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Jornaleros agrícolas migrantes no son considerados como sujetos de derecho, acusa Humanas Sin Violencia

Miércoles 1ro de agosto de 2018, por Francisco J. Torres

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Ayuntamiento de Tanhuato, al frente del presidente Humberto Ramírez Jaramillo, no consideran a los migrantes agrícolas como sujetos de derecho, a quienes usando la fuerza pública les cobran la estancia en el albergue para jornaleros que viajan desde otros estados de la república.

La mayoría de los refugiados son migrantes indígenas que acuden a esas regiones de Michoacán para trabajar en el corte de jitomate o chile, perciben en promedio 150 pesos por una jornada, pero están a expensas de que haya trabajo y las condiciones climáticas, en ocasiones sólo trabajan tres días por semana.

Muchos jornaleros viajan con las familias enteras, incluso los niños tienen que trabajar para ayudar con la economía familiar, juntos acumulan una cantidad apenas suficiente para la alimentación, el traslado y otras necesidades básicas.

Sus condiciones son demasiado adversas; la Sedesol construyó el albergue para que no durmieran a la intemperie y que las mujeres y los niños no padecieran enfermedades a causa de las condiciones infrahumanas en las que vivían cada temporada de trabajo.

Sin embargo, desde el 2016 cuando inició la administración municipal de Humberto Ramírez, se hizo cargo del albergue la señora Juana Alomo Alamilla, y los jornaleros comenzaron a ser hostigados, se les obligó a pagar 35 pesos por persona cada semana, y se reglamentó que en cada habitación cabían 6 personas, por lo que se estableció una tarifa de 210 pesos por habitación, todo ello a pesar de que el albergue está subrogado por la Sedesol.

Debido a estos abusos la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, comenzó a trabajar por el mejor bienestar de los jornaleros agrícolas migrantes. Desde el 2016 se interpusieron denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y después en el 2017, porque Juana Alomo corrió a los moradores del refugio e incluso lo cerró de enero a septiembre de ese mismo año, según consta en los expedientes de la CEDH ZAM/298/2016 y ZAM/502/2017.

De todo ello también tuvo conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conforme al expediente CNDH/4/2017/6890/Q.

También interpusieron un amparo colectivo contra el cobro para el refugio, el cual concedió el Juez 6º de Distrito del municipio de Uruapan, por lo que los jornaleros ya no deberían pagar su estancia en el albergue.

Sin embargo la noche del pasado martes 31 de julio llegaron hasta el albergue policías a bordo de dos patrullas del Ayuntamiento de Tanhuato, exigiendo a todos los jornaleros que pagaran su estancia o de lo contrario serían echados a la calle, intimidados lo migrantes tuvieron que pagar la cuota que les exigían, gastando una tarifa destinada a otros menesteres y viendo violentada la disposición del Juez que dió el amparo.

Por este motivo la organización Humanas Sin Violencia A.C. denunció que los migrantes no están siendo considerados como sujetos de derecho, y ni la CNDH ni la CEDH se han pronunciado por estos abusos que se comenten en el citado albergue, los migrantes son hostigados y obligados a pagar su estancia de un servicio que ofrece la Sedesol.

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