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La nueva manta corta tensa las alianzas y nubla las ideas en Cambiemos

Viernes 13 de julio de 2018, por Alejandro Bercovich

A diferencia del acuerdo con Jamaica de 2016, aprobado el 11 de noviembre de ese año por el directorio político del Fondo Monetario y refrendado por su staff técnico en el reporte publicado apenas cuatro días después, el stand-by por 50.000 millones de dólares que acordó Christine Lagarde con Mauricio Macri logró la venia del directorio el 20 de junio pasado y todavía no tuvo su "staff report" más de tres semanas después. La demora, que también implica que no se conozcan en detalle los compromisos que asumió el Gobierno ante al organismo, no tiene antecedentes en los últimos años y expresa los reparos de un ala de sus tecnócratas respecto del futuro del nuevo plan económico fijado tras la corrida cambiaria.

Anoche, voceros del Ministerio de Hacienda dijeron a BAE Negocios que aguardaban la publicación del reporte "para las próximas horas" y que todo se mantenía "en los plazos normales". Desde el cuartel general de la calle 19 de Washington DC, no obstante, voceros del organismo habían asegurado el 21 de junio este diario que el material se difundiría a la semana siguiente. Transcurrido ese lapso dijeron no tener precisiones respecto de la fecha. Ayer optaron directamente por ignorar los llamados y mensajes de whatsapp con la misma inquietud.

Tal como se publicó en esta columna la semana pasada, el ruido en la línea lo produjeron los vertiginosos vaivenes que el mercado impuso al Gobierno durante el último mes y el despido con causa de Federico Sturzenegger, uno de los firmantes del acuerdo. Dado que uno de los objetivos del programa es impedir cualquier futura asistencia del Banco Central al Tesoro y aislar las cuentas de uno de las del otro, su reemplazo por el exministro de Finanzas Luis Caputo no colaboró con la imagen de independencia que exige el Fondo. La noticia de que ningún senador peronista prestará su indispensable aval a la designación de Caputo al menos hasta cuando se discuta el Presupuesto, en septiembre, tampoco ayudó a calmar las aguas en Washington.

La geopolítica, más piadosa en este caso que la matemática de Wall Street, está del lado de Macri. Dos ex representantes argentinos ante el FMI bajo distintas administraciones coincidieron ante este diario en que los gobiernos del G-7 están dispuestos a inclinar en favor suyo la balanza en el directorio, donde ejercen férreamente su mayoría accionaria. Incluso aunque tengan que empezar a conceder "waivers" (perdones) en la primera revisión de las metas, lo harían con tal de que la gestión de Cambiemos no colapse bajo el peso de sus propios errores y del agravamiento de los desequilibrios heredados del kirchnerismo. Al fin y al cabo, siguen viendo en él un dique viviente contra los populismos que perciben acechantes tras victorias como la de Andrés Manuel López Obrador en México.

Esa voluntad política de respaldo a Macri, no obstante, se pondrá a prueba cada tres meses, con cada misión que aterrice en Buenos Aires para revisar el programa. Y ahí aparecerá la restricción sobre la que abrió fuego (cada vez menos amigo) Carlos Melconian, quien avisó esta semana que "con el Fondo no alcanza". Uno de los ex representantes argentinos ante el FMI consultados por este diario coincidió con él crudamente: "El Fondo no es un banco. Es muy cándido creer que tenemos las necesidades financieras cubiertas para 2019 por tener un programa con ellos. Lo que te promete el Fondo es que si cumplís con las condicionalidades, va a haber desembolsos. Pero si no, no se hacen. Y como cada revisión tiene que ser aprobada por directorio, cada vez que haya una reunión de directorio va a haber volatilidad en el mercado porque va a haber quienes apuesten a que se corta el chorro", graficó.

Dos eventualidades amenazan con irritar al directorio y empezar a frenar los desembolsos. Por un lado, los incumplimientos como el que ya detectaron en la meta de inflación para este año (era del 27% con un techo del 32% cuando se firmó el pacto y ahora supera el 30%) ofuscan a directores influyentes como el fiscalista alemán Steffen Meyer, cuya jefa Angela Merkel no tuvo empacho en imponer ajustes draconianos a Grecia durante años. Por otro, las protestas de multinacionales que se sientan afectadas si Macri empieza a aplazar sus promesas de devolverles rentabilidad, como las petroleras, las contratistas o las distribuidoras de energía, también pueden meter la cola. Es la pesada herencia de Juanjo Aranguren para su sucesor, Javier Iguacel, quien en apenas una semana de gestión debió ponerle la cara a dos subas de combustibles.

Chivos expiatorios

Tras la sangría de apoyos que sufrió en lo que va de 2018 y ante la ingrata tarea de ajustar como nunca durante el año en que se juega su continuidad, el Gobierno activó todos sus radares para señalar culpables extramuros. La actriz que más le rindió en ese papel, Cristina Kirchner, se mantiene en un silencio perturbador, como si siguiera el refrán que repite siempre José de Mendiguren: "Si el rival se está equivocando, no lo interrumpas". Se sumó a su voto de silencio el expectante Sergio Massa, quien ante sus íntimos admite que lo mejor sería una PASO unificada donde se dirima el candidato opositor entre todos los peronistas. La peor pesadilla de Marcos Peña, el mago de los tres tercios.

