Publicado en línea el Miércoles 28 de febrero de 2018, por Adriana Meyer

La abogada de Arakaki y Ponce dijo que deberían permanecer libres hasta que se resuelvan los planteos. Imagen: Bernardino Avila

La Cámara Federal porteña decidió profundizar la criminalización de la protesta desplegada por el macrismo. Lo hizo al ratificar el procesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce, dos militantes del Partido Obrero que el 18 de diciembre repudiaron en el Congreso, junto a una multitud, la reforma previsional: ambos están imputados por las lesiones que sufrió uno de los centenares de policías que reprimieron a los manifestantes. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron, además, la prisión preventiva, lo cual no implica que vayan a ser detenidos en lo inmediato. Su defensa afirmó que apelará el “arbitrario y absurdo fallo” ante la Cámara de Casación, para lo cual tiene un plazo de diez días. Arakaki y Ponce deberían permanecer en libertad hasta que el planteo sea resuelto.

“En un fallo de una arbitrariedad extraordinaria han procedido a dictar su prisión preventiva a la vez que han sido absueltos por el delito de intimidación, y los delitos por los cuales quedan imputados son excarcelables”, dijo a PáginaI12 la abogada de Ponce y Arakaki, Claudia Ferrero, de Apel. La defensora aclaró que mientras este fallo de la Cámara “no esté firme y luego mientras transcurre el trámite en Casación tendrían que seguir gozando de su libertad”. Los militantes fueron absueltos del delito de intimidación porque los jueces determinaron que “el desorden era preexistente”, pero los imputaron por lesiones agravadas “en riña” al considerar que usaron un palo estandarte como un “arpón”.

La sala II del tribunal de alzada consideró que “las imágenes que documentan lo sucedido son claras, ilustran que César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce atacaron a Brian Fernando Escobar, oficial ayudante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, valiéndose de piedras, del estandarte de una bandera y de dos palos cortos con puntas afiladas, cuando la víctima yacía gravemente herida e inconsciente en el suelo (…) El ataque se produjo entretanto Escobar y su unidad eran objeto de un impresionante bombardeo de proyectiles de distinto tipo y tamaño”.

Sin embargo, para la defensa de los militantes las imágenes plasmadas en los videos que invoca la Justicia evidencian lo contrario. “Como se observa en las imágenes, Ponce estaba sosteniendo su estandarte con las dos manos a no menos de 50 metros de los policías y en ningún momento procede a arrojar proyectiles, y cuando se ve al policía (Brian) Escobar ya en el piso, mi defendido empuja su pierna con el mismo estandarte que portaba como parte de la manifestación, acción que de ninguna manera produce el daño craneal que se diagnosticó a Escobar”, había dicho Ferrero. La abogada agregó que por esa acción “como máximo se le puede atribuir la autoría de un daño calificable como lesiones leves, ya que en las piernas solo tuvo contusiones”. Y citó el parte del Hospital Penna.

Los camaristas dieron por probado que Ponce y Arakaki arrojaron piedras, algo que tampoco comparte la defensora. “Es más inexplicable aún que se les atribuyan estas lesiones claramente provocadas por piedras a las únicas personas que en la escena no tienen en sus manos piedra alguna”. El mismo razonamiento y secuencia de los hechos es aplicable a Arakaki.

Los camaristas avalaron la postura de la fiscalía según la cual los acusados podrían obstaculizar medidas probatorias en marcha, y destacaron que otro de los imputados aún se encuentra prófugo. La defensa de los militantes del PO ya había aclarado que el acusado prófugo milita en otra organización y tiene defensa propia. Un capítulo aparte merece el dictamen del fiscal Germán Moldes, anticipado a los medios antes que en Tribunales, en el que calificó a los imputados como “fieras antisociales” y pidió que fueran procesados por “rebelión”. Desde la defensa respondieron que esto era “pura cháchara” porque ambos “participaban de una movilización junto a otras 300 mil personas, pero se encontraron con un operativo represivo que pretendía dispersarla, por decisión del poder político. Durante más de dos horas los manifestantes defendieron su derecho a manifestar contra una agresión policial inusitada”.


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