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Hoyo negro en finanzas estatales, por 2.5 billones de pesos: especialista de la UNAM

Sábado 1ro de septiembre de 2018, por Raúl López Tellez

El endeudamiento del estado corresponde al 75 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), tendencia que debe atajarse antes de pasar de lo mal a lo peor, estimó el economista David Lozano, del Centro de Análisis Interdisciplinario de la UNAM, quien estableció que en Michoacán hay un mal manejo de los recursos que dejan un “hoyo negro” por 2.5 billones de pesos y que hablan de altos niveles de corrupción en la administración pública en los últimos 12 años, “dinero que se podría estar utilizando para la población y las mismas funciones públicas”.

En un panel sobre las finanzas del gobierno michoacano ante el escenario de un nuevo gobierno federal, en el que participó Carlos Reyes Gamiz, director de Política Tributaria del gobierno estatal, Lozano destacó que los niveles alcanzados por los montos de deuda son los que están ocasionando el colapso financiero no sólo en el estado y en el país, sino en el mundo entero, donde destacó los casos de Japón y Estados Unidos como los países con mayor endeudamiento, superior a su capacidad productiva, donde China parece caminar en la misma tendencia.

De acuerdo con el especialista, en México a partir de la década de los años 70, donde cada peso aplicado en el gasto público permitía el manejo de la obra pública y el desarrollo social además de sostener el crecimiento de los estados, se pasó a una crisis de insolvencia y endeudamiento. En 1970 el índice de crecimiento del PIB era de 115.18 y actualmente se ubica en un 90.56, es decir se redujo el crecimiento y actualmente, “de cada peso que se está cubriendo en la recaudación, se están perdiendo 35 centavos”.

En el caso michoacano, dijo, que hay “ahujeros” en el cobro de servicios e impuestos por parte del gobierno estatal, donde “si esto no se ataja” se llegará a niveles de falta de operatividad, al superar las necesidades a los recursos disponibles. Respecto a la corrupción, dijo que el riesgo es que los sistemas estatales anticorrupción se convierten en “elefantes blancos” que tienden una cortina de humo para no sancionar a los responsables de la misma. En el actual esquema a nivel nacional, “se están cubriendo a las autoridades, presidentes municipales, síndicos”, donde los casos de Veracruz, Morelos o Guanajuato, son los más graves en términos de transparencia.

Entrevistado antes de su intervención en el panel, Lozano planteó un nuevo sistema de recaudación fiscal y de fiscalización por parte de la nueva administración federal, ya que no será suficiente la reducción de salarios que plantea López Obrador, por lo que tiene que haber un discurso serio para atacar de manera frontal el esquema de endeudamiento público, con la intervención de especialistas y no solo de funcionarios públicos, con una “rendición de cuentas de a de veras, un mecanismo de sanción efectivo y real, “dura”.

Lozano estableció que desde los años 80 la tendencia fue la caída en la eficiencia presupuestal, con un aumento en la complicidad y corrupción entre la federación y los gobiernos locales, lo que aumentó en la década de los 90 cuando la eficiencia gubernamental cayó en un 21 por ciento a la vez que empezó a crecer al doble la problemática derivada de la aplicación de los presupuestos, se inician los problemas de endeudamiento público al triple que en los años 70 y al doble que en los años 80, con un crecimiento cada vez mayor de la deuda pública al derivar en un sobreendeudamiento, fenómeno que se mantiene y donde la recaudación fiscal no garantiza por sí sola la solución, al encontrarse inmerso en una dinámica mundial.

El investigador de la UNAM aludió a que la contención en el gasto público que plantea Andrés Manuel López Obrador o de centrar la capación de recursos en la lucha contra la corrupción, habla de una visión un tanto simple para enfrentar una problemática que va mucho más allá. Señaló que el endeudamiento es lo que ahoga a las finanzas y establece esa disparidad en recursos asignados desde la federación a los estados; tan sólo si en este momento, dijo, se le cobrara al Gobierno de la Ciudad de México los gastos generados por su deuda pública, prácticamente lo inmovilizarían para la atención a la sociedad, ya que este concepto rebasa su capacidad financiera.

Reyes Gamiz, apeló a un cambio en el esquema de asignación presupuestaria por parte del gobierno de la República, ya que a su juicio “hay una federación rica y gobiernos estatales pobres”; aunque dibujó un nuevo esquema de tributación para Michoacán, dio a entender que está sujeto a la voluntad del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Enumeró de manera muy general el fenómeno de la corrupción en la entidad –donde eludió hablar del costo de la misma y la ubicó en términos generales en la tendencia del 12 por ciento que establece el INEGI-, y señaló que de los once impuestos aplicados en la entidad, sólo cinco se encuentran bancarizados, lo que influye para una menor captación de recursos.

Citó incluso que en el esquema del personal que labora en la administración estatal se constituye en fugas financieras, ya que hay dependencias donde se asignan recompensas como en la Secretaría de Finanzas, sin que exista un control sobre las mismas, al igual que destacó que el gobierno estatal finca en la recaudación por automóviles una de sus principales fortalezas.

 

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