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Cuando tenga la tierra

Martes 5 de junio de 2018, por Débora Cerutti para La Tinta

El desalojo de más de un centenar de familias en Estación Juárez Celman quedará en la memoria colectiva como uno de los hechos más violentos ocurridos en la última década en la provincia de Córdoba en torno al conflicto por tierra y vivienda. La voluntad política de gobernantes y la orden de desalojo emitida por la Cámara Sexta (nunca hecha pública) permitió que las topadoras arrasaran con el barrio comunitario Parque Esperanza.

Un año antes de que iniciara la toma del predio, el colectivo de investigación El llano en llamas daba a luz un informe denominado “Tomas de tierra en la provincia de Córdoba”. En él, confirmaban que en el año 2013 existían en la provincia 238 asentamientos informales mientras el número de viviendas particulares deshabitadas ascendía a las 253.658 (20,6% del total de viviendas en la provincia). El déficit habitacional era de casi el 50 por ciento de los hogares. Por otra parte, el encarecimiento del valor de la tierra dentro del ejido urbano era una realidad: el incremento registrado en 2010 era el 50 por ciento superior respecto a cinco años atrás.

El 7 de junio del 2014, vecinas y vecinos se organizaron para tener un lugar donde vivir y enfrentar esta realidad provincial. Con una necesidad apremiante de un techo y la voluntad inmanente de soportar la precariedad, con el sueño de un hábitat digno, la Cooperativa 12 de Junio se constituyó como respuesta a un Estado ausente e incapaz de garantizar el derecho a una vivienda.

Un grupo de personas tomó posesión de un predio de más de diez hectáreas a la vera de la ruta en Estación Juárez Celman y allí empezaron a organizar la distribución de la tierra, la diagramación de las manzanas y la creación de comedores populares, roperos comunitarios, huertas y copas de leches.


(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Según señalaron vecinas, las tierras estaban abandonadas: la mayoría figura a nombre de la empresa URBANOR SA que en el año 1992 consiguió una aprobación para hacer un desarrollo inmobiliario pero el proyecto nunca fue ejecutado; otra parte de las tierras resulta de una herencia familiar que nunca fue reclamada y, la última parte, es un terreno fiscal que pertenece al Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Sin embargo, para la Justicia, las personas que ejercían su derecho posesorio sobre las tierras eran usurpadores y por ello tuvieron que resistir trece intentos de desalojo en cuatro años. Cuando parecía que podían lograr que el Gobierno Provincial expropiara las tierras para garantizar el derecho a la vivienda, el viernes llegó el último desalojo y las esperanzas se derrumbaron. Las topadoras pasaron por encima de las casas, de los sueños, de los derechos dejando a su paso escombros, llantos e impotencia.

El 01 de junio del 2018, a las 4 de la mañana, los y las vecinas fueron notificados de que la Policía de Córdoba llevaría adelante, a como diera lugar, el desalojo del barrio comunitario Parque Esperanza. Lo que allí ocurrió, es un botón de muestra de lo que puede lograr una alianza estratégica entre jueces, funcionarios públicos, aparato represivo del Estado y empresas privadas, con la complicidad de los grandes medios de comunicación.


(Imagen: Colectivo Manifiesto)

El predio en el que vivían las 120 familias está cercado por el proyecto de Autovía que comprende el tramo entre la Av. Circunvalación de la ciudad de Córdoba y el distribuidor de empalme con la Ruta 9 norte (km 724). Un proyecto que pretende agilizar el tránsito vehicular desde y hacia el norte cordobés, y que ya ha tenido sus encuentros propiciatorios: la intendenta Myriam Prunotto, el legislador provincial Carlos Presas y las autoridades de Caminos de las Sierras se reunieron hace aproximadamente dos meses para avanzar sobre las propuestas técnicas y el proceso licitatorio del tramo de la Autovía. Necesitaban desalojar a las familias para avanzar en la construcción de las calzadas, colectoras y banquinas.

La realización de countries en la Circunvalación, el ensanchamiento de calles y la instalación de servicios para negocios inmobiliarios son hechos que están estrechamente vinculados con la decisión política de desalojar asentamientos antes que urbanizarlos. El mensaje del desalojo para otras tomas de tierra fue claro: el uso prioritario de la tierra en Córdoba es para inversión y desarrollo urbano de carácter privado y no habrá resolución ante la grave crisis habitacional que atraviesa la provincia de parte del Estado.

Violencia bajo cero

“Pensábamos y nos imaginábamos que
este iba a ser nuestro hogar,
que íbamos a tener nuestra casita.
Sobre todo yo, que tengo más de 50 años,
y siempre pienso primero en mi hijo.
Quería un lugar para él, que en este momento
está estudiando en la Universidad. Porque sí,
los hijos de los pobres, a veces pueden llegar”
(Susana de la Vega, vecina desalojada).

El día más frío del año, efectivos de la Policía de Córdoba, Infantería, ETER, el Escuadrón de Caballería y Gendarmería cercaron el barrio y cerraron todos los accesos. Con el respaldo de varias topadoras, las fuerzas de seguridad empezaron a desalojar a las familias de casas más humildes -hechas de madera- mientras otro grupo de uniformados improvisaba un cordón humano como barrera para impedir el paso a los periodistas de los medios de comunicación que se acercaron a cubrir el desalojo.

