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Desahucios, la vergüenza del sistema en España

Martes 26 de junio de 2018, por Admin2

El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada…”. Lo que se le olvidó a la clase política fue especificar que sólo tendrán ese derecho las personas que puedan pagar las abusivas cuotas que bancos y demás usureros impongan por prestarles el dinero suficiente para poder acceder a esas viviendas.

Una de las mayores vulneraciones a ese derecho como consecuencia de la crisis-estafa son los desahucios. Al drama de ser desalojadas de sus hogares, en numerosas ocasiones con violencia por las fuerzas represoras del Estado, se añade que miles de familias tienen que seguir haciendo frente a las deudas adquiridas más los elevados intereses de demora por el impago de las mensualidades.

Se calcula que desde el inicio de la crisis-estafa más de 700.000 familias han sido desahuciadas en el Estado español, tanto por impago de hipoteca, como de alquiler.

Ni siquiera los llamados “Ayuntamientos del cambio”, a pesar de sus promesas electorales, han dejado de ejecutar desahucios ni han forzado alternativas al gran drama que supone dejar en la calle a familias numerosas, monoparentales, a menores, a personas ancianas, mujeres embarazadas, discapacitadas…, incluso en pleno invierno y/o durante el curso escolar, supuestos todos ellos de casos de especial vulnerabilidad que estarían protegidos contra los desahucios.

El 88% de las personas desahuciadas presentan cuadros de ansiedad y 9 de cada 10 sufren depresión. No garantizar el derecho a la vivienda se ha cobrado la vida de numerosas personas que en un momento de desesperación optaron por quitarse la vida de forma violenta.

Para agravar la problemática de los desahucios se aprobó el llamado Desahucio Exprés por Precario.

Precario: uso y disfrute de un bien ajeno sin pagar nada a cambio y por la simple voluntad o tolerancia de su dueño o de la persona con derecho a poseer la finca, aunque a veces el ocupante asuma ciertos gastos como suministros eléctricos o similares.

Los supuestos más habituales son:
– Cesiones gratuitas a familiares y amistades.
– Inmuebles usados por coherederas y coherederos.
– Inmuebles ocupados sin consentimiento.
– Viviendas cedidas de padres a hijos e hijas por matrimonio, que tras el divorcio se atribuye a la nuera o yerno.

La figura del precario, según señala el Tribunal Supremo, no está regulada en el Código Civil, aunque sí se hace mención de ella en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La simple oposición del propietario pone fin a la tolerancia y obliga al que posee a devolver el inmueble a su dueña o dueño.

Ante tanta impunidad y, la pasividad de las instituciones, nacen movimientos ciudadanos formados por personas voluntarias que se oponen con sus cuerpos, sus consignas y su coraje a la ejecución de los desahucios y que en muchas ocasiones conllevan agresiones por parte de las fuerzas represoras, detenciones, denuncias y multas económicas. Y dichas personas, junto a un grupo de juristas, se han unido para luchar contra la lacra de los desahucios creando la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca, PAH que asesora, acompaña y defiende a las familias ante los desahucios y sus procesos. Gracias, en gran parte, a la presión y lucha incansable de estos movimientos ciudadanos, los Bancos y Cajas se han visto en la obligación de conceder daciones en pago a las personas hipotecadas que han sido echadas de sus casas tras no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca que contrajeron en su día con las entidades bancarias.

¿Qué es dación en pago? Es aquella causa de extinción de las obligaciones por las que acreedor y deudor pactan la transmisión del domino por parte de este último de ciertos bienes a favor del primero, que los acepta en pago, quedando extinguida la obligación primitiva, sea cual fuere la prestación a que se hubiese obligado.

Según la PAH, desde julio de 2008, el número de desahucios supera los 200.000. Sólo en el primer trimestre de 2012 se produjeron cerca de 47.000 desahucios por vía judicial, lo que viene a equivaler a unos 520 desahucios al día, según el Consejo General del Poder Judicial.

Según el Banco de España, ese mismo año se produjeron más de 30.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales, el 43% aproximadamente fueron daciones en pago y más de 4.000 fueron entregadas voluntariamente.

Un número elevado de esas viviendas fueron desalojadas con la intervención de las fuerzas represoras junto a la Comisión Judicial.

La gran mayoría de los desahucios que se produjeron y producen, corresponden a viviendas habituales. Las cifras son alarmantes y van en aumento año tras año. En 2006 se ejecutaron 16.097 desahucios que fueron “in crescendo” hasta llegar a contabilizarse hasta el año 2012 un total de casi 200.000 desahucios. En el primer trimestre del año 2013 se contabilizaron 19.468 desahucios según el Consejo General del Poder Judicial. Sólo en el primer semestre de ese mismo año, según el Banco de España, se ejecutaron más desahucios que en todo el año 2012.

Mientras haya conciencia ciudadana, la lucha contra los desahucios no cesará.

NI CASAS SIN GENTE, NI GENTE SIN CASA

 

Este material se comparte con autorización de El Salto

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