comunidad. 5) Que la autoridad respete y no intervenga o inhiba las expresiones políticas y culturales de la comunidad estudiantil, como es el caso de murales y otras actividades recreativas. 6) Que exista el compromiso por escrito de dar mantenimiento de forma periódica a los murales hechos por los estudiantes. 7) La justificación y transparencia de labores administrativas y del presupuesto asignado al plantel, ya que, en la administración de la entonces directora, Guadalupe Márquez Cárdenas, se registraron supuestos malos manejos de los recursos económicos del Colegio. 8) La solución a los diferentes problemas que hay dentro del plantel, como es el acoso escolar y la nula atención de los directivos. 9) Que las autoridades universitarias brinden mayor soporte y continuidad, así como una adecuada difusión a los programas de sendero seguro y garantizar transporte público seguro.

Como en el 68, no hay claridad en torno a cuál es el pliego petitorio original y reconocido por los estudiantes de Azcapotzalco, ya por falta de comunicación dentro del mismo movimiento o por la intromisión de fuerzas ajenas, tercera pista, (entonces y ahora).

De acuerdo con el periódico El Sol de México, en el artículo titulado ¿Por qué están protestando los estudiantes de la UNAM?, publicado el 5 de septiembre, durante la marcha a Rectoría del 3 de septiembre los estudiantes entregaron el pliego petitorio que se presentará enseguida y que consta de 10 puntos y cuya imagen reproduce el mismo diario, misma que marca como fecha de recibido el 29 de agosto. Los 10 puntos son: 1) Principalmente se exige que durante el plazo establecido se haga la correcta asignación de profesores a los grupos que carecen de éstos. Considerando la capacidad de los salones y la cantidad de mobiliario por grupo. 2) La autoridad se compromete a no intervenir, no reprimir y respetar las expresiones político-culturales o de cualquier otra índole de la iniciativa estudiantil. 3) En cuanto a las expresiones artísticas que los alumnos plasmen dentro del plantel, las autoridades universitarias tienen la obligación de: Respetar la decisión de los estudiantes en cuanto a formas y tiempos de la restauración de los murales. Y, en el caso específico de los murales que fueron eliminados durante el periodo vacacional, las autoridades brindarán el material necesario para la reelaboración de estos. 4) Que se presenten estrategias para la resolución de las problemáticas de violencia y transporte seguro. 5) Dar seguimiento a la protesta de generar el proyecto del comedor subsidiado. 6) Que se permita la creación de un mercado estudiantil por y para la comunidad. 7) En contra de la represión estudiantil y social exigimos la desarticulación, destitución y expulsión de grupos porriles y de aquellas personas que los subsidien, promuevan y protejan. 8) Que se establezca y justifique el uso que se le da al presupuesto del plantel. 9) Exigimos la destitución de la actual directora del plantel Guadalupe Márquez Cárdenas, al mostrar su incompetencia para resolver las problemáticas académicas, por no salvaguardar la integridad física de los sectores de la comunidad dentro y fuera de las instalaciones del colegio permitiendo la entrada y agresiones por parte de grupos porriles. 10) No habrá ningún tipo de represalias físicas o académicas contra cualquier estudiante que haya participado de cualquier forma en este movimiento estudiantil.

Cómo se puede observar, se van sumando demandas. La última que se agregó durante esta manifestación al interior de CU es la destitución del actual rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue Wiechers, así como del jefe de seguridad de esta casa de estudios Jesús Teófilo Licona Ferro (mismo que ya fue separado del cargo) y del director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez.

A lo largo del Movimiento Estudiantil del 68 pudo observarse la misma progresión en los cambios del pliego petitorio, pero también la existencia de un pliego ajeno. En el primero, presentado el 30 de julio al regente de la ciudad Alfonso Corona del Rosal por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) del IPN (órgano controlado por el gobierno) se pidió: 1) La destitución de los actuales jefes de granaderos y policía metropolitana. 2) Destitución de todos aquellos elementos que resulten responsables de las tropelías cometidas contra los estudiantes de la Vocacional 5. 3) La indemnización de estudiantes caídos por la intervención de los granaderos. 4) Expedición o aplicación, en su caso, de un reglamento que delimite la intervención de dichos comisionados del orden público. 5) Que desaparezcan las fichas policiacas de los estudiantes detenidos. 6) Excarcelación de todos los estudiantes presos e información completa de aquellos que hasta el momento se ignora su paradero. 7) El inmediato desalojo de las escuelas de las tropas federales y policías.

