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Tucumán: para hacer un country quieren desalojar a una comunidad originaria

Sábado 30 de septiembre de 2017, por Revista El Federal

En Ohuanta las cosas están mal. Allí viven 27 familias originarias y campesinas a las que quieren desalojar para hacer un emprendimiento inmobiliario que incluye la construcción de un country y un campo de golf. Las familias tienen miedo y denuncian acciones que incluyen la presencia de grupos armados y hasta la gendarmeria. Hace un mes, y de un modo inexplicable, se incendió un centro de almacenamiento comunal.

Las familias hace cuatro días que cortan la ruta provincial 301 para visualizar su realidad. La Justicia ordenó el desalojo, pese a que el senado aprobó la prórroga de la Ley 26.160 que suspende los desalojos de tierras originarias. Estas 27 familias no pueden lograr que ninguna autoridad política o judicial los atiendan. Nadie del gobierno se acercó para dialogar con ellos. La empresa que está detrás de estas tierras es Citrusvil. Ohuanta es un típico pueblo tucumano que se creó como satélite de un ingenio azucarero.

Ahora, la zafra ya no es negocio y sus habitantes viven del trabajo precarizado. Hace por lo menos quince años que deben soportar el maltrato de la justicia, la policía y de los grandes dueños de las tierras. Mauricio Suárez es un dirigente social que se acercó hasta la comunidad y advirtió que la empresa pretende demoler gran parte de los edificios del paraje, incluyendo una escuela -la única- que tiene 111 años.

“San Pablo Golf es la cancha más grande del noroeste y está proyectado ser la más grande de todo el norte. La escuela, que supo ser la única de la zona, con gran concurrencia de chicas y chicos de todos los niveles será desalojada junto con todo el pueblo para darle lugar al country San Pablo Golf“, advirtió Suarez en declaraciones al sitio web local megafonunla. Para las familias de Ohuanta la realidad no es fácil y el panorama es oscuro porque deben enfrentarse a una empresa que tiene mucho poder en Tucumán. Fundamentalmente lo que reclaman es que se cumpla con la Ley 26.160, que establece “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias” Esta Ley fue prorrogada hace unas horas atrás por el Senado y está en vigencia en todo el territorio nacional.

“Se tiene que visibilizar el problema. Tenemos políticos que llegan al poder para defenderlo pero tranzan con el poder económico o son parte de él”, explicó con claridad el dirigente social.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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