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El desafío medioambiental de América Latina

Jueves 9 de agosto de 2018, por Admin2

Foto: Las mujeres indígenas andinas y amazónicas de Perú promueven una economía basada en la distribución y en los saberes ancestrales que giran en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, lo que les permite vivir en armonía con la naturaleza. Ahora trabajan para visibilizar y que se reconozca su aportación en la lucha mundial contra el cambio climático. (ONAMIAP)

Para los 45 millones de indígenas de América Latina, la vinculación con el medio ambiente va más allá de su potencial uso como recurso, es una conexión espiritual y cultural. Ver un río agonizar por sequía o por contaminación, equivale a ver morir a un familiar.

Así lo expresa Ketty Marcelo, del pueblo Yanesha-Asháninka, en la selva central de la Amazonía peruana. Ha visto morir el río Perené con el que creció y, en los últimos años, ha sido voz de las mujeres indígenas ante el cambio climático y el medio ambiente en las COP de Lima, París, Marrakech y Bonn, y preside la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (ONAMIAP, que visibiliza los aportes de estas mujeres en la lucha mundial contra el cambio climático).

Las lagunas de Bolivia están desapareciendo. Los glaciares se derriten en la cordillera peruana: en los últimos 40 años han registrado una pérdida en superficie del 42,64%(respecto al inventario de 1970). El Niño, un fenómeno climatológico extremo cada vez más frecuente, provocó en 2017 inundaciones y, en Colombia, Ecuador y Perú los damnificados se contaron por miles.

Harvey, Irma o María en un solo año: cada vez hay más huracanes en el Atlántico. El aumento de la temperatura está provocando riesgos para la salud en Centroamérica, con mayor propagación de las enfermedades del Zika y Dengue. La deforestación de la Amazonía causa la pérdida de los bosques y la biodiversidad. Estos son algunos de los riesgos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resalta, y advierte, al mismo tiempo, que el costo económico del fenómeno es difícil de prever.

Quizá por eso la región avanza en mecanismos políticos. Son las leyes contra el cambio climático. México fue pionera en 2012, aunque ya en 2010 Bolivia aprobó la Ley Madre Tierra con el objeto de “vivir en armonía” con la naturaleza; Brasil, por su parte, trabajaba en estrategias nacionales desde 2009.

A la ley mexicana le siguió la de Guatemala en 2013, la de Honduras en 2014 y, recientemente, la de Perú. Otros países de la región han ido fortaleciendo políticas para la mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos y desastres.

América Latina es la segunda región que menos gases de efecto de invernadero emite en el mundo (11,7%), de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, pero es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que los daños causados por eventos climáticos extremos son un nuevo reto a su desarrollo.

Nueva economía del clima

Manuel Pulgar Vidal, líder internacional de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), responde al teléfono desde Colombia, donde la organización que trabaja por la conservación de la naturaleza celebró a principios de mayo su Conferencia Anual, con la celebrada presencia del entonces todavía presidente Juan Manuel Santos.

Las leyes contra el cambio climático son positivas, opina Pulgar Vidal, pero no suficientes: “Los sectores económicos y productivos requieren de acciones muy concretas para reducir las emisiones y en la nueva economía del clima no se puede ser ajeno a consideraciones medioambientales”.

Lo ejemplifica con iniciativas regionales que ya son una realidad. Vehículos eléctricos en ciudades ecuatorianas. Quito como una de las ciudades sostenibles del mundo. Chile, Colombia y México poniéndole precio al carbono. El caso de Colombia, que sin una ley marco, tiene normas de acción climática para la reducción de bolsas de plástico, y, por ejemplo, ha creado el fondo Herencia Colombia –que promueve la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida humana, o para la conservación y crecimiento de áreas protegidas, superando la meta global de Aichi de un 10% en áreas marinas–.

“Pocos reconocen el liderazgo de América Latina en la lucha frente al cambio climático. El camino al acuerdo de París tuvo a México recuperando el proceso, tras la pérdida de optimismo en Copenhague 2009; y Perú, junto a Francia, impulsó el acuerdo y logró involucrar a los actores no estatales”, afirma Pulgar Vidal que también fue ministro del Medio Ambiente en Perú.

Este experto resalta el papel de los actores no gubernamentales fortaleciendo la agenda climática: “En los EEUU se ha lanzado una iniciativa equivalente, We are still in, que ha permitido que, sin prejuicio de las decisiones de Trump, el país siga avanzando en acción climática”.

