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Las interrogantes que presenta Monte Pelloni II

Lunes 9 de octubre de 2017, por Agencia Andar/CPM

(AC-FACSO) A las suspensiones de audiencias y los inconvenientes técnicos, en las últimas jornadas se hizo evidente la ausencia de la querella. Tanto Manuel Marañon, representante de la Secretaría de Derechos Humanos, como la APDH de Azul, no pudieron asistir al Tribunal Oral de Mar del Plata. En relación a ello y a las diferentes aristas y particularidades que presenta el segundo tramo de la causa, el abogado Roberto Bugallo y la fiscal María Ángeles Ramos, en diálogo con Radio Universidad, dieron sus puntos de vista. “El rol de la querella consiste en acompañar a la fiscalía o suplir las falencias que ésta pueda tener. Los sectores querellantes, sobre todo en los juicios de lesa humanidad, aportan una gran cantidad de pruebas, citan a testigos, repreguntan, tienen la posibilidad de actuar a la par del fiscal. Además, según las penas dictadas, tienen la posibilidad de apelar”, manifestó Roberto Bugallo, abogado e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN.

“Desde el punto de vista técnico, el que no puede faltar es el fiscal. El querellante tiene un rol paralelo al fiscal. Como la querella mantiene una relación con las acusaciones del Ministerio Público Fiscal, no es necesaria su presencia en todas las audiencias. En este caso, es una realidad que los letrados que patrocinan las querellas están interviniendo en múltiples juicios”, explicó María Ángeles Ramos, fiscal de la causa Monte Pelloni II. “Después que se proliferaron los juicios de lesa humanidad, en muchos casos la Dirección Nacional de Derechos Humanos se presentó como querellante. Estas políticas siguen los vaivenes del estado (…) Si esto va declinando, quedan solamente los familiares de las víctimas para que puedan aportar querellantes mediante, por ejemplo, ONG’s. Pero este peso debería estar en las fiscalías que son los que pertenecen al Poder Judicial”, explicó Bugallo, quien además hizo hincapié en el accionar que debe presentar la querella en las instancias judiciales. “Deben oponerse a cuestiones como las eximiciones por salud o las prisiones domiciliarias, deben pedir certificados del estado de salud, verificar que esté correctamente agregada la prueba documental que determine la falta de capacidad para estar presente en el juicio… Ahí es donde la cuestión suele fallar ya que suele pasar que los elementos no son correctamente analizados o los juzgados no tienen en cuenta los informes”, argumentó.

Uno de los factores que se evidencian de parte de los imputados y sus defensores son los diferentes pedidos que llevan adelante, desde prisiones domiciliarias hasta audiencias privadas. “Cuando el pedido está fundado en cuestiones de salud, se realizan peritajes médicos. En todos los casos, el Ministerio Público Fiscal aportó peritos propios de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Lo que nosotros tratamos de determinar es si las razones médicas que se invocan son tales. Y si son de tal gravedad que la única alternativa sea que el acusado esté en su domicilio. En los casos de las audiencias “de visu”, el Ministerio Público Fiscal no interviene porque ya lo hizo cuando tuvo oportunidad de mirar los exámenes. Las audiencias privadas fueron de conocimiento personal, es decir, el tribunal quiso ver con sus propios ojos a los imputados, escuchar de sus bocas cuales son las dolencias”, argumentó la fiscal.

Desde el inicio del juicio, la fiscalía solicitó que se revocasen siete pedidos de prisión domiciliaria debido a distintos incumplimientos. “En cuanto a lo que pasó en las últimas audiencias, el tribunal está esperando a resolver todo (…) Cada caso hay que tratarlo desde una individualidad viendo las particularidades y no desde un punto de vista general. No por el hecho de tener más de 70 años les corresponde el arresto domiciliario. Esto si bien es una facultad que la ley le otorga al juez, debe completarla con otros factores como pueden ser razones de salud o de inconveniencia para que el arresto sea cumplido intra-muros. Los casos de imputados apartados fue porque se demostró que no estaban en condiciones neuro-cognitivas para poder comprender lo que pasa a su alrededor y mucho menos una imputación penal o un juicio”, aclaró Ramos.

