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La CEDH integra queja contra policías de Tanhuato por no respetar derechos de jornaleros agrícolas

Viernes 3 de agosto de 2018, por Francisco J. Torres

Derivado de las acusaciones de abuso de autoridad cometidas por elementos de seguridad en el municipio de Tanhuato contra de los migrantes agrícolas, a quienes les cobraron una cuota por hacer uso de las instalaciones del albergue para jornaleros, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de su visitaduría regional de Zamora, levantó queja de oficio en contra de los Elementos de la Policía Michoacán en ese municipio, ello debido a que los migrantes estaban amparados y no deberían pagar ninguna cuota.

De acuerdo con el oficio ZAM/299/2018 de la CEDH se levantó una nueva queja, la tercera en este caso, en contra de los elementos de la SSP en ese municipio, esta acusación fue por no respetar el derecho a la integridad y seguridad personal, consistente en derecho a la protección contra toda forma de violencia.

También se le dió seguimiento a la queja de los migrantes agrícolas por la mala administración del albergue y por cobrarles la estancia, por lo que a las autoridades administrativas se les abrió un nuevo procedimiento para exigirles el respeto del derecho a las buenas prácticas de la administración pública para obtener servicios públicos de calidad.

Todo ello trascendió gracias a denuncias de organizaciones activistas, como Humanas sin Violencia AC, y la Red Solidaria de Derechos Humanos AC, que señalaron públicamente que el 31 de Julio del presente año, llegaron policías municipales a exigir a las familias jornaleras que habitan el albergue de Tanhuato, una cuota excesiva y arbitraria por concepto de renta de los cuartos que ahí se encuentran dispuestos, señalando que de lo contrario quienes no pagaran tendrían que abandonar las instalaciones del albergue.

las mismas organizaciones civiles han referido que previo al atropello cometido por los policías, más de la mitad de las familias que viven en el albergue interpusieron dos amparos y cuentan con una suspensión provisional que previene a las autoridades de no continuar con el cobro de dicha cuota o de expulsar a los habitantes del albergue por cualquier motivo relacionado con la misma.

Sin embargo el Ayuntamiento de Tanhuato hizo caso omiso de los amparos toda vez que continuó exigiendo el cobro de dicha cuota, y aún más, incurrió en una violación de derecho a la vivienda al impedir a los trabajadores el uso de las instalaciones del albergue, lo que se traduce en el riesgo de que los jornaleros y sus familias, quienes son migrantes y dependen del ingreso diario que obtienen a partir del trabajo, queden en situación de calle, con precarias condiciones económicas que los dejan en un estado de grave vulnerabilidad.

Las violaciones a los derechos humanos en el albergue de Tanhuato no son nuevas, desde el 2016 y el 2017 se interpusieron quejas ante la CEDH y luego ante la CNDH, contra el entonces delegado de la Sedesol en Michoacán, Jerónimo Colo, por tratarse de un albergue subrogado por esa dependencia; contra Juana Jalomo Gaona y/o Juana Palomar Alamilla, como administradora del albergue, y contra Felipe Ramón Comaparan, como coordinador administrativo del municipio de Tanhuato, todos ellos acusados de violentar los derechos humanos de los trabajadores agrícolas.

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