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La tercerización no es la vencida

Lunes 25 de septiembre de 2017, por Mariano Martín

Experto. En Up in the Air, George Clooney encarna a un ejecutivo que convirtió en arte el trabajo de despedir personal de otras compañías.

"José Ángel Pedraza, por la historia que le tocó vivir y que lo tuvo como protagonista de luchas ejemplares contra encumbrados factores de poder, no puede haberse confundido. Sabía que la demanda de los tercerizados por mejorar sus ingresos conspiraba contra el miserable interés de empresas cooperativas desnaturalizadas que procuraban la pura rentabilidad a costa de mano de obra barata. Pedraza, renegando de sus sueños de joven, tronchó los del joven Mariano Ferreyra".

El extracto de la sentencia judicial que en 2013 condenó a 15 años de prisión al exsecretario general de la Unión Ferroviaria por el asesinato del militante del Partido Obrero resume con precisión y dramatismo el trasfondo económico del crimen político más trascendente de los doce años del kirchnerismo: la tercerización laboral en su forma más atroz. También ese juicio -que terminó con condenas a otras trece personas entre dirigentes del gremio, miembros de una patota y policías cuanto menos negligentes- representó el momento de mayor debate nacional en torno de las modalidades de subcontratación, que en la Argentina y el mundo alcanzaron su auge en los '90 y que desde entonces no dejaron de proliferar a partir del argumento del abaratamiento de costos.

Los camaristas que condenaron a Pedraza atendieron no sólo los argumentos de las querellas que responsabilizaron al sindicalista por la instigación al accionar de una patota afín para "aleccionar a los tercerizados" del ferrocarril Roca que reclamaban su pase a la planta permanente de la concesionaria, sino también los que involucraban de forma directa al dirigente en la conformación de seudo cooperativas de trabajo que prestaban servicios para la línea.

Pero ni siquiera el empuje de una causa judicial que conmocionó a toda la Argentina -por no mencionar que "la bala que mató a Ferreyra rozó el corazón de Néstor" Kirchner, en palabras de su hijo mayor, Máximo- logró encaminar una discusión legislativa para normatizar la tercerización o subcontratación laboral. Entre los colaboradores del exministro de Trabajo Carlos Tomada, de hecho, consideran esa falta como la gran derrota de aquella gestión.

Uno de ellos, Sebastián Etchemendy, prefiere hablar de "condicionantes" para avanzar hacia una regularización de los procesos de tercerización. "Fue imposible porque los empresarios en ese punto te hacen la guerra. Es su principal mecanismo para abaratar costos", explicó a Ámbito Laboral el exsubsecretario de Política Laboral y actual profesor de la Universidad Di Tella. El exfuncionario reconoció que la subcontratación fue prácticamente el único tópico sin revisión durante el anterior gobierno, que en cambio "logró cambios profundos en los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad, la quita de las modalidades promovidas y la restricción de las pasantías".

En la Argentina las modalidades de tercerización se expandieron en sintonía con la difusión mundial -con más énfasis en el tercer mundo- de los postulados del Consenso de Washington en la década del '90. Fueron la profundización de mecanismos de disgregación del mercado de trabajo tal como se lo conocía hasta los '70 que habían tenido como antecedente la represión sobre el activismo sindical durante la última dictadura. En ese momento y con el gobierno de Carlos Menem el objetivo planteado era el mismo: propender a una mayor productividad y competitividad mediante el abaratamiento del costo laboral.

La subcontratación rompió con el molde hasta entonces conocido que establecía la relación laboral como bilateral, con un empleador claramente identificado y un colectivo de trabajadores enrolado en un sindicato representativo de una actividad. El nuevo modelo introdujo a un tercero con el encargo de absorber parte de la tarea del empleador principal con trabajadores pagos con sueldos menores y condiciones laborales en general más flexibles, pero también agregó protagonistas al convocar a sindicatos que no necesariamente tenían vínculo con la actividad original desarrollada por el primer empresario.

Victoria Basualdo y Diego Morales, autores del libro "La tercerización laboral", sitúan en la región a la Argentina en el rango de los países que cuentan con entre un 30 a 40% de trabajadores bajo esas modalidades (es decir, no ligados a una empresa principal) junto con Brasil, Chile, Uruguay y México, por debajo de otros como Perú, Colombia y Ecuador adonde el número trepa hasta el 50 por ciento. Cuantificar de manera certera el número real de asalariados bajo subcontratación choca con la dificultad de establecer límites precisos entre las actividades principales y las secundarias en un país cuya normativa es laxa en este punto y que facilita procesos que algunos denominan "cuarterización" por tratarse de subcontrataciones en cadena.

El mecanismo no pasa sólo por los casos más visibles como las empresas de seguridad o limpieza de edificios que operan dentro de las compañías bajo razones sociales diferentes. También proliferó en las últimas décadas en la industria, tanto en la más sensible a la precarización, como la textil o la del calzado, como a la más especializada de la siderurgia.