El alcance en las imputaciones de la causa fue otro de los temas tratados por Bugallo. Los imputados del segundo tramo pertenecen a las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario Provincial y la policía de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de lo que se estipulaba en un primer momento, no hay civiles. “¿Por qué se ha limitado cuando es indudable la responsabilidad de los sectores empresarios y civiles? No es posible voltear a un gobierno y crear todo un aparato del estado si no es con el consenso de los sectores civiles y éstos son escasamente juzgados. Por otro lado, ¿cuáles son los sectores religiosos que fueron sentados en al banquillo? Salvo el caso de Von Wernich, el resto permanecen ocultos. Esto demuestra que hay poco interés en proseguir con los restantes sectores”, enfatizó el abogado.

Un aspecto criticado por parte de la Comisión por la Memoria de Olavarría durante las últimas audiencias se refirió a la figura del cuarto juez de la causa, cargo que desempeña César Lemos del Fuero Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En torno a esto, la fiscal Ramos explicó el alcance de su función. “El tribunal está compuesto por tres jueces. El cuarto es un veedor, una garantía de la continuidad del juicio. En el supuesto caso de que alguno de los jueces, por un motivo que está previsto en la ley, no pueda continuar, ingresa el cuarto juez. Por ahora solo es un observador”, afirmó.

Con respecto a cómo se presenta el desarrollo del segundo tramo de la causa Monte Pelloni, Bugallo trazó una vinculación entre el sector político y el sector judicial en los avances o retrocesos que pueden presentarse en las elevaciones, alcances o desarrollos de los juicios de lesa humanidad. “Luego del Juicio a las Juntas, la Cámara Federal dejó en claro que había una enorme cantidad de delitos impunes y que debía continuarse con la investigación para determinar las responsabilidades del resto de los sectores militares como así también las implicancias civiles y eclesiásticas. Pero después se produjeron los levantamientos militares, se establecieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final… La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que ambas leyes eran incompatibles y le pidió a la Argentina que removiera esos obstáculos para así continuar con los juzgamientos. Pero esto no se logró hasta mediados de los 2000. Existió una voluntad política para demostrar cómo se había articulado todo el sistema represivo”, evidenció Bugallo.

Ante un contexto político en donde se evidencian falencias en el sostenimiento y desarrollo de políticas de derechos humanos, los juicios por causas de lesa humanidad no son la excepción. “Una de las maneras de evidenciar la voluntad política fue que los juicios sean públicos, en lugares donde se habían producido violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Olavarría. Pero esto no sucedió en esta segunda parte. El juicio se trasladó a Mar del Plata, a un juzgado con el cual no hay una inmediatez “, remarcó Bugallo.

La próxima semana continuarán las audiencias de Monte Pelloni II. El jueves 12 de octubre a las 10 hs se continuará con las cuestiones preliminares para luego pasar a las etapas de indagatorias a los imputados y al inicio de los testimonios de las víctimas. Teniendo en cuenta los continuos inconvenientes, la incertidumbre se hace presente a la hora de pensar los tiempos estipulados. “La permeabilidad del poder judicial ha declinado con respecto a la persecución de estos crímenes atroces y aberrantes. Esto va de la mano con las decisiones que se han tomado a nivel político (…) Las presiones del poder están consolidando un nuevo panorama. Hay que estar atentos. Si en algún momento fuimos capaces de levantarnos y hacer una marcha que torció una sentencia como la del 2×1, no olvidemos que tenemos esa posibilidad. Las declinaciones de la justicia o del poder político tienen que encontrar un límite en las manifestaciones civiles”, concluyó el abogado.


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