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Justicia expedita no llegó para 43 ayuntamientos en controversias ante SCJN

Viernes 3 de agosto de 2018, por Patricia Monreal

Un total de 43 ayuntamientos michoacanos acabarán funciones sin ver cristalizada la justicia expedita en once controversias constitucionales promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría debido a la retención de recursos provenientes de participaciones.

Los ayuntamientos de Jiménez, Uruapan, Quiroga y La Piedad promovieron cada uno dos controversias constitucionales, sin que ninguna de ellas haya sido resuelta hasta el momento.

Existen dos controversias promovidas contra la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, ambas presentadas este año, la 48/2018 de Morelia y la 49/2018 de Cherán.

La controversia más añeja de los municipios michoacanos es la 118/2017 promovida por el ayuntamiento de Uruapan contra el Poder Ejecutivo Estatal por “la omisión, retención y falta” de administración de las aportaciones y participaciones federales provenientes del Fondo General de Participaciones del Ramo General 28, correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.

Le sigue la 217/2017 de Aquila por la “ilegal e indebida” retención de los recursos federales y estatales del ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Servicios Públicos Municipales.

Luego está la controversia 237/2017 promovida por Quiroga en contra del Tribunal Electoral del Estado, en particular al procedimiento relativo al juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales en el expediente número TEEM-JDC-011/2017 y la sentencia dictada por el organismo el 26 de junio de 2017 dentro de dicho expediente.

Un total de 37 ayuntamientos michoacanos promovieron el año pasado la controversia registrada con el número 272/2017 en la que se demanda al Ejecutivo Estatal el haber determinado y ordenado al Secretario de Administración y Finanzas “de manera unilateral, ilegal e inconstitucional la retención de diversas cantidades de dinero”, que por concepto de participaciones en ingresos federales y estatales le corresponden a cada uno de los municipios del ejercicio fiscal 2015, y específicamente del Fondo de Servicios Públicos Municipales; ingresos que con anterioridad fueron legalmente autorizados por la Legislatura Estatal, sin existir facultades legales del Ejecutivo, ni documentos suscritos que autoricen las retenciones.

En esa querella los ayuntamientos que participan son Angangueo, Ario, Carácuaro, Contepec, Copándaro, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, Indaparapeo, Jiquilpan, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Marcos Castellanos, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Santa Ana Maya, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tlazazalca, Tumbiscatío, Turicato, Tzitzio, Villamar, Zamora y Zináparo.

También en 2017 el ayuntamiento de Jiménez promovió la controversia 273/2017 por la retención de participaciones federales y estatales del ejercicio fiscal 2015.

Las otras controversias fueron promovidas este año, la primera la 5/2018 de La Piedad por la violación del artículo 115 de la Constitución Federal, ya que el gobierno del estado “violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal” porque “omitió cubrir o pagar” la totalidad de las participaciones y aportaciones federales al municipio del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) que fueron autorizadas para el ejercicio fiscal 2010 y 2011.

Ixtlán promovió la controversia 62/2018 también en contra del gobierno del estado por la retención de las participaciones del 2015.

La controversia 64/2018 fue promovida por Uruapan debido al incumplimiento del Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la vertiente de “Infraestructura para el Hábitat”, correspondiente al 2016 celebrado con la federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ya que no se hizo entrega de las cantidades que fueron pactadas, acordadas y aprobadas.

“La autoridad demandada incurre con su omisión en una inconstitucionalidad, provocando con ello un daño y perjuicio al municipio de Uruapan, toda vez que éste perdió la posibilidad material de cumplir con sus funciones inherentes de satisfacer las necesidades públicas y sociales, ante lo cual resulta procedente el pago de intereses a favor del municipio accionante, en cuanto al incumplimiento de entregar los recursos financieros por parte del Poder Ejecutivo Federal y de acuerdo a las tasas fijadas por el Congreso de la Unión en la materia, para pago a plazos de contribuciones”.

Finalmente está la controversia 85/2018 del Municipio de Jiménez por la omisión de realizar el pago de las aportaciones y participaciones federales del 2016.

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