La caída en la actividad durante buena parte de 2016 desnudó esta problemática con la supresión de miles de puestos de trabajo en empresas que desarrollaban tareas laterales en actividades como la petrolera. Se trata casi de un espejo con lo que sucede con los trabajadores no registrados, los primeros en perder sus empleos en una situación de crisis, con la salvedad de que en el caso de los tercerizados sus empleadores cuentan con el paraguas de la legalidad.

Los especialistas destacan en este punto que para no modificar el statu quo se conjugan la lógica empresarial de procurar la mayor rentabilidad con el menor costo posible con un dejar hacer, como mínimo, o bien un aliento explícito de parte de algunos sindicatos que son directos beneficiarios de estas modalidades. "Los más emblemáticos son Comercio y la Uocra (Unión Obrera de la Construcción), que tienen convenios muy masivos y además con elementos más flexibles y económicos que otros", agrega Etchemendy.

Un caso paradigmático es el de las empresas de telefonía. Hasta hace pocos años en ese sector se contabilizaba una proporción casi igual de 50% de empleados encuadrados en los convenios colectivos propios de la actividad y otro tanto de tercerizados en empresas prestatarias de servicios. "Hace aproximadamente diez años la dotación tercerizada duplicaba la planta permanente de las empresas del sector. Gracias a la lucha de los sindicatos hoy el número es sensiblemente menor sin que podamos determinar con exactitud el mismo", le dijo a este suplemento Claudio Marín, secretario adjunto de Foetra, el gremio telefónico mayoritario.

El dirigente, que reporta a la CTA en una curiosa modalidad sindical, con un secretario general que integra la CGT, explica que en el área de las telecomunicaciones coexisten variadas "formas de precarización" entre las que destaca "la contratación de tareas que no resultan pertenecer a la razón principal de la compañía" como "seguridad, limpieza y mantenimiento en general" cuyos trabajadores terminan encuadrados en convenios colectivos específicos. También menciona "la contratación de trabajos a compañías que pertenecen a la empresa principal y hacen a su razón principal y funcionamiento" como los de "sistemas informáticos y planificación de obras". "En este caso también se usan compañías armadas sólo a este fin y el mecanismo configura un fraude laboral liso y llano sencillamente porque se termina pagando menos lo que cuesta más", apunta Marín.

En este aspecto surge la principal preocupación de los empresarios que defienden la subcontratación. Se trata de la litigiosidad laboral asociada a la tercerización, mediante la cual el empleado, en lugar de accionar contra su empleador lo hace sobre el empresario de la actividad principal por entender que es el eslabón más sólido de la cadena. Los jueces laborales, al menos en los últimos años en los que imperó el criterio de "in dubio pro operario" multiplicaron sentencias condenatorias a las empresas principales "por solidaridad" con sus tercerizadas.

Para Etchemendy estos reveses judiciales no alcanzaron para disuadir a los ejecutivos: "en muchos casos prefieren apartar un presupuesto contingente para pagar juicios por solidaridad antes que pasar a su plantilla a los trabajadores de sus tercerizadas", señala el exfuncionario. A pesar de esa tendencia es creciente el reclamo de los hombres de negocios por una modificación normativa que clarifique la legalidad de la tercerización. La asunción de Mauricio Macri, uno de los suyos, alimentó esa expectativa.

En el Gobierno saben que subsiste un bache legal que inquieta a los empresarios. Pero admiten que no habrá margen en el corto y mediano plazo para subsanarlo. Embarcados en una negociación de cúpula con la CGT, que debería alumbrar modificaciones puntuales en la legislación laboral, los funcionarios saben que no es momento para arriesgarse a un debate parlamentario de mayor profundidad en el que el oficialismo llevaría las de perder frente a un previsible abroquelamiento de los bloques peronistas.

Tal vez el caso más curioso de aprovechamiento de las tercerizaciones en la Argentina sea el de los camioneros de Hugo Moyano. El gremio, uno de los que cuenta con salarios por encima del promedio nacional y condiciones de trabajo bajo permanente revisión, surfeó la década pasada en la brecha entre ganadores y perdedores de la subcontratación. Buena parte de sus afiliados trabaja para empresas de transporte o logística que son contratadas por otras firmas que desarrollan una actividad diferente, ya sea comercial (las grandes cadenas de supermercados), de energía (como las petroleras), de servicios (el clearing bancario o el correo) o incluso industriales.

La combatividad de Moyano, de hecho, se centró en los últimos años no sobre los empleadores directos de sus choferes afiliados sino sobre los "dadores de la carga", es decir los directivos de las empresas principales. El último caso resonante fue el de Coca Cola, cuyas plantas bloqueó durante días Pablo Moyano para exigir el pase al convenio de Camioneros de los trabajadores.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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