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Guanajuato y su deuda con los desaparecidos

Lunes 16 de julio de 2018, por Admin2

Guanajuato es una entidad con gobiernos conservadores que niegan la gravedad de las violaciones a derechos humanos, así fosas clandestinas, desapariciones forzadas y delitos vinculados con el narco, son minimizados por el Gobierno del Estado y las víctimas son criminalizadas, sin posibilidad de acceso a la justicia y a la reparación del daño.

A nivel federal, después de 3 años de haber sido presentada, fue aprobada en noviembre de 2017 la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” (o Ley de Desaparición), que establece la coordinación de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas; en Guanajuato esta Ley ha sido totalmente ignorada.

La Ley busca también esclarecer los hechos, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Guanajuato no ha armonizado la legislación, ni cuenta con mecanismos para la reparación integral a víctimas, ya que no cuenta con una Ley de Víctimas.

El Gobierno ignora la Ley a tal grado que no ha establecido su Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, ni ha creado la Comisión Estatal de Búsqueda ni cuenta con un Registro estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas; al menos la Comisión tenía que ser instalada en marzo, y Guanajuato no ha hecho nada al respecto.

Es importante recordar, que en la exposición de motivos de la Ley al ser presentada, se considera que hay cuatro grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las personas defensoras de derechos humanos, personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales, personas migrantes y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada. Estos 4 grupos son relevantes para la realidad de Guanajuato, pero el Congreso del Estado y el Ejecutivo del Estado lo ignoran.

La desaparición forzada de personas se tipificó a nivel federal en 2001, el legislativo de Guanajuato incorporó el tipo penal hasta 2013. En la Ley de Desaparición se recupera la exigencia de las familias de incluir la desaparición cometida por particulares, lo que tiene que ser recuperado por el Congreso local y por fin eliminar los enredos jurídicos del código penal estatal para calificar las desapariciones.

Cuando desaparecieron a un grupo de cazadores que viajaron de Guanajuato a Zacatecas en 2010, la única voz que se hizo escuchar fue la de Ángeles López, a ella le debemos el primer esfuerzo organizado por acceder a la justicia en estos casos.

Han pasado 8 años de ello y las cifras no mienten.

En informes por separado, organizaciones de la sociedad civil y la CNDH coinciden en la existencia de entre 4 y 18 fosas clandestinas en Guanajuato (2007-2014), probablemente vinculadas con desaparición forzada. Sólo para mencionar casos concretos, recordemos a los 7 desaparecidos de Cerro Gordo en Salamanca en 2016 y a Juan Flores Solorio, quien fuera víctima de desaparición forzada por militares en Pénjamo, caso por el que la Jueza 9º de Distrito ordenó a la PGR abrir los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para buscarlo. Y más recientemente, el caso de las personas desaparecidas en mayo de este año en Celaya.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNEP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública que concentra datos estatales, hasta julio de 2018 había 621 personas desaparecidas en Guanajuato sumando los delitos del fuero federal y del local, a las que habría que sumar las 126 que fueran dadas de baja del RNPED pero que las organizaciones en el portal http://personasdesaparecidas.org.mx/db/borrados sí tienen consideradas. Los datos pueden aumentar debido al subregistro de casos y a la calificación de los delitos a nivel local.

En 2016 el análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que Guanajuato era la tercera entidad con personas menores de 18 años desaparecidas.

Además, hasta junio de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) contabilizó 3174 mujeres desaparecidas en 5 entidades: Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México, 70% de ellas entre los 10 y los 17 años. Las Libres, por su lado, señalan que el patrón de violencia contra las mujeres ha cambiado en el Estado con la irrupción del crimen organizado.

En Guanajuato ha habido propuestas interesantes, por ejemplo, Fabrizio Lorusso sugiere una ruta para bajar la Ley de Desaparición a nivel municipal en León, Guanajuato; señalando que implica la armonización del marco legal, fortalecer la coordinación con autoridades estatales y federales, capacitar al funcionariado y establecer protocolos de actuación.

¿Qué espera el Gobierno de Guanajuato y el Congreso del Estado para tomarse en serio las violaciones graves a derechos humanos cometidas en la entidad? Tienen una deuda con las personas desaparecidas y es hora de cubrirla.

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