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Tribunal Universitario viola sus propios acuerdos sobre expulsión de estudiantes

Miércoles 22 de agosto de 2018, por Raúl López Tellez

Pese a los acuerdos conciliatorios aceptados en principio por la Rectoría y la Comisión Permanente del Tribunal Universitario ante el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad en la Universidad Michoacana, de revocar la expulsión definitiva de nueve moradores de la casa del Estudiante Nicolaita y en cambio sancionarlos con la suspensión de un año como estudiantes, tanto la Rectoría como el mismo órgano sancionador no han acatado ninguna determinación, y al contrario han hecho caso omiso de la misma recomendación de éste último.

De acuerdo al expediente 004/2016, donde se revisa el caso del alumno y morador Leonel Huato Peñaloza, con fecha del 20 de febrero del año actual, se estableció por parte de la Comisión Permanente del Tribunal Universitario a través de Miguel Ángel Pita Ramírez, que el alumno debe ser sancionado solo un año de sus derechos como estudiante y ser considerado como tal a partir de marzo del año que corre, lo cual no fue acatado.

Ayer martes, tres de los nueve alumnos expulsados por su participación en movilizaciones del año 2016 para demandar se ampliara la matrícula de ingreso, lo que paralizó a la Universidad Michoacana con la toma de sus instalaciones por más de tres meses, se manifestaron con una manta y pancartas ante el edificio de la Rectoría en Ciudad Universitaria, para demandar al rector Medardo Serna González se determina ya su situación, una vez que el Consejo Universitario aceptó el 25 de mayo pasado la revisión del expediente tras el señalamiento de un consejero profesor de la Facultad de Filosofía y la consejera estudiantil de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, que el dictamen carecía de elementos confiables y objetivos, lo cual fue aceptado y a partir de entonces inició la supuesta nueva revisión del caso que, a juicio de los alumnos afectados, no ha pasado de “pasarse la bolita” entre Rectoría y el Tribunal.

En el caso de Leonel Huato, como al resto de los sancionados, se les pidió como condición para ventilar su reinstalación, el que no participen en movilizaciones ni protestas públicas, medidas precautorias que criticaron ayer martes los manifestantes, al considerar que coarta sus libertades políticas y los mantiene como “rehenes” para que se desactive el movimiento estudiantil en la Universidad Michoacana.

A Huato, caso que el Tribunal consideró “revocar la aprobada sanción de expulsión” para que solo se le aplicara un año de suspensión, debieron restituirse sus derechos en marzo pasado, lo cual no ocurrió, acuerdo que ampararía al resto de los afectados, ya que la misma Comisión Permanente –de acuerdo con los afectados-, consideró excesiva la expulsión y habría propuesto para todos la suspensión por un año.

Los estudiantes reiteraron que desde que inició el proceso en el 2016, ellos interpusieron un amparo en contra de la decisión de ser expulsados, aunque la misma Rectoría les propuso dejar la vía jurídica y acogerse a un acuerdo, lo que logró su desistimiento pero las autoridades “no cumplieron con lo dicho, más bien reactivaron los expedientes” y el Consejo Universitario en pleno aprobó su expulsión el 9 de marzo de este año.

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