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Ensañamiento sí, territorio no

Martes 26 de septiembre de 2017, por Vove.com.ar

Caravana Indígena lleva sus reclamos a San Salvador de Jujuy, marzo 2017. - Foto: Santiago Romero

En entrevista con la abogada Verónica Huber, integrante del servicio jurídico de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS) y de varias comunidades del pueblo Tastil, habla sobre la falta de voluntad del Gobierno Nacional y de los legisladores nacionales para aprobar la prórroga de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que suspende los desalojos, y de la campaña de estigmatización contra los pueblos originarios que lleva adelante la gran prensa argentina.

Un ensañamiento que se desgrana en un rosario de mentiras: los pueblos originarios quieren tener su propio país, se están organizando con armas. En realidad no son argentinos y no quieren respetar las leyes. Sus niños están desnutridos porque su cultura es así. Son pobres porque su cultura es así.

“Evidentemente existe una campaña a nivel mediático en contra de los pueblos indígenas, se lo ve fácilmente con el tema de los mapuches. Y acá en Salta se ve que desde hace un par de meses (el diario) El Tribuno ha empezado una fuerte campaña en contra de los pueblos originarias de los Valles (Calchaquíes) porque ya ha publicado toda una serie de artículos denigrando a los pueblos originarios, cuestionando su identidad. Cuestionando su identidad desde la calumnia, no se han iniciado todavía acciones legales en contra de estas publicaciones pero es algo que se está analizando”, sostuvo Huber, quien recordó también una publicación del 9 de abril pasado “para lo cual se le pagó desde Clarín un viaje a(l periodista) Gabriel Levinas a Cachi, donde tuvo entrevistas con titulares registrales y autoridades de pueblos originarios” y “después desvirtuó todo lo conversado con la comunidad Fuerte Alto, cuestionando también su origen indígena, a pesar de que se lo había invitado a recorrer esa Comunidad en particular, a conocer a sus integrantes y demás”.

“Respecto de lo que está pasando con el pueblo mapuche, (…) hay todo un ensañamiento tanto de su auto reconocimiento como mapuches como de su rol en la sociedad, como si fueran de menor rango, de rango diferente, o que no tuvieran derechos, privilegiando a una persona que ni siquiera es nacional y se ha aprovechado esta situación específica para generar un encono de la sociedad en general contra los pueblos originarios”, advirtió la abogada, para quien en los medios nacionales en general “hay un tratamiento que muestra un absoluto desconocimiento de toda la normativa, de todos los fallos nacionales e internacionales que tienen que ver con el derecho comunitario indígena, ignorancia que se reproduce como verdad revelada y que obviamente afecta ya la situación que de por sí padecen, porque no puedo usar otro término que padecer, las comunidades y los pueblos indígenas en la Argentina”.

En este contexto de difamaciones, el Congreso demora la prórroga de la ley que frena los desalojos. Ahora hay promesa de que el Senado Nacional la tratará el 27 de septiembre. Una carpa instalada desde el 23 frente al Congreso espera que se cumpla.

La ley 26160, aprobada por primera vez en 2006 y luego prorrogada por dos veces, ordena al Estado realizar un relevamiento de la propiedad comunitaria indígena y suspende los desalojos de comunidades hasta que termine este relevamiento y se determine si tienen posesión ancestral. Pero éste, apenas alcanzó al 30% de las comunidades registradas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El relevamiento, explicó Huber, analiza la situación de los territorios que reclaman las comunidades y determina si existe o no posesión. “Si existe posesión ancestral, el Estado la reconoce” y así “se ve mucho más clara la obligación que el Estado tiene de entregar los títulos de esas tierras”.

Huber reseñó los datos preocupantes: hay comunidades en tres situaciones diferentes: con relevamiento terminado y con resolución de reconocimiento de la propiedad ancestral; comunidades con relevamiento concluido pero sin resolución y comunidades sin relevamiento.

Otro dato: “Ninguna tiene el título de las tierras, con lo cual muchas de ellas tienen conflictos, diría que todas los diaguitas y la mitad de los tastiles en los casos que yo veo, seguramente en los otros pueblos habrá muchos más”, explicó.

Por eso, interpretó que si no se aprueba la prórroga “va a generar seguramente, primero, un caos social porque van a hacer efectivas todas las sentencias que están suspendidas hasta ahora por la ley, con lo cual seguramente habrá una resistencia, habrá muchos desalojos que se van a concretar y habrá resistencia en otros sectores, con lo cual se va a aumentar la conflictividad social. Además va a aumentar la litigiosidad porque va a obligar a los pueblos a litigar en sede federal para poder exigirle al Estado que suspenda por vía judicial lo que va a dejar de cubrir esta situación de emergencia que se declaró por ley”.

