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Es momento que la sociedad civil organizada decida

Viernes 13 de octubre de 2017, por Admin2

México se ha cimbrado a partir del sismo del 19 de septiembre, en un mismo instante sentimos el poder absoluto de la naturaleza y cómo nos puede dar la vida y la muerte en segundos. La solidaridad, la organización de la gente, nos han marcado y conmovido profundamente a todos y todas –muy por encima de cualquier acción gubernamental-, así como el inmenso dolor de tantas pérdidas de todo tipo. La esperanza y la lucha ahora es poder organizarnos mucho más y mejor, y empezar a construir una reflexión colectiva y relación con el poder muy diferente, de mucho mayor control y sanción social si no “obedecen” los mandatos legítimos, consensados y mayoritarios de la población, en sus diferentes escalas territoriales

Han pasado también en estas fechas, el Día mundial de la Paz (21 de septiembre) y el de la Noviolencia (2 de octubre, nacimiento de Gandhi y en México paradójicamente la masacre de Tlatelolco). Hemos compartido muchas veces que en nuestro país urge hablar menos de paz y mucho más de justicia. Creemos que ahora estamos ante una coyuntura fundamental de la sociedad civil. El sismo es también un proceso político, no es sólo un tiempo de solidaridad, y en este momento la sociedad civil mexicana tenemos que buscar dar una vuelta de tuerca, un salto de calidad, en nuestras relaciones con el poder, en las relaciones con la representatividad que tiene la clase política, y las relaciones que tenemos entre nosotros/as y en la forma de organizarnos No es sólo un momento de acción directa voluntaria y solidaria con las víctimas, sino de acción directa hacia la clase y las fuerzas políticas para que se cumpla lo que el pueblo desea: justicia y democracia en todos los sentidos.

En los primeros días del sismo se convocó a una campaña, desde sectores muy diversos de la sociedad civil, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregara a la reconstrucción de daños varios un porcentaje (20-30%) de los fondos que les correspondían a los partidos políticos para sus campañas electorales. La coyuntura tan dramática nacional nos hacía reflexionar acerca del destino prioritario de nuestros impuestos: ¿campañas electorales o ayuda a damnificados? Si se hubiera hecho algún tipo de consulta pública, referéndum o plebiscito, creemos que el resultado hubiera sido abrumador a favor de la ayuda. No sólo por la emergencia y el dolor que compartimos todos y todas, sino también por el gigantesco descrédito social que tienen los partidos políticos, la clase política y las campañas llenas de dispendio, abusos y violencias de todo tipo, así como de corrupción.

Más allá del resultado de esta campaña, nos parece importante detenernos en la “lógica de la acción” y sus consecuencias-acciones futuras. Lo que está detrás es una toma de conciencia colectiva acerca de que nosotros/as somos quienes debemos decidir en primera y última instancia el destino de nuestros impuestos, trabajo, bienes, y no los “representantes populares” en nombre nuestro. Ellos sólo están allí temporalmente por “mandato ciudadano” –a través del voto- y se deben precisamente a esos votantes, a quienes deben consultar las decisiones importantes, como esta que se cita. Y si no “obedecen” a quienes los “ponen allí en el poder”, entonces deber irse. En este sentido, pensamos que dicha iniciativa fue una forma en que la sociedad civil empezó a querer tomar en sus manos decisiones políticas, sociales y económicas centrales. La esperanza es que esto vaya en aumento y cada vez más construyamos controles, mandatos y sanciones de todo tipo hacia la clase política, para romper con su impunidad y corrupción.

Se trata así de co-operar con las decisiones y acciones avaladas por la ciudadanía -previa consulta abierta y amplia- y no-cooperar con toda forma de abuso de poder. No-Cooperar significa retirar nuestro “consentimiento” (silencioso o explícito) a las autoridades, instituciones o acciones que no respeten la voluntad ciudadana libre y mayoritaria. Lo que se retira de la esfera del poder son nuestros recursos materiales y cuerpos, bajo el mandato de una “desobediencia debida a toda acción inhumana, injusta o impune”. En este caso: priorizar el dinero de todo tipo de ‘basura’ y ‘simulación democrática’ electoral frente al sufrimiento de la sobrevivencia de cientos de miles.

