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Reforma Educativa, el fracaso peñista más visible en el estado

Lunes 3 de septiembre de 2018, por Raúl López Tellez

Desde su entrada en vigor, la Reforma Educativa ha sido reprobada en Michoacán en todas sus fases por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), resistencia que se mantiene hasta la fecha como una de las principales banderas de las movilizaciones del referente magisterial, el cual aduce que el marco legal ha propiciado “represión administrativa” y laboral además de más de 3 mil aulas sin maestros.

Al igual que en Guerrero y Chiapas, la resistencia a la “mal llamada” Reforma Educativa –como la refiere continuamente la CNTE-, concitó en los primeros meses de su entrada en vigor una oposición que es perceptible hasta nuestros días, con la marcha del magisterio disidente frente a la sede legislativa de San Lázaro apenas este sábado primero de septiembre para demandar la abrogación de la misma, exigencia que igual le ha sido planteada a quien encabezará la nueva administración federal a partir de diciembre, Andrés Manuel López Obrador.

El boicot de la CNTE a la Evaluación concitó en el estado un número ínfimo de participantes en sus primeras fases -con un 25 por ciento apenas de lo esperado por ejemplo en la segunda, realizada en mayo del 2016, con apenas 2 mil asistentes de 5 mil maestros convocados-, bajo la sospecha de que someterse a la misma los llevaría a la pérdida de derechos y con el riesgo de perder su empleo.

Esta dinámica de oposición no ha estado exenta de roces con las corporaciones policiacas, como cuando el referente intentó un bloqueo de vías férreas en esta capital o los desalojos de las tomas en la SEE, sin dejar de aludir a los bloqueos y liberación de peaje en tramos de autopistas de cuota.

Parte del paquete de reformas “estructurales” impulsadas por Peña Nieto, cuestionada por su carácter “punitivo y persecutorio” en materia laboral, más que educativa, la reforma presentada en diciembre del 2012 y aprobada en febrero del 2013, al inicio de la administración peñista con el consenso de los partidos representados en el Congreso de la Unión, centró en la Evaluación Docente el filtro de ingreso y permanencia de los maestros, suprimiendo la cesión automática de plazas a través de la jubilación y establecer en los concursos de oposición la vía de ingreso al servicio laboral docente.

La adición del artículo tercero, señala que el “ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.

En la visión oficial, la Reforma busca “el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de los objetivos”, para lo cual se aplicaron reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales y se adiciona una nueva fracción al artículo 3 constitucional, la CNTE acusa además que se impulsa la privatización educativa, al dejar en autoridades y padres de familia el mantenimiento de los planteles, lo que además legalizaría el cobro de cuotas en contra del principio de gratuidad educativa.

Evaluación, con mínima aplicación

La oposición a la evaluación, al menos en el estado –con más de 60 mil maestros adscritos a preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior al inicio del sexenio federal a punto de concluir-, no reporta afectados directos en cuanto a ceses; en el país existen según la CNTE más de 500 docentes liquidados por negarse a ser evaluados, cuya reinstalación se reclama dentro de sus movilizaciones de los últimos meses.

En Michoacán, las fases de evaluación y la contratación de idóneos –incluso realizadas fuera del estado ante el rechazo de la CNTE o algunas ni siquiera efectuadas ante la poca respuesta-, ha encontrado además las fallas en materia administrativas de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), al incumplir con el pago de los contratados bajo esta figura. Para el magisterio democrático, en voz de su dirigente Víctor Zavala, deben de ser egresados normalistas los que ocupen los espacios frente a grupo, con derechos laborales plenamente reconocidos y sin haberse sometido a los criterios del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, mismo que preveía aplicar en la fase inicial de la Reforma a más de un millón de profesores de educación básica y media superior en el país.

La fase siguiente planteada por la Reforma, la de generar un censo sobre docentes en activo, nunca pasó en Michoacán y no alcanzó de acuerdo con las mismas cifras oficiales, ni siquiera un 50 por ciento de su aplicación en la entidad.

Tras rechazar la bancarización de la nómina, el reclamo constante de la CNTE es el presunto descuento de bonos y otros pagos por parte de la federación, lo que considera “represión administrativa”, al igual que en el marco local impugna que alrededor de 3 mil 200 salones se encuentren sin grupo por oponerse la SEE a la contratación de los egresados normalistas que desde el 2017, han quedado prácticamente en medio y a los que se emplea como eventuales, ocurre igual que con los idóneos, la dependencia termina por no pagarles y acumular adeudos que incluso hasta hace dos semanas empezaron a cubrir parcialmente, al igual que con la irrupción de la Reforma se eliminó la contratación automática de los normalistas desde el año 2015 impulsada en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.

 

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