Se debe apuntar que dos días antes, el 28 de julio, se propuso otro pliego petitorio, en el cual se exigía: 1) La desaparición de la FNET, de la porra universitaria (esta era identificada como un grupo de choque pagado por el gobierno que actuaba al interior de la UNAM y las preparatorias) y del Muro (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación – grupo radical de derecha, golpista, de clientela católica). 2) Expulsión de los estudiantes miembros de las citadas agrupaciones y del PRI. 3) Indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos. 4) Excarcelación de todos los estudiantes detenidos. 5) Desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías de represión. 6) Derogación del Artículo 145 del Código Penal.

En la versión final del pliego petitorio, dado a conocer el 4 de agosto, se exigía: 1) Libertad a los presos políticos. 2) Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea (jefe y subjefe de la policía respectivamente), así como del teniente coronel Armando Frías (jefe del cuerpo de granaderos). 3) Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4) Derogación del Artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, instrumento jurídico de la agresión. 5) Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante. 6) Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército.

En los tres casos, se puede apreciar no sólo la progresión de las demandas, sino el diferente tono en que están redactados. En el presentado por el FNET se hacen demandas que tienen que ver con los eventos de violencia en sí y que bien podían ser cumplidos por la autoridad policiaca, como ocurrió en torno a los puntos 5, 6, y 7; mientras que, en el pliego previo al entregado por la FNET y el definitivo, las peticiones tocan el marco jurídico que legitima la represión y a los órganos que la ejercen. Se podría decir, que el primero fue hecho a modo en relación con los intereses del gobierno mismo y el previo al de la FNET y el pliego definitivo son evidencia de un movimiento estudiantil que iba madurando e identificando los instrumentos y mecanismos de un gobierno autoritario.

Habrá que decir también que las demandas de los estudiantes del 68 se extendieron más allá de estos pliegos petitorios y que poco a poco comenzaron a incluir a diversos grupos de la sociedad, más allá de la base estudiantil, y temas que los colocaban como los sujetos de la historia llamados a cambiar al país de manera profunda, tales como: el nivel de vida, el empleo y la desocupación, la libertad sindical, la redistribución de las ganancias económicas, la situación campesina, las libertades políticas, etc. Estos temas formaban parte del Proyecto de Programa del Consejo Nacional de Huelga, hacia mediados del mes de septiembre (Para ampliar se puede consultar el libro de Sergio Zermeño, citado arriba).

Nuevamente, en ambos casos y como lo muestran los pliegos petitorios se puede observar la existencia de contextos históricos que bien pueden servir de caldo de cultivo para el escalamiento de fenómenos que poco a poco van aglutinando los problemas sociales presentes en la transición de una presidencia a otra, cuarta pista.

La comparación entre el Movimiento Estudiantil de 1968 y el incipiente movimiento de estudiantes del CCH-AZC puede resumirse en ciertas coincidencias y algunas diferencias, como se verá a continuación.

Las coincidencias no pueden ser ignoradas: primera, jóvenes preparatorianos que se movilizan después de un evento en apariencia menor; segunda, la forma en que en unos cuantos días ambos casos escalaron como lo muestran los mismos pliegos petitorios, los cuales son evidencia de problemas más profundos relacionados con la falta de espacios en el sistema educativo y de participación política en un sistema político autoritario (en el 68 y ahora) y la condición de vulnerabilidad que comparten todos los jóvenes de este país (actualmente); tercera, una clara provocación ante la feroz agresión de que fueron objeto los adolescentes, en 1968 a manos de granaderos y ahora por provocadores que salieron ni más ni menos que del Estado de México, el último reducto de un grupo en el poder a punto de la desaparición, dados los resultados electorales del 1 de julio pasado; cuarta, un modus operandiclaramente reconocible y que pretende ser puesto en práctica 50 años después o 47 si se tiene en cuenta el aniversario de la matanza del “Jueves de Corpus”, 10 de junio de 1971, en que nuevamente el gobierno priista con LEA a la cabeza reprime y asesina estudiantes a través de agentes vestidos de civil (grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”) que con armas y varas de bambú y otate atacaron a alumnos cuando marchaban por Avenida de los Maestros, a la altura de la Normal Superior de Maestros, varas que hicieron de nuevo su aparición como muestran las fotos comparativas del periódico El Universal, publicadas el sábado 8 de septiembre de 2018; quinta, este modus operandi parece incluir la redacción y entrega de pliegos petitorios apócrifos.

