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Hubo 9 desalojos de comunidades mbya, en plena vigencia de la ley 26.160

Martes 19 de septiembre de 2017, por MisionesCuatro.com

POSADAS. El próximo 27 de Septiembre, comunidades indígenas de todo el país se harán sentir en su reclamo por la prórroga de la Ley Nacional 26.160, la norma que suspende todo desalojo hasta tanto no se concluya con el censo y restitución de tierras a las aldeas. La antropóloga e investigadora Ana María Gorosito Kramer habló con MisionesCuatro sobre este tema, advirtiendo que la norma no se ha venido cumpliendo en Misiones y que se han venido produciendo desalojos, algunos muy violentos, en plena vigencia de la normativa. Según la renombrada investigadora, tanto los operadores judiciales, como funcionarios provinciales y municipales han incidido en el incumplimiento de la ley. Y apuntó específicamente a la Dirección de Asuntos Guaraníes, como uno de los principales responsables de los desalojos y los relevamientos incompletos del centenar de aldeas mbya existentes en la provincia.

“Es un movimiento nacional, el que está convocando. Las organizaciones de los pueblos originarios tienen que tener participación en el reconocimiento en las tierras que actualmente ocupan a los efectos de posteriormente, según dice la ley (26.160), regularizar las situaciones de propiedad, según las distintas formas en que se presente”, sostuvo Gorosito Kramer a MisionesCuatro. La investigadora enfatizó que desde su promulgación, el 23 de Noviembre del 2006, la ley nacional 26.160 ya tiene tres prórrogas, entre otras cosas, “porque nunca fue completado el relevamiento (de las comunidades). Hasta hoy es bastante lento el relevamiento”, dijo.

Desalojos ilegales a comunidades mbya en Misiones

“De todos modos, a pesar de que la ley prohibía cualquier desalojo, o intento de transformación del espacio que ocupan (las comunidades) hoy, efectivamente se produjeron desalojos. Y algunos de características muy violentas. En el caso de Misiones se produjeron al menos 9 (desalojos) durante el periodo de vigencia de la ley”, denunció la antropóloga. “Cosa muy rara porque debería estar actuando la justicia de oficio, para impedir la flagrante violación de la ley. El último desalojo se produjo el 10 de Julio en la comunidad de Kokuere’í, en San Ignacio, lo que motivó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, señaló la docente universitaria.

Gorosito destacó la declaración de la Legislatura provincial, “exhortando a votar afirmativamente a una nueva prórroga a la ley 26160. Eso debió haberse tratado sobre tablas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. El proyecto tuvo amplia mayoría pero no alcanzó y subió al Senado”, comentó la investigadora, que hizo alusión al acompañamiento dispar que tuvo el proyecto para que se trate sobre tablas la prórroga, por parte de senadores misioneros. La antropóloga dijo sentirse “orgullosa” de que la renovadora Sandra Giménez vote a favor y pidió que cuando se trate el proyecto este 27 de Septiembre, también acompañen la prórroga, los senadores Juan Manuel Irrazábal y Salvador Cabral Arrechea –este último votó en contra del tratamiento sobre tablas, arguyendo que había un acuerdo para que se trate en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta.

“Cabral Arrechea votó al no por el tratamiento sobre tablas y espero que acompañe, siendo una figura que tanto ha hecho por el reconocimiento escolar de la importante gesta de los guaraníes en Misiones. Me alegra que vamos a contar con su voto”, expresó la investigadora, una verdadera eminencia en el campo de la etnología y los estudios de contactos interétnicos.

Operadores judiciales misioneros, desconociendo la ley 26.160

La antropóloga se refirió a la implementación de la 26.160 y advirtió que “tendríamos que trabajar más desde la universidad y otros organismos” porque en un trabajo de concientización realizado con el Cedead (Centro de Estudios de Antropología y Derecho), detectaron que muchos operadores de justicia lo desconocían el alcance de la ley nacional de Emergencia Territorial Indígena. “Y por lo tanto, no sabían que estos desalojos son totalmente ilegales. Esperemos que ahora sepan que tienen que actuar inmediatamente contra cualquier desalojo porque se contravienen una ley vigente”, sentenció la investigadora.

En la implementación de la 26.160, según Gorosito Kramer, la propia norma establece que “tendrían que intervenir dos representantes del consejo de pueblos indígenas por cada provincia, las universidades nacionales y el organismo provincial encargado de asuntos indígenas (la Dirección de Asuntos Guaraníes), todo bajo la supervisión del INAI (Instituto Nacional Indígena). Pero acá operaron distintos intereses. Primero, las universidades locales fueron borradas de un plumazo. Habíamos sido elegidos por la asamblea indígena, comenzamos a trabajar (en los relevamientos) y fuimos borrados del mapa. Una cosa muy extraña. Uno termina de entender el interés por la tierra, el valor inmobiliario, terminó precediendo a los obstáculos jurídicos reales que se imponían al no al desalojo”, detalló la antropóloga, enfatizando que en otras provincias, como Salta, el frente sojero y la minería se terminaron imponiendo por sobre las comunidades indígenas.

Fuertes críticas a la Dirección de Asuntos Guaraníes

En cuanto a la situación de Misiones, Gorosito Kramer admitió que en el incumplimiento de la ley 26.160 –se estima que fue censado un 60% de las comunidades- y en los desalojos, primaron “los intereses turísticos de menor alcance”. Así, en el caso de San Ignacio, según la antropóloga, los intereses que estarían operando son los de “pequeños propietarios que aparecen con títulos que no sabemos de dónde salen. Habría que revisar la legitimidad de esos títulos para movilizar a la municipalidad (del alcalde Esteban Romero) o a la policía provincial y a contribuir a los desalojos”, alertó la docente del Postgrado en Antropología de la UNaM (Universidad Nacional de Misiones).

“Misiones es una provincia pequeña. Desde el punto de vista territorial, el trabajo no es tan grande. Tampoco la población guaraní es tan mayoritaria como para hacer imposible el trabajo (de relevamiento). Desde el punto de vista de la logística, no habría mayor problema. Pero ¿por qué el poder judicial no está al tanto de velar por el cumplimiento de la legislación nacional? Y el segundo punto que quisiera resaltar es que no veo a la DAG defendiendo la vigencia de la ley”, sentenció Gorosito Kramer, apuntando al organismo que conduce Arnulfo “Miki” Verón, que el año pasado contó con un presupuesto de 20 millones de pesos.

“Para la aplicación de la 26.160 todos los años han recibido importantes partidas presupuestarias, así que no pueden aducir falta de fondos. Pero acá nadie rinde cuentas no sabemos a dónde fueron esos recursos”, fustigó la investigadora, apuntando a la presunto connivencia de Asuntos Guaraníes con el incumplimiento de la ley y los desalojos a comunidades mbya en Misiones –con casos resonantes como los de Kokuere’í y Chapa’í, donde empleados municipales se presentaron con motosierras y destruyeron viviendas de los indígenas.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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