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Las comunidades marcharon, los senadores prorrogaron la emergencia territorial

Jueves 28 de septiembre de 2017, por Cosecha Roja

“La lucha sigue, sigue, el pueblo mapuche vive” y “La Mapu no se vende, la Mapu se defiende” sonaban al ritmo del tambor. Los compases reproducidos al azar se sucedieron durante la caminata. Después de los cantos gritaron “Nehuén” para darse “mucha fuerza”.

Durante la marcha, los pueblos originarios estuvieron acompañados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Fundación Techo, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Jorge Conalep es el werkén (el secretario del lonko, la autoridad máxima) de la comunidad Ancalao en la provincia de Río Negro. Lleva la bandera Mapuche en la vanguardia de la formación. El símbolo representa los cuatro puntos cardinales de la Mapu, la madre tierra. “Defendemos la tierra porque ahí está nuestra espiritualidad”, dijo a Cosecha Roja Conalep.

“Nos corrieron de La Pampa, provincia de Buenos Aires y nos mandaron para el Sur. Nuestra comunidad abarca 14 parajes y 1900 hectáreas. La mayoría de nuestros territorios los tiene Benetton. Teníamos las mejores tierras cuando nos corrieron. Ahora estamos arrinconados en un piedrero. Queremos que el gobierno nos tenga en cuenta. Nosotros no estamos en contra del uso de los recursos naturales, sólo queremos que consulten a las comunidades. Si somos pueblos originarios preexistentes al Estado, ¿por qué nos ignoran?”, dijo el werkén.

Mientras la concentración avanza por Avenida de Mayo, desde la vereda de la Plaza Congreso un grupo de mapuches despliega otra bandera. Hoy se cumplen 113 días de la huelga de hambre mapuche del lado chileno. “Somos preexistentes al estado. Nosotros no nos definimos ni chilenos ni argentinos, somos mapuches. Algunos hermanos están hace 113 días en huelga de hambre. El Estado chileno los tiene presos bajo montajes y testigos sin rostro. Es una forma de criminalizar la protesta porque son hermanos que luchan por las tierras. En cualquier momento podrían fallecer. Nosotros no los queremos muertos, los queremos libres”, gritan por el megáfono.

En huelga de hambre están los comuneros

porque el Estado los tiene prisioneros.

Las comunidades piden la unión de los pueblos, “es lo único que puede frenar la escalada violentista y represora del estado chileno y argentino”. Y hablan de Santiago Maldonado, desaparecido tras la represión de Gendarmería en Cushamen, Chubut y en el marco de las luchas por la recuperación de las tierras. Los reclamos incluyen la situación de los presos políticos, la militarización de sus tierras y el freno al “hostigamiento, la persecución y la vulneración de sus derechos como pueblo”.

Liberar, liberar al Mapuche por luchar.

Cuando los manifestantes llegaron al Congreso comenzaron los discursos arriba del escenario. Desde el Movimiento de Resistencia Popular (MRP) se solidarizaron con la lucha de los pueblos originarios: “Hoy estamos ante una nueva Campaña del Desierto, donde los aborígenes son reprimidos, judicializados y perseguidos mientras que los grandes empresarios multinacionales gozan de todos los beneficios y todas las garantías”.

Jorge Conalep sabe que la lucha es ancestral y acuerda con los que suben al escenario: “Hay mala información y se juega con las necesidades de la gente. No se reconoce a las autoridades de las comunidades. Seguiremos luchando, se dé una prórroga o no. Con ley o sin ley nosotros no vamos a abandonar el territorio”.

Gilberto Gulipán es una de las autoridades políticas de la Confederación Mapuche en Neuquén (COM). “Estamos aquí haciendo presión para que sea prorrogada esta herramienta de lucha que tenemos los pueblos indígenas y para que terminen los desalojos. Nosotros somos parte de nuestro territorio y no dueños, por ese motivo vamos a seguir en el lugar. Así como no pueden cambiar un río, un lago o una montaña de lugar, no podrán sacarnos de allí. Tenemos que hacer fuerza para que la prórroga de la ley sea de cuatro años. Eso es lo que le exigimos a los diputados en la reunión de ayer”.

Gulipán no se olvida de lo que vivieron el martes 19 en las comunidades tradicionales del norte de Neuquén, en el Paraje Tratayen. Las fuerzas de seguridad entraron al territorio: “Rompieron todo, esposaron a nuestras autoridades, los detuvieron y recién entonces leyeron la notificación de desalojo. Es un proceso de demonización en contra nuestra”, dijo micrófono en mano.

Isabel Araujo, miembro de la comunidad Pincén de Trenque Lauquen, también habló desde el escenario improvisado: “Acompañamos la lucha de los hermanos por su territorio. Estamos acá para decirles que estamos vivos y que estamos presentes”.

Después de los discursos, fue el momento de darle un abrazo al Congreso Nacional. Las comunidades salieron en fila a rodear el edificio y esperar que comenzara la sesión en el Senado.

Emergencia territorial

La ley 26.160 contempla “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y suspende “la ejecución de sentencias”.

Desde la sanción se creó un fondo especial para asistencia a comunidades indígenas y suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que busquen quitarle a las comunidades indígenas originarias del país la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.

La norma está vigente desde 2006 y ya fue prorrogada dos veces. Hoy se aprobó la tercera en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. Además de frenar los desalojos, ordena al Estado nacional la realización de un relevamiento y demarcación de las tierras indígenas. Las comunidades aseguran que a pesar de las dos extensiones todavía no se cumplió con el objetivo y quedan aún agrupaciones fuera del registro.

Texto: Laura Micaela Ochoa


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