Publicado en línea el Miércoles 5 de septiembre de 2018, por Admin2


La Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay (INDDHH) emitió una resolución en la que señala que el Estado no ha cumplido con su deber de garantizar el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores arroceros expuestos a agroquímicos y exhortó a que la Dirección Nacional de Medio Ambiente tenga una “participación activa” en el seguimiento de estas situaciones.

Desde el sindicato de trabajadores arroceros, el dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), Marcelo Amaya dijo aRMR que la Resolución de la INDDHH “transparenta lo que veníamos denunciando desde hace años”, en referencia a diversos casos en los que los trabajadores sufrieron afecciones pulmonares, dermatitis y otra clase de alergias por estar en contacto con agrotóxicos, al ser rociados por “mosquitos” mientras cumplían su jornada laboral, al estar inmersos en agua contaminada, o al tocar recipientes sin los implementos de seguridad necesarios.

Para Amaya, los señalamientos que realiza la INDDHH sirven como prueba de que se necesita discutir y cambiar el modelo productivo actual, “dependiente” de plaguicidas con glifosato; así como pensar otro tipo de sanciones a las empresas, más allá de las multas monetarias que no afectan mayormente el negocio, teniendo en cuenta que, tras denuncias anteriores, los patrones han tomado represalias en contra de los trabajadores, como persecución sindical, rociarlos con plaguicidas o hacer despidos masivos.

La Resolución de la INDDHH se emitió el 31 de julio y fue dada a conocer esta semana luego de constatar graves afectaciones a la salud de varias personas en el departamento de Treinta y Tres, al noroeste de Uruguay. La investigación comenzó a fines de 2017 cuando la Institución tomó la denuncia de un hombre que vivía en el mismo predio donde trabajaba desde hace cuatro años, en un taller de mantenimiento de maquinaria agrícola (como los “mosquitos” que fumigan glifosato), donde “tomó contacto directo con residuos tóxicos, ya que no contaba con las previsiones de seguridad necesarias para la manipulación de tanques con restos de agroquímicos”, y se enfermó gravemente con afecciones pulmonares y dermatitis, comprobada por médicos.

Como recoge la Resolución: “Los especialistas en salud le recomendaron al denunciante el inmediato alejamiento del lugar de residencia de forma de evitar la continua exposición a agentes contaminantes. Para esta recomendación se tuvo en cuenta que el predio donde se ubican las viviendas de los trabajadores (propiedad de la empresa) se encuentra lindero al cultivo, y cercano al molino que genera polvillo residual”. Además quela exposición a agentes tóxicos, para él, su familia, otros trabajadores y habitantes del pueblo, se produce tanto a través de la fumigación aérea, como por consumo de agua, dado que los tanques del mosquito se recargan en el mismo pozo que se extrae para abastecer al pueblo. También esta exposición se debe a la disposición final de residuos, porque en el vertedero para el uso de los pobladores se depositan los envases vacíos de agroquímicos y otros residuos perjudiciales”.

La Presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, dijo a RMR que “las condiciones para que el trabajador fuera a vivir a otro lado eran bien complicadas”porque el trabajador recibía un subsidio ínfimo por estar enfermo y no poder trabajar en la empresa, su mujer también trabajaba en el predio -entonces tendría que abandonar su puesto si dejaba de vivir ahí,- y además tenían que mantener a sus dos hijos, un niño y un adolescente.

La Institución mantuvo diversas reuniones con representantes del Ministerio de Desarrollo Social e intentó también obtener soluciones habitacionales del Ministerio de Vivienda, que no respondió a ninguno de los oficios enviados por la INDDHH. Finalmente, después de muchos meses, se obtuvo un subsidio de alquiler. A su vez, la Institución se reunió con otros trabajadores arroceros que manifestaron denuncias similares por sus condiciones laborales.

La Resolución recomienda al Estado uruguayo que trabaje fuertemente la prevención de estas situaciones en las que la salud de las personas se ve afectada y el medio ambiente contaminado por el uso de agrotóxicos en distintas producciones agropecuarias, a través de mayores controles a las empresas. Se propone crear un protocolo de acción único que sea implementado los ministerios de salud, desarrollo social, trabajo, medio ambiente, vivienda y agricultura que debería coordinarse con los gobiernos locales y con la Universidad pública.

 

Publicado originalmente en Radio Mundo Real

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