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Penalización y criminalización de la migración: Estrategia contra los pobres

Lunes 3 de septiembre de 2018, por Admin2

Para el Ejecutivo de los Estados Unidos las personas inmigrantes son enemigas y deben ser controladas por medio de la deportación. El sistema judicial respalda la decisión y responde con xenofobia y racismo, en compañía de un sistema bancario que se beneficia de la victimización a la población migrante por medio de créditos.

La política migratoria de Estados Unidos se ha enfocado desde inicios del siglo XXI en la criminalización de la población migrante a nombre de la seguridad nacional. En la actualidad, bajo el gobierno de Donald Trump, las reformas a la política migratoria estadounidense se sustentan en un discurso racista, xenófobo y nativista, ordenando la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados, además de aumentar las detenciones y deportaciones de migrantes que no han cometido ningún delito, ni tienen antecedentes criminales.

Esta política hace parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante – IIRIRA de la administración del expresidente Bill Clinton de 1996. Esta norma concibe la entrada “ilegal” como un delito menor y el reingreso al país después de una deportación como un delito grave. Por lo cual, la política migratoria estadounidense ha instaurado un régimen de deportación global, categoría propuesta por Nicholas de Genova y Nathalie Peutz (2010).

Uno de los principales cambios que se han evidenciado bajo el régimen de Trump es la forma en la que operan los agentes de U.S. Immigration Customs Enforcement -ICE- (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) Actúan bajo discreción, es decir, pueden detener a cualquier persona sin importar si ha cometido alguna infracción. Además, ha aumentado el presupuesto para contratar jueces locales con el fin de acelerar las cortes de todas las personas detenidas para ser deportadas más rápidamente.

Las decisiones de la corte dependen de dos condiciones; la primera. Si el migrante tuvo anteriormente una deportación y reingreso al país clandestinamente se le deporta automáticamente y queda sin la posibilidad de apelar, ya que esta conducta es penalizada por la ley del 96. La segunda, si la persona que es detenida no ha tenido una deportación previa puede calificar para ser llevada a un centro de detención y pagar una fianza. Allí, el juez de migración determina si esta persona es un riesgo para la seguridad del país, o es un “buen migrante”.
Si la persona migrante no es catalogada como peligrosa puede estar en libertad condicional, aunque debe esperar a que se defina su situación aguardando la llamada del juez, presentándose a chequeos regulares con migración y teniendo que pagar una fianza, que puede estar por encima de los 5.000 dólares (14 millones de pesos). Si la persona detenida no posee dinero para pagar, existen bancos que otorgan créditos y la posibilidad de librarse de la deportación, pero a cambio de una deuda exagerada.

Existen casos de personas que están detenidas, pero no pueden pagar un abogado ni la fianza (como es el caso de la mayoría detenida), entonces, les asignan un juez de migración que termina por definir su situación y en este momento empiezan una lucha solitaria por defenderse de la arbitrariedad. De esta política, las que han salido ganando son las grandes corporaciones globales que han creado un mercado de la detención de migrantes, obteniendo dividendos exorbitantes por los préstamos que hacen a los migrantes para pagar las fianzas. Esta es la verdadera razón para la creación del régimen de deportación en los Estados Unidos.

De igual manera, esta política de “cero tolerancia” que criminaliza a los migrantes “ilegales” está llegando a unos niveles de inhumanidad sin precedentes. En la actualidad se están encarcelando a niños y niñas que son apartádos de sus familias.

Si bien, esto se presentaba antes de Trump, lo que pasaba es que se escondían las detenciones, porque los infantes eran llevados junto con sus mamás a los centros de detención, ahora se les está separando de sus padres de manera brutal ya que los adultos son deportados automáticamente y, en medio de la detención, no pueden realizar los trámites pertinentes para que otros familiares se queden con ellos.

Así, en los Estados Unidos, los niños y niñas pasan a centros de acogida del Gobierno para población huérfana, donde la mayoría termina siendo adoptada por familias a las que se les pierde el rastro; es así que cuando una persona deportada quiere reencontrarse con su hijo o hija no saben en dónde se encuentra.

Resistencia

En este momento las personas migrantes están desarrollando estrategias de supervivencia y resistencia al régimen de deportación. Por ejemplo, mujeres migrantes mexicanas que viven en los estados del sur de Estados Unidos, con temor de ser deportadas, cuando las detienen mienten sobre su nacionalidad. Otras personas deciden encerrarse en sus hogares, no asistir al médico, supermercado, etc., para evitar ser detenidas por la Policía de migración.

También, existen organizaciones sociales que en este momento denuncian todas las prácticas brutales de este régimen racista de la deportación, por ejemplo: “Mijente”. Esta organización adelanta acciones de respaldo a la población latina, hispana, asiática, etc., indocumentada; y desarrolla varias campañas como “Chinga la Migra” y “Abolish ICE”. Precisamente su lucha es por abolir el régimen de la deportación con el fin de acabar definitivamente con este sistema que criminaliza a la población indocumentada en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este año se han realizado varias manifestaciones en todas las ciudades de Estados Unidos contra la política de separación de las familias y “cero tolerancia” de Donald Trump. Por ejemplo, el 4 de julio -día de la independencia estadounidense- una mujer negra, migrante del Congo, subió a la estatua de la libertad, en donde reclamó que las familias de migrantes dejarán de ser deportadas y cada niño y niña detenido volviera a estar con sus padres y madres. Todas estas acciones de protestas constituyen la resistencia que permite sumar a más personas al reclamo por justicia social global para poner fin al régimen de la deportación en el mundo entero.

 

Este material se comparte con autorización de Colombia Informa

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