Huber criticó en este sentido al senador nacional por Salta Rodolfo Urtubey, quien “dijo que no era la idea seguir prorrogando sino que querían sancionar una ley para evitar los desalojos. ¡Y esta es la ley para evitar los desalojos! así que no hay mucho más para tratar que definir la fecha hasta la cual se la prorrogaría y obviamente exigir que el Gobierno nacional ponga los fondos para poder concluir con el relevamiento”.

La abogada destacó que tras la prórroga es necesario sancionar una ley de titularización de las tierras de propiedad comunitaria indígena. “El nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 18 reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras pero dice que se tiene que dictar una ley especial, de conformidad al artículo 75 de la Constitución Nacional”.

Con este panorama, para Huber “todas las señales indican, ya desde el año pasado se vislumbraba, que no existía la voluntad ni del Gobierno Nacional ni de los legisladores nacionales de sancionar la prórroga de la ley, prórroga que es necesaria solo por la mora del Estado en finalizar el relevamiento territorial”. Y el Estado “tiene que procurar que no se modifiquen las situaciones existentes y hasta acá la única herramienta que hemos tenido, y relativamente, porque no en todos los casos se ha cumplido, ha sido la emergencia territorial y lo que significa la suspensión de los desalojos”.

A esto se añade que en el caso de Salta “en este momento está suspendido el relevamiento territorial porque Nación no envió fondos”, a pesar de que cuando asumió el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras, “dijo que la provincia se comprometía y obligaba a llevar adelante los relevamientos, aún cuando Nación no enviara los fondos”, recordó Huber.

“Veinte días antes de las elecciones de las PASO (en agosto último), vino gente del INAI a Salta, estuvo programando cómo iban a seguir los trabajos de ese relevamiento y una semana o dos después de las elecciones les informaron que no llegaban los fondos y hasta tanto no estuvieran esos fondos acá se suspendían esos trabajos, que se realizan con personal de provincia y Nación y técnicos de las propias comunidades. (…). No solamente ya estamos atrasados, sino que en este momento está parado el relevamiento y los legisladores que no piensan legislar mucho más de lo que vienen haciendo, creo que en estos días están tratando en qué fecha se va a celebrar el día del niño el año que viene y no están tratando cuestiones que importan”.

Para graficar la dimensión del problema social que puede generar la no aprobación de la prórroga de la emergencia territorial indígena, la abogada recordó que en Salta hay 15 pueblos indígenas reconocidos por el Estado nacional y el Estado provincial, con lo que es la provincia que “tiene más pueblos indígenas, y cada pueblo tiene diversas comunidades. Por ejemplo, los tastiles tienen 14 y los diaguitas calchaquíes tienen arriba de 300 o 400. Faltan 13 pueblos más. Con solo contar esto uno puede llegar a tener una noción de cuanta gente está en riesgo de perder su casa, sus animales, sus medios de vida, porque no se entiende, no se concibe a las comunidades en territorio”.

Huber subrayó que el derecho al título de la propiedad comunitaria indígena está reconocido en “las leyes, la Constitución Nacional, la Constitución provincial y actualmente el Código Civil y Comercial. Claramente hay situaciones en que existe un conflicto entre la propiedad comunitaria y la propiedad privada, en ese caso debe privilegiarse, se tienen que sopesar los derechos y verificar cuál es el de mayor importancia, de mayor jerarquía y creo que por lo menos desde mi visión, que la propiedad comunitaria tiene mayor relevancia, mayor privilegio, mayor rango que la propiedad privada, solamente por el hecho de que beneficia a más cantidad de personas y en este caso específico de la propiedad comunitaria nuestra, que es la propiedad comunitaria indígena, importa un reconocimiento histórico a derechos con los que se arrasó a lo largo de nuestra historia”.

Huber también criticó que los legisladores nacionales no hayan tratado, “desde que asumió este último período, ni la ley especial de propiedad comunitaria indígena, ni la prórroga de la 26160 ni ninguna ley que regulara como dispone el Código la posesión y propiedad comunitaria, entonces no cumplen con aquello para lo que fueron votados, no protegen los derechos de los ciudadanos, no respetan las leyes”.

Sobre la ley de prórroga de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena destacó que es muy simple, porque solo debe decir “prorrógase el plazo del artículo 2 de la presente ley hasta el día tal, eso es todo lo que tienen que tratar, no es una ley que necesite mayor análisis, no es una ley que necesite opinión de expertos ni mucho menos, es simplemente fijar una fecha de vencimiento de la emergencia territorial”.

Particularmente, criticó la actuación de los senadores nacionales por Salta: Cristina Fiore y Urtubey quienes se opusieron al tratamiento sobre tablas de la ley de prórroga de la emergencia territorial y Juan Carlos Romero “estuvo ausente, que siempre es una forma de no hacerse cargo de un voto que evidentemente es en contra de esta ley”.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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