Publicado en línea el Sábado 17 de febrero de 2018, por Agencia Hoy / Misiones

PUERTO LIBERTAD.- El jueves 1 de febrero, máquinas topadoras pertenecientes a la multinacional Arauco, ingresaron si autorización al territorio de la Comunidad Mbya Andrés Guazurarí, en la localidad de Puerto Libertad, con la finalidad de trabajar el suelo para la plantación de pino. Al advertir la situación, el cacique de la Comunidad, junto a un grupo de miembros de la misma, lograron detener el intento. Desde la Comunidad radicaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Libertad.

No es la primera vez que la multinacional ataca a la Comunidad. Ya en enero de 2015, el cacique Ramón Baez, denunció y aportó material fotográfico acerca de un intento de desalojo con exhibición de armas, por parte de la empresa chilena Arauco.

“Nuestro territorio ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160, pero la empresa sigue entrando sin pedir permiso y esta vez con una topadora que tuvimos que detener” relató el cacique.

Por su parte, la artista plástica Carol Marin, quien desarrolla en la Comunidad un proyecto educativo, manifestó que “se siguen sucediendo estas formas de hostigamiento por parte de Arauco. ¿Es posible que los niños junto al cacique de su comunidad tengan que pararse frente a una topadora para evitar este tremendo atropello? ¿Cuándo será el día en que se visibilicen estas realidades donde la falta de respeto es la moneda común y donde el trato humanitario es lo que se sigue reclamando una jornada tras la otra desde hace más de 500 años?”.

Arauco y los Pueblos Originarios en Misiones

De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Arauco; es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia. Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.

En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.

El miércoles 28 de enero de 2015, las 30 familias mbya que formaron la Comunidad Andrés Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná – Arauco- quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.

El cacique pidió entonces intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades” señaló.

El antecedente Guavirá Poty

En febrero de 2009, el medio alternativo Revista Superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo - , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.

En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.

“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.

La Ley 26.160

Prorrogada hasta 2021, la Ley 261.60 suspende todo tipo de desalojos en Comunidades Indígenas y ordena el relevamiento territorial de los espacios dónde están asentadas las Comunidades del país. Este es un proceso que tuvo serias deficiencias en los últimos años.

Para el abogado constitucionalista especializado en Derecho Indígena, Eduardo Hualpa, “en el marco de una situación de desprotección de los derechos de los pueblos indígenas es muy importante la ley. La Constitución del 94 consagró esos derechos pero nunca se implementaron, no se hicieron efectivos. La ley 26.160 es un reconocimiento de los espacios ocupados. Es algo. Porque los pueblos se enfrentan al modelo extractivo minero, petrolero o de extensión de la frontera agrícola, y no tienen papeles para decir que la tierra les pertenece. La ley estableció un mecanismo: se suspendían los desalojos y se hacía un relevamiento catastral, inmobiliario. Es muy interesante. En algunas provincias se trabajó muy bien. Es la única herramienta que existe para proteger los derechos territoriales indígenas”.


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