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El costo trágico de la elección

Viernes 31 de agosto de 2018, por Charbell Lucio

 

Morelia, Michoacán.- Este sábado tomarán posesión de cargo los alcaldes y legisladores electos, con lo cual finaliza el periodo electoral 2017 – 2018 considerado como el más violento en la historia de México, pues dejó un saldo de 168 políticos asesinados en todo el país.

En Michoacán, durante los casi 10 meses que antecedieron al 1 de julio, día de las votaciones, se registraron al menos 46 incidentes violentos relacionados a las elecciones, mismos que incluyen muertes de candidatos, políticos o personas involucradas en la elección, secuestros o “levantones”, amenazas, entre otros.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Michoacán, organismo no gubernamental que analiza cifras en materia de seguridad, durante la contienda electoral de 2015 fue asesinado únicamente un candidato michoacano, mientras que en el periodo de 2018, fueron seis los homicidios de candidatos en la entidad, lo que representa un incremento del 500 por ciento en crímenes contra postulantes.

“¿Qué deberíamos esperar para la contienda electoral 2012? ¿Qué va a hacer la autoridad, la sociedad civil para frenar esa tendencia. La mayor cantidad de los incidentes ocurrieron en la Tierra Caliente, una zona en la que la actuación gubernamental parece que no tienen, parece una zona dónde la pregunta es: ¿Quién está gobernando?”, cuestionó Doreen Vorndran, directora adjunta del Observatorio Ciudadano de Michoacán.

En el conteo cronológico, la primer muerte de candidato en Michoacán correspondió a una mujer, Maribel Barajas Cortés, aspirante a diputación local del Partido Verde Ecologista de México, quien fue localizada sin vida el 11 de abril en un paraje de la capital michoacana; para las autoridades estatales, el crimen tuvo un móvil de carácter personal.

El 14 de junio, un comando atacó al alcalde y candidato a reelección del municipio Taretan, Alejandro Chávez Zavala, mientras realizaba un recorrido proselitista en una comunidad. Por este crimen, fue detenida una persona.

El 20 de junio, el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Omar Gómez Lucatero, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su vehículo en calles de la cabecera municipal.

Apenas un día después, el 21 de junio, Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, fue asesinado por un grupo armado que ingresó a su vivienda y lo atacó con arma de fuego para después apoderarse de un vehículo. La Procuraduría General de Justicia del Estado estableció que el homicidio derivó del asalto y no por un tema político-electoral.

Otro caso que no derivó en muerte, fue el atentado que sufrió el candidato a la alcaldía de Tangamandapio, Miguel Amezcua Manzo, quien luego de ser atacado por un comando resultó ileso y continuó dentro de la contienda.

Pasada la jornada de votaciones del 1 de julio, la violencia electoral no frenó y se registraron otros dos asesinatos: el 20 de julio, Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de Buenavista fue asesinado durante una reunión con su equipo de trabajo en un restaurante de la cabecera municipal, mientras que el 24 de julio, en Taretan, asesinan al ex candidato a regidor Enrique Equihua Sánchez.

Otros homicidio relacionado al ambiente electoral fue el de Javier Urena González, alcalde interino de Buenavista baleado a bordo de su vehículo en una comunidad del municipio el 27 de junio; autoridades michoacanas informaron que este asesinato fue responsabilidad de un líder criminal apodado “El Botox”, quien pertenece a la estructura del grupo delictivo “Los Viagras” y quien fue detenido esta semana en el estado de Morelos.

También se contempla el homicidio de Mayela Sánchez, colaboradora de la entonces candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza, Mayela Macías, ocurrido el 18 de abril cuando un grupo armado la atacó con armas de fuego a las afueras de su vivienda.

Recientemente, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo señaló que no todos los asesinatos de candidatos o políticos ocurridos durante la contienda se relacionaron al entorno electoral, pero comprometió la aplicación de la justicia en todos los casos sin actuar con un “criterio político electoral’.

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