Los que se titilaron en esos radares fueron los Eskenazi, dueños del grupo Petersen, el nuevo blanco corporativo que eligió la tropa del devaluado Peña tras la guerra subterránea que emprendió sin grandes consecuencias contra el zar de los aeropuertos, Eduardo Eurnekian. "Los santacruceños Eskenazi se quedaron con el 25% de YPF sin poner un peso (entre 2008 y 2011) y después hicieron juicio cuando se estatizó el control de la empresa (2012). Y después vendieron el juicio. Ganaron dos veces, sin hacer nada, contra un Estado bobo (o peor)", tuiteó el miércoles desde la Casa Rosada el coordinador de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa.

El juicio en cuestión, que lleva adelante el fondo buitre Bruford en Estados Unidos, no fue iniciado ni vendido por los Eskenazi. La sentencia que obtuvieron los buitres tras haberle comprado el juicio al síndico español que administró la quiebra de la filial ibérica de Petersen Energía, además de provisoria y apelable ante la Corte Suprema de ese país, todavía requiere que los demandantes prueben haber sido perjudicados económicamente por la decisión del Congreso de expropiar el 51% y no el 100% de YPF. También les costará probar que no se trató de un ejercicio soberano del Congreso, que los tribunales norteamericanos no pueden juzgar. Pero más allá de los reparos que pueda generar la opaca "argentinización" coordinada entre los Kirchner y los Eskenazi, lo que quedó claro es que el Gobierno prefiere perder otros 3.000 millones de dólares de los contribuyentes en un juicio aún ganable antes que seguir drenando votos por la ausencia de un enemigo al que endosarle los propios yerros.

¿Nadie le llamó la atención al coordinador de Comunicación Estratégica sobre lo peligroso de utilizar un gentilicio para sugerir complicidad en un ilícito? ¿Para qué habrá destacado que los Eskenazi son "santacruceños", cuando el patriarca Enrique nació en Santa Fe y todos sus hijos son porteños? ¿No sería igual de injusto si alguien apuntara a la sobrerrepresentación de los nacidos y criados en San Isidro en el plantel de funcionarios de Cambiemos, lista a la que contribuye el propio Iglesias Illa? ¿No será hora de que los funcionarios dejen de tuitear y se pongan a gobernar?

Enamorarse del relato expone al poder a esos dobleces, como comprobó amargamente el gobierno anterior. El relato "M", por ejemplo, hizo un dogma de la rebaja de las retenciones a la exportación de granos, intocable incluso después de una devaluación del 50%. Macri no cedió siquiera ante la evidencia de que, sin retenciones, la harina de trigo se encareció el 60% en un semestre. Son climas de época: así como hasta el menemismo la evasión estaba peor vista que la corrupción, eso después cambió al punto que hoy, auge de las offshore mediante, el evasor es visto casi como un objetor de conciencia del pago de impuestos.

Tanques

La explosión del plan económico oficial también disparó una crisis en las usinas de pensamiento del macrismo. La eyección del Banco Central de varios economistas de la Universidad Di Tella que habían llegado con Sturzenegger, por caso, detonó un tenso debate en esa prestigiosa casa de altos estudios. Allí empiezan a alzarse voces que alertan sobre el riesgo reputacional de haber quedado tan asociadas a la gestión Cambiemos. Economistas como Andrés Neumeyer, quien finalmente renunció a su cargo en el Central tras varios amagues, enfrenta resistencia para volver a su puesto académico. No lo ayuda el rencor con que muchos colegas miran a todo el equipo de Economía, al que acusan de haber jugado a dos puntas entre el gobierno y la universidad. Tampoco la ultraortodoxia que agitan sus profesores más cercanos, como Juan Pablo Nicolini y Juan José Cruces.

No es el único "think tank" oficialista en ebullición. La Fundación Pensar quedó completamente desdibujada y el programa "Argentina 2030" perdió la poca presencia que había tenido en el debate público bajo la batuta de Eduardo Levy Yeyati. El CIPPEC, por su parte, que le aportó a Cambiemos cuadros de la talla de Nicolás Ducoté, Fernando Straface o Miguel Braun, evitó pronunciarse explícitamente sobre la legalización del aborto para no echar nafta al fuego de la dura interna oficial desatada en torno al proyecto. El centro de estudios, donde hizo sus primeras armas como voluntario un jovencísimo Marcos Peña, es la ONG con mejor financiamiento del país. Con la mitad de su presupuesto, por citar un ejemplo, el CELS logró en solo seis meses mucha mayor influencia en el debate público y fijó mojones palpables como que se declare inconstitucional un decreto contra los inmigrantes o que se juzgue a los responsables del asesinato de 33 presos en 2005 en el penal de Magdalena.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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