Publicado en línea el Martes 24 de julio de 2018, por Francisco J. Torres

Lo de Ixtapilla fue un crimen de estado, lo aceptó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Estado de Michoacán, es el primer delito extrajudicial admitido por el Estado, declaró Raymundo Ortíz Martín del Campo, abogado del caso en la comunidad nahua.

Aunque las instituciones señaladas aceptan el delito, esa fue su respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas ya se están haciendo los procedimientos para avanzar en el tema de indemnizaciones y responsabilidades, pero no hay culpables directos, los elementos del Ejército Mexicano que participaron en el atentado repentinamente causaron baja voluntaria y no hay culpables.

Aunque las autoridades asumieron la culpa, sigue existiendo impunidad en el caso, porque los soldados no van a la cárcel.

“A la PGR se le recomendó perseguir el caso hasta el final, que busque a los soldados que cometieron el asesinado del niño Hidilberto Reyes y lesionaron con arma de fuego a otras 11 personas, pero más allá de las indemnizaciones, se quiere ocultar el Delito de Estado, la PGR tiene congeladas las investigaciones previas para dar con los castrenses que son responsables directos, a pesar de que hay pruebas suficientes, dicen que falta una reconstrucción de hechos, tenemos año y medio esperando la reconstrucción de hechos”, evidenció Raymundo Ortíz.

Las recomendación que emitió la CNDH las dirigió al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y él contesta que acepta que hubo una comisión violatoria de los Derechos Humanos que derivó en el asesinato de un infante.

También está involucrado el exgobernador de Michoacán y exrector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero.

“Es un sólo acto delictivo en el que hubo diversos atentados, el mismo Gobierno del Estado es responsable, por la represión que hicieron en El Duin, (una de las tres comunidades donde hubo bloqueos y disparos contra la población), en aquel momento el ‘gobernador títere’ llamó a la Fuerza Ciudadana, que era la Policía del Estado, para que golpearan a las personas; Salvador Jara es el primer responsable de haber realizado este operativo, es el que debería ser investigado y encarcelado”, acusó el abogado de los indígenas de Ixtapilla.

Aunque las instituciones de gobierno señaladas aceptan su responsabilidad y trabajan para subsanar los daños, prevalece la impunidad porque no ha sido consignada ninguna persona por este crimen.

Se comprobó que el operativo en sí era ilegal, desde la forma en que se ordenó. Ahora se convierte en el primer crimen de estado aceptado por la administración priista de Enrique Peña Nieto, el primer aceptado por el Gobierno Federal en la historia de México, ni siquiera el caso de Atenco lo ha sido, ese caso sigue discutiéndose en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Pero tampoco es el primer caso donde se registra un abuso de la fuerza pública, entre los casos más recientes están los 43 normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya, en el mismo estado vecino de Guerrero, la misma masacre de Apatzingán en el 2016 donde hubo muertes extrajudiciales, todos ellos impunes y bajo investigación; pero el caso de Ixtapilla es el primero que las autoridades involucradas aceptan que participaron en un Crimen de Estado, es una actividad criminal cometida por instituciones judiciales y militares.

Si no se procesa a los responsables directos de este asesinato, de nada servirá que el Estado acepte que comete actividades criminales utilizando el poder judicial, será un caso más de impunidad, porque no se está cumpliendo a cabalidad con la condena de juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

En el caso de Ixtapilla, la PGR es la primera señalada por impunidad, porque es la instancia responsable de investigar a los soldados que cometieron el delito, quienes gracias a las nuevas reformas judiciales ya no pueden ser juzgados en una corte militar cuando comete un delito civil, deben ser juzgados por un juez de distrito, pero la PGR no los ha consignado.

Al ser el primer crimen de Estado que se acepta como tal, la misma población de Ixtapilla exige que antes de que Enrique Peña Nieto abandone Los Pinos, pida una disculpa pública a las familias afectadas.

Otra de las cosas que denota impunidad, es que de acuerdo a la fatiga de la investigación, la mayoría de las armas que regresaron fueron asignadas a soldados que se dieron de baja inmediatamente después de este atentado, pero sabemos que en este proceso los soldados tardan de seis meses a un año para que les concedan su baja, en este caso fue sorprendente por la rapidez con la que las concedieron, en dos semanas, el Ejército está encubriendo a esos soldados, nos proporcionaron domicilios de cuando se dieron de alta, pero ya no aparecen allí y no están enrolados, no sabemos nada de los expoliados.

La entrada Asesinato de niño en Aquila, un crimen de Estado; el gobierno lo acepta pero protege a responsables se publicó primero en Michoacán.


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