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Ajuste fiscal y más deuda pública para la Argentina del 2018

Sábado 16 de septiembre de 2017, por Julio Gambina

El Gobierno Macri elevó al Parlamento el proyecto de Presupuesto para el 2018 y se destaca la perspectiva de crecimiento del PBI del 3,5%, muy pobre, y apenas para dejar atrás la fuerte caída del 2016 y la leve recuperación del 2017, que apenas alcanzará en el 2018 la situación no demasiado buena del 2015.

No adscribimos a la lógica del crecimiento del PBI en sí mismo, pero somos conscientes que en las condiciones del capitalismo, esa proyección apunta al ajuste de los de abajo.

Ya han transcurridos varios meses del nuevo gobierno de Macri entre fines del 2015 y la actualidad, que sumados a los últimos años de la anterior administración de Cristina Fernández, entre el 2014 hasta el fin del mandato, que incluyen una tendencia recesiva, con devaluaciones importantes en enero del 2014 y diciembre del 2015 que agravan los problemas de la mayoría social de menores ingresos.

Las recesiones o desaceleraciones económicas en el marco de devaluaciones monetarias expresaron la mala situación de los de abajo, con baja de consumo popular y deterioro de las condiciones de vida. El desempleo y la precariedad laboral constituyen la constante, seguido del mantenimiento de una política social que condena a la supervivencia a millones de argentinos/as.

Perspectiva de corto plazo

Por eso, ahora, en la perspectiva del 2018 se destaca el ajuste fiscal y el crecimiento de la deuda.

La propuesta oficial apunta a bajar el gasto público para disminuir el déficit primario (egresos fiscales menos ingresos fiscales antes del pago de los intereses de la deuda).

Aquí está el problema a comentar. Tanto ha crecido la deuda pública en estos primeros dos años del gobierno de Macri que crecen los intereses y por lo tanto hay que bajar gasto público para no incrementar el déficit fiscal en general.

Dicho de otro modo, como hay que bajar el déficit fiscal (definición ideológica ortodoxa) y suben los gastos por intereses de la deuda, entonces deben reducirse los gastos corrientes en personal, docentes, trabajadoras/es de la salud, de la seguridad, de la administración nacional, provincial o municipal; el gasto en salud o educación, en fin, el gasto, especialmente el que tiene destino social.

Por eso es que el rubro deuda autoriza al Poder Ejecutivo, en 2018, a tomar préstamos por 20.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal y otros 10.000 millones de dólares para cancelar intereses de la deuda.

Otra vez se privilegia la deuda con acreedores de la deuda monetaria y se posterga el cumplimiento de las acreencias derivadas de los derechos constitucionales con la mayoría de nuestra sociedad.

Vale siempre interrogarse por el privilegio de derechos, entre acreedores externos o internos de la deuda pública y los acreedores de derechos sociales, a la educación, a la salud, al trabajo, a la energía, a la recreación o a otros derechos conquistados históricamente por el pueblo de la Argentina.

En el proyecto de presupuesto 2018 se anuncia una inflación que podrá reducirse a la mitad de la del 2017, tal como ocurrió entre 2017 y 2016, para lo que se ratifica la política ortodoxa del BCRA que sigue la concepción de restricción monetaria que instala una lógica de especulación económica sustentada en altas tasas de interés.

Todo en beneficio del capital especulativo y dificultando una orientación a la promoción de una producción local para satisfacer demandas sociales.

Ganadores y perdedores

La lógica presupuestaria reproduce la ecuación de perjudicados y beneficiaros.

Estos últimos entre los acreedores de la deuda, la banca y el mecanismo de la especulación y los grandes productores y exportadores del agro, la minería y la industria. Entre los primeros se sostiene al grueso de los trabajadores y trabajadoras, activos y pasivos, que continuaran disputando la actualización de ingresos ante precios y tarifas en ascenso que limitan la posibilidad de satisfacer necesidades.

Claro que el presupuesto 2018 supone avances regresivos en los acuerdos sectoriales para la una reforma laboral por sectores que termine legitimando un marco legal, sustentado en una mayor capacidad negociadora de la minoría legislativa de la coalición gobernante.

En ese camino se inscriben también las reformas del régimen previsional, tributario, educativo y penal, entre otras regresivas reformas en carpeta para profundizar la reestructuración reaccionaria imaginada desde el poder.

La noticia es la propuesta presupuestaria y su tratamiento probable bajo las nuevas condiciones de un triunfo electoral gubernamental en octubre y que se exprese en la nueva composición del Parlamento desde el 10 de diciembre próximo.

Ese mismo día y hasta el 13/12 se realizará la 11° Ministerial de la OMC para avanzar en un nuevo aliento a la liberalización de la economía mundial, forma de consolidar la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.

Ofensiva y contraofensiva