Los partidos políticos primero reaccionaron negativamente a esta petición popular, a través de senadores y diputados, aduciendo razones y legalismos de tiempos, orden institucional o desvío de recursos, y el INE se mantuvo –como siempre- en un silencio cómplice. Pero pronto, algunos partidos comprendieron que era una demanda demasiado legítima y que oponerse a ella sería muy dañino para las votaciones, por lo que aplicaron el “judo político” y empezaron a autopromocionarse y acusarse mutuamente de no cumplir esta iniciativa. Llegando al descaro de hasta ofrecer el 100% de sus recursos del INE, con lo que se caería en regredir aún los mínimos avances de la reforma política sobre el financiamiento público a los partidos, para evitar que el lavado de dinero o el poder empresarial dominaran aún más a la clase política nacional. La iniciativa ciudadana no apuntaba a esto –y además incluía una instancia civil honorable para distribuir los recursos-, sino a destinar un porcentaje de ese absurdo dispendio electoral, y en el fondo también a que los partidos se plantearan hacer otro tipo de campañas mucho más cercanas a la población y sus necesidades, que al poder mediático y al publicismo especializado en la “guerra sucia”.

Así en pocas semanas, con la enorme complicidad de los medios y la clase política en su alianza mafiosa, se logró neutralizar públicamente una acción directa de resistencia colectiva ciudadana de No-Cooperación con la corrupción e impunidad, de “control y mandato” hacia la clase política sobre el uso los recursos que ella misma genera, de toma de conciencia y ejercicio de su real poder de abajo hacia arriba, para convertirla en algo del peor populsimo propagandístico partidista, increíblemente encabezado por el propio PRI, máximo ejemplo de la in-moralidad e in-humanidad que se quería combatir.

En estos días se cumplieron también 3 años sin verdad, justicia ni reparación de la “acción genocida” en Iguala, la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, construida y perpretada –con toda claridad- por un Estado delictivo aliado a fuerzas del delito organizado. Una acción central de la lucha de resistencia civil de los familiares de los 43 desaparecidos, y la sociedad civil solidaria, fue traer a México una instancia internacional para presionar al poder central en acciones de búsqueda, verdad y justicia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), delegado en el país por la CIDH, realizó una gran tarea en el avance hacia una hipótesis real y verídica de los hechos ocurridos esa noche y los meses siguientes, al grado de destruir totalmente la “verdad histórica”, a todo nivel. Pero fueron expulsados del país –bajo falsos legalismos y razones- por el gobierno federal, sin que la sociedad civil –como una fuerza articulada y con poderosa voz de presión pública- pudiéramos enfrentar esa decisión oficial y presionar al poder para que se quedaran. Esa decisión correspondía ante todo a los familiares, por ser las víctimas más directamente afectadas, y a las organizaciones comprometidas en el tema, pues, entre otras cosas, el dinero con el que se iban a quedar es de nuestros impuestos, y el gobierno no tiene ningún derecho a tomar “decisiones unilaterales” con nuestro dinero, sin nuestro “mandato” en temas tan graves como el “genocidio”. No se hizo ningún tipo de consulta a la población, o a organizacione srepresentativas de las víctimas, para decidir si el GIEI debía quedarse o irse. En ese sentido, sin tomar conciencia, co-operamos con esa decisión injusta, impune e inhumana oficial, de graves consecuencias hasta hoy en la verdad y justicia: en otras palabras “Nos dejamos”.

Por eso ahora, nuevamente estamos ante una situación en que tenemos una oportunidad de controlar y mandar a la clase política acerca del destino de nuestros propios recursos, y es importante no-cooperar de nuevo en su impunidad y corrupción, o sea no dejarnos y tomar nosotros y nosotras esas decisiones al más puro estilo de la democracia directa, del republicanismo, del comunitarismo, de las autonomías, del socialismo bien entendido…

No sé bien en qué punto está la discusión y decisión pública, pero no debemos permitir que una iniciativa de “Acción directa ciudadana de No-Cooperación” sea expropiada y neutralizada por la clase política, lo que además debilitaría la posibilidad de construir más acciones y organización futura en esta línea, que tanto nos ayudaría hacia una verdadera democracia nacional. Si la decisión tuviera que ver también con el INE, no podemos sentarnos a esperar que este instituto decida, no podemos dejar en manos del INE una decisión de esta envergadura y mucho menos en manos de la clase política. Donde esté la decisión sería importante ir los más posibles a ese espacio y no movernos de allí hasta que se apruebe la decisión que la inmensa mayoría ciudadana aprueba.

Foto: Guruchuire

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