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Estrategia fallida en México: 250 mil asesinatos desde el inicio de la “guerra contra el narco”

Jueves 24 de mayo de 2018, por Otros medios

Más de 250.000 personas han sido asesinadas en México en lo que va de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, según un recuento realizado por RT.

De acuerdo con fuentes oficiales, existe evidencia documental de al menos 250.547 homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Una cifra que evidencia las fallas del actual modelo de seguridad implementado desde hace poco más de una década en el país, el mismo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en México, con niveles de violencia equiparable a países en guerra.

Pero a pesar de que el Gobierno mexicano reconoce que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, una ley aprobada por el Congreso que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que militares sigan realizando por tiempo indefinido tareas de seguridad pública, pese a las críticas de los expertos.

De ahí que la “epidemia de violencia” que padece México, se haya convertido en uno de los principales temas de las campañas presidenciales, mientras el número de asesinatos en el país sigue a la alza.

Las cifras de la “guerra contra el narcotráfico”

El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó posesión como presidente de México en medio de acusaciones de fraude electoral.

“Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”, dijo Calderón en uno de sus primeros discursos como presidente.

Apenas 10 días después, el 11 de diciembre, el gobierno de Calderón anunció el primer operativo con militares para realizar labores de seguridad pública sin el sustento legal necesario y sin un diagnóstico previo de la situación.

Ese mismo mes, los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 1.021 carpetas de investigación por homicidio doloso. Fue así que la “batalla” del Ejército contra la delincuencia organizada había comenzado.

“Es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como presidente”, dijo Calderón vestido como militar, el 3 de enero de 2007.

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sostienen que de 2007 a 2016 se registraron 210.007 homicidios por agresiones.

De acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, en el cual se explican a detalle las precisiones metodológicas sobre las cifras de homicidios en el país, las defunciones por homicidio del INEGI “corresponden a una categoría médica y reflejan el número de personas fallecidas cuya causa directa de muerte es un presunto homicidio”.

“Esta categoría médica puede equipararse, sin problemas, con el concepto jurídico de homicidio doloso”, agrega el informe del Senado.

Sin embargo, la actualización de las defunciones por homicidio registradas en el INEGI demora alrededor de un año, por lo que estas cifras no contemplan datos de 2017, considerado el año más violento del que se tenga registro.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 29.159 carpetas de investigación por homicidio doloso en México.

Asimismo, de enero a abril de 2018, el SNSP registra 10.395 carpetas de investigación por este mismo delito.

De este modo, el primer cuatrimestre de 2018, registra un incremento de 21% respecto al mismo periodo en 2017.

Al sumar todas las cifras anteriores, el número de asesinatos documentados en México a lo largo de la “guerra contra el narco” es de 250.547 homicidios.

Una cifra que incluso podría ser mayor, considerando que estadísticamente las cifras del INEGI suelen registrar un mayor número de muertos por homicidio que las carpetas de investigación registradas por el SNSP.

De este modo, México registra un cuarto de millón de muertos por la violencia desde el comienzo de la actual estrategia de seguridad iniciada por Felipe Calderón y continuada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Una epidemia de asesinatos que, de acuerdo con el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2017 elaborado por la Organización Mundial de la Salud, es equiparable a la que existe en países en guerra.

En 2016, México se ubicó como el segundo país en “conflicto bélico” con más muertos, sólo detrás de Siria, de acuerdo con un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Una estrategia fallida que busca perpetuarse

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció por primera vez, el pasado 20 de abril, que la estrategia de seguridad impulsada durante su sexenio, la cual dio continuidad a la implementada por su antecesor, fue un fracaso.

“Sin duda hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía, de los retos mayores”, dijo Peña, quien reconoció públicamente “las fallas y lecciones que nos dejan aquellas políticas que no dejan de ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos”. (48:40)

Esto, a pesar de que en diciembre de 2017, el gobierno de Peña impulsó en el Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga facultades extraordinarias a los militares en tareas de seguridad pública.

Una ley con la que el Gobierno mexicano busca mantener una estrategia de seguridad que no ha dado resultados.