La sociedad civil es clave ante el cambio climático. Elisa Hernández ha recorrido América Latina “con las gafas de desarrollo sostenible y género puestas”. Experta en medioambiente, ha trabajado para organismos internacionales, gubernamentales y asociaciones locales, estudiando el rol de las mujeres indígenas, el derecho al agua y la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.

Afirma que “más allá de las políticas de cada país, es la gente de América Latina la que está llevando a cabo iniciativas sociales muy interesantes como el encuentro Panamazónico o el Tribunal de la Naturaleza, acciones para liderar un cambio de modelo en la región”. Y resalta que uno de los mayores desafíos es “asegurar la participación de las personas en las políticas. Hacer hincapié en las prácticas tradicionales y el respeto a la cosmovisión de las comunidades es fundamental”.

De su experiencia destaca cómo las comunidades se movilizan muy visiblemente en oposición a modelos de desarrollo en los que no tienen participación: “Los escenarios del cambio climático no se conocen con exactitud. Seguramente van a generar situaciones de mayor desigualdad y esto puede exacerbar conflictos a distintos niveles”.

El Atlas Global de Justicia Ambiental sitúa tres países de la región dentro del ranking mundial de conflictos medioambientales: Colombia, Brasil y Perú. Los conflictos, en su mayoría causados por la minería, son una realidad que ya reportan organizaciones como Amnistía Internacional. Dos de sus informes publicados recientemente en Perú, Estado tóxico y Una receta para criminalizar, apuntan a un fenómeno que va en aumento: poblaciones de los Andes y de la Amazonía gravemente afectadas por los metales tóxicos de las industrias extractivas y personas defensoras del medioambiente estigmatizadas y en peligro.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, afirma que América Latina es la región con mayor número de asesinatos de personas defensoras del medioambiente: “2017 fue el peor año en la última década. Hay un uso excesivo de la fuerza. Cuando las personas defensoras de derechos levantan la voz, se les acusa de ir contra el progreso y el sistema penal se utiliza para criminalizarlas. No hemos visto a una autoridad que salga a defenderles y no hay ninguna política de protección”.

Aunque en Perú las organizaciones han dado la bienvenida a la ley de cambio climático, Marina considera que “ratificar el Principio LAC 10 sería un gran paso adelante”. Ese principio, que reconoce que la participación de “todos los ciudadanos interesados” es el modo óptimo “para tratar las cuestiones ambientales”, es el antecedente del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, los tres pilares hacia la gestión del medioambiente y el desarrollo sostenible, aprobado el pasado mes de marzo.

Las mujeres, más afectadas por el extractivismo

¿Por qué un país que aprueba y lidera acciones climáticas promueve, en paralelo, un desarrollo basado en el extractivismo –opción que merma los derechos de las poblaciones–? “Es un gobierno esquizofrénico”.

Así responde la coordinadora del Grupo Perú Ambiente y Clima, Beatriz Salazar, que agrupa a casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la ley contra el cambio climático: “En Perú hay un debilitamiento de los estándares ambientales y se aprueban normas que benefician las inversiones a costa de la vulneración de derechos”.

Rocío Silva Santisteban, periodista peruana que ha investigado cómo las actividades extractivas afectan a las mujeres en América Latina, afirma que “las mujeres defensoras son heroínas” pues se enfrentan casi en solitario a una resistencia que vulnera todos sus derechos.

En Mujeres y conflictos ecoterritoriales concluye que estos conflictos son el gran problema del siglo XXI en la región y que el modelo de desarrollo extractivista es insostenible a largo plazo y, más aún, ante el cambio climático.

Marcelo ha cambiado su río Perené por el río Rímac en Lima. Todas las mañanas le saluda, aunque, como ocurre ahora, baje sucio. Esta portavoz de las mujeres indígenas asegura que seguirá trabajando para que se reconozcan las contribuciones andino-amazónicas de las mujeres: “Ya estamos adaptándonos al cambio climático, nos asociamos en iniciativas productivas como piscigranjas, promovemos la artesanía, los corredores turísticos y queremos visibilizar la economía indígena”. Esta economía, basada en la distribución y en los saberes ancestrales en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, les permite vivir en armonía con la naturaleza.

 

Publicado originalmente en Equal Times

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