 

Las diferencias entre un evento y otro son notorias: primera, el partido político que entonces gobernaba, el PRI, y el sistema político que creó se encuentran hoy en franca debacle; segunda, el próximo presidente fue electo democráticamente y no impuesto por el mandatario saliente; tercera, su legitimidad fue construida en las urnas y no con base en el control político de un pequeño grupo; cuarta, el contexto ha cambiado, la sociedad que presenció impávida los sucesos del 68 y del ‘71 está más dispuesta a impedir que se repitan tan deleznables hechos; quinta, la diversificación de medios y de fuentes alternativas de información, como las redes sociales, que hacen prácticamente imposible tener una sola versión de los hechos (la oficial).

Ahora, si las coincidencias y las diferencias son claras, el objetivo de esta nueva azolada no lo es ni tampoco los rostros de los autores intelectuales. No se sabe aún “quién mece la cuna”, afirma Riva Palacio, pero, continua, “las autoridades universitarias y del Gobierno de la Ciudad de México coinciden en que lo sucedido el lunes en la explanada de la Rectoría fue un acto premeditado y una provocación.” El rector incluso ha señalado a grupos de porros dentro de los planteles de la UNAM en Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, y una posible relación con un grupo del PRD vinculado a la Delegación Gustavo A. Madero que financiaba esos grupos de porros, concluye el periodista.

Sin embargo, aunque obviamente nadie saldrá a adjudicarse el atentado cometido contra los estudiantes del CCH Azcapotzalco en la explanada de Rectoría el lunes 3 de septiembre, saltan a la vista los factores que permiten avanzar algunas hipótesis, a saber: a) Un mismo modus operandi reconocido y reconocible, como se mostró arriba. b) La participación de grupos tradicionales de choque, los llamados “porros” y de un nuevo grupo, mismo que llegó con el mandatario en turno, los “anarquistas”. c) El hecho de que los agresores salieron del Estado de México, sede del grupo político que durante seis años ha tenido el poder de la presidencia de la República, conocido como “Grupo Atlacomulco”. d) Que ambos hechos ocurren en el periodo de transición de una presidencia a otra. e) Que por primera vez desde que hay alternancia ocupará la silla presidencial un político de izquierda, fuerza política que no fue incluida en los pactos de gobierno hechos desde la primera alternancia en 1989 entre el PRI y el PAN, al inicio de las llamadas “concertacesiones”.

Estos cinco factores permiten plantear las preguntas cuyas respuestas bien podrían apuntar hipótesis diferentes, lo cual no impide combinarlas en un complejo juego de posibilidades.

¿Quién, quiénes o qué grupo o grupos están detrás de esta provocación? ¿El objetivo es desestabilizar al gobierno saliente, al entrante o dificultar lo que hasta ahora es una tersa transición? ¿Cobrarse la respuesta ciudadana de rechazo a los gobiernos que no han sabido, querido o podido mejorar la situación del país? ¿Dejarle a López Obrador una situación explosiva esperando que cometa los errores necesarios para incendiar la pradera? ¿Es acaso un error continuo de un sistema político decadente que no tiene respuestas alternativas? ¿Es la represión la respuesta de una anquilosada estructura que ha perdido el rumbo de las estrategias que aceitan la maquinaria y evitan el desgaste innecesario y en su lugar sólo queda lo más brutal y burdo? ¿Por qué los golpeadores salieron del Estado de México? ¿El mensaje va dirigido hacia dentro del propio grupo aun en el poder? ¿Es un cobro de factura a la presidencia fallida que no los reinstaló en la presidencia? ¿Es el último coletazo del dinosaurio autoritario mexiquense? ¿Es una advertencia para el próximo gobierno de la capacidad desestabilizadora de lo que queda del PRI-sistema, y una forma de sobrevivir a la crisis más profunda de su historia?

Obviamente, las respuestas a estos cuestionamientos sólo pueden partir de la experiencia histórica previa, del conocimiento teórico-práctico de la operación de un sistema político cuyos estertores aún resuenan y de la observación aguda de los sucesos por venir.

*La Dra. Ivonne Acuña Murillo es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

 

Este material se comparte con autorización de la IBERO

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