La Ley de Seguridad Interior fue criticada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos –incluyendo a Naciones Unidas– por considerar que mantener por tiempo indefinido a las fuerzas armadas combatiendo a la delincuencia organizada, fomentará la violaciones sistemáticas de derechos humanos como las ocurridas en la última década.

La ley fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que viola la Constitución, y que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Organizaciones civiles y académicos opositores a la ley, aglutinados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, hicieron un llamado al Congreso mexicano a no legalizar un “Estado de excepción” permanente, sin controles civiles sobre los mandos militares, que fomenta la violación sistemática de los derechos humanos.

Una decisión que, a decir de sus críticos, busca perpetuar por tiempo indefinido una estrategia de seguridad fallida.

¿Qué relación existe entre la militarización y la epidemia de asesinatos?

A pesar de que existe suficiente evidencia para establecer un “vínculo causal entre las intervenciones federales y el crecimiento de los homicidios”, los académicos todavía debaten sobre cómo funciona con precisión este vínculo.

“Los datos que tenemos son bastante claros en decirnos que la principal causa de la epidemia de homicidios es la política del gobierno, militarizar la seguridad y la persecución de las drogas”, explica Alejandro Madrazo, investigador titular del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en entrevista con RT.

“En consecuencia, me parece una profunda irresponsabilidad que el gobierno no sólo insista, sino que profundice en esta estrategia de seguridad, aprobando la Ley de Seguridad Interior en diciembre”, agrega el académico.

En este sentido, el especialista refiere que previo a la “guerra contra el narco” iniciada por Calderón, los asesinatos en México mantenían una tendencia a la baja, la cual repuntó considerablemente a partir de la militarización en el combate a los cárteles de la droga.

Sin embargo, no todos los asesinatos derivados de la “guerra contra el narcotráfico” tienen que ver necesariamente con ejecuciones y enfrentamientos entre los cárteles de la droga y el gobierno.

Un ejemplo de esto es 2017, año en que la organización Semáforo Delictivo registró 18.989 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado frente a las 29.159 carpetas de investigación por homicidio documentadas por el gobierno, es decir, 65% del total. Un porcentaje que se ha incrementado a 75% en los primeros cuatro meses de 2018.

¿Pero cómo se explican el resto de los asesinatos? Si bien la evidencia estadística muestra un vínculo directo entre la militarización del país y un incremento en el número de homicidios comunes, los académicos todavía tratan de explicar con precisión este fenómeno.

Una de las primeras hipótesis, propuesta por el investigador Fernando Escalante, del Colegio de México, en un texto de 2011 titulado La muerte tiene permiso, plantea que, cuando el Ejército llega a un municipio para sustituir a las policías locales, la violencia en dichas poblaciones se dispara al no existir una autoridad que medie los conflictos sociales.

“Tienes solamente un Ejército de ocupación, armado hasta los dientes, persiguiendo a los capos, pero que no se ocupa de la violencia cotidiana entre los ciudadanos”, explica Madrazo.

Una segunda hipótesis plantea que cuando los militares capturan o matan a los líderes de las organizaciones criminales, se desatan conflictos internos por el control de las bandas delictivas, detonando olas de violencia a nivel regional.

Una tercera hipótesis sostiene que cuando aparece un nuevo actor fuertemente armado en las disputas por el control del territorio, como lo son el Ejército y la Marina, esto genera incentivos para que las organizaciones criminales adquieran armamento de mayor poder, lo cual permitiría entender la correlación entre la entrada de armas desde Estados Unidos y el incremento de la violencia.

Para otros estudiosos del tema, como David Weisburd, profesor de George Mason University, el alto índice de asesinatos en México y América Latina, tiene que ver con la manera en que la ausencia del Estado en zonas marginadas promueve la violencia como un mecanismo social que busca satisfacer la necesidad de justicia.

“Las personas más pobres viven en situaciones de presión. Los recursos son limitados y hay demasiada competencia”, explicó Weisburd a InSight Crime en marzo pasado. “El gobierno está ausente en esos lugares, y por eso las comunidades son más propensas a tomarse la justicia por sus propias manos”, añadió.

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