La incertidumbre era total. Las llamadas a la Cámara Sexta a cargo del juez Julio Guerrero Marín, responsable de la orden de desalojo, fueron infructuosas ya que la secretaria tenía órdenes estrictas de no brindar ningún tipo de información.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Quiénes sí desfilaron por los medios de comunicación fueron la intendenta de Juárez Celman, Myrian Prunotto y el ministro de Desarrollo Social, Sergio Hugo Tocalli, dejando entrever que el operativo contaba con el apoyo político tanto de Cambiemos como de Unión por Córdoba.

Ambos señalaron que el desalojo se estaba llevando sin inconvenientes, que se trataba sólo de una decena de familias y que todas las vecinas y vecinos estaban recibiendo asistencia de trabajadores de Desarrollo Social. La realidad dista mucho del relato oficial: ni eran pocas familias, ni obtenían ayuda del Ministerio. La organización Jóvenes Al Frente (JAF) y la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio salió a desmentir la información y apuntó contra el ministro Tocalli, quien extorsionó a las familias para que firmen un desalojo voluntario, con las topadoras tocándoles la puerta.

Sin haber ningún funcionario que otorgara información oficial, las mujeres tuvieron que dejar a sus hijos y sus bienes personales -los que no habían sido destruidos por las topadoras- para dirigirse al Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio, a donde les otorgaban un papel con el que podrían hacer un reclamo ante el ministerio recién a partir del lunes. No brindaban ninguna solución para las familias que no tenían a dónde pasar la noche ni llevar sus cosas. “Vinieron y nos dijeron que estaba el jefe de gobierno en el Centro Integrador Comunitario. Nos fuimos con una compañera para allá. Nos dijeron que nos sentáramos a esperar. Nos sacaron luego a los pechones. Volvimos al barrio y no me dejaron ingresar. Están rompiendo todas las casas. Tengo mis hijos llorando ahí dentro”, lamentaba Claudia, vecina desalojada en su relato a Radio La Quinta Pata.


(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Con el correr de las horas, cada vez más integrantes de organizaciones sociales y referentes de diferentes ámbitos se hicieron presente en el predio para exigir que se respetaran los derechos de los vecinos, sin embargo se toparon con un fuerte vallado policial que evitaba que los recién llegados brindaran ayuda.

Infantería y Caballería hicieron lo que acostumbran: reprimir. Golpearon a la gente, tiraron gases lacrimógenos, se burlaron de aquellos que estaban perdiendo sus casas y detuvieron a manifestantes. Destrozaron hogares mientras las vecinas se quedaban al lado de los escombros. Hombres de gran porte que ocultan su identidad entre el azul camuflado de los uniformes, cascos y escudos, acostumbrados a la rutina de la represión, ejecutaron las órdenes. Algunos incluso mostraron en sus rostros un goce, un placer maquiavélico. Otros expresaban al lado de los vecinos cuyas casas habían sido destruidas, a los gritos y entre risas, que no veían la hora de volver a sus casas a comer un asado.

Alrededor de las 19, cuando ya no quedaba ni una casa en pie y se intentaba armar un campamento improvisado para los vecinos que no tenían a dónde ir, la Policía avanzó nuevamente contra la gente. De nuevo represión, gas pimienta y más detenidos. El grupo de personas que intentaba dar una mano ante la crítica situación fue obligado a replegarse hasta la iglesia, dos cuadras hacia adentro del barrio. La iglesia estaba cerrada y tuvieron que quedarse en la puerta. Insólitamente, la Policía avanzó de nuevo y reprimió a los manifestantes sin importar siquiera que hubiera mujeres con niños pequeños. “Nos corrieron hasta Guiñazú, algunas se refugiaron en la casa de una vecina de Barrio Norte, a otras nos corrieron hacia la ruta. Fue una cacería terrible”, relató Marta Villalba, vecina de la toma, a Zumba La Turba.

El ensañamiento que había mostrado la Policía desde temprano continuó todo el día viernes. La cacería se desató por varias cuadras. En este hecho vespertino, una periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) sufrió el robo de su credencial por parte de un efectivo.

Durante la madrugada del sábado fueron liberados la mayoría de los 12 detenidos. Andrés Villalba y Fermín Villegas (referentes de la Cooperativa 12 de junio) junto al estudiante Agustín Lohaiza lo hicieron recién el sábado al mediodía y pesa sobre ellos imputaciones de diversa consideración.

El fin de semana la persecución no cesó. La Policía sistemáticamente intentó retener a quienes se acercaban a entregar medicamentos y alimentos a los vecinos que todavía permanecen refugiados en la Capilla del Barrio Norte de Juárez Celman. Ayer domingo, cuando los vecinos se despertaron, el predio seguía rodeado. Muchas de sus cosas están todavía dentro del terreno cercado.


(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Movilización y donaciones

Por todo lo ocurrido y bajo la consigna “La dignidad no se desaloja. Expropiación ya y declaración de la emergencia habitacional”, el próximo jueves 07 de junio se convoca a una movilización a las 17 hs. La concentración será en la capilla de Barrio Norte de Estación Juárez Celman, lugar donde están alojadas de manera temporal las familias desalojadas.

Se pide además la renuncia del ministro de Desarrollo Social Sergio Hugo Tocalli y la absolución de las y los imputados. Se solicita también que todos los medios, organizaciones o personas que tengan material en fotos, videos y audios de la jornada del viernes 01 de junio, lo envíen a recopilaciondeldesalojo@hotmail.com.

* Por Débora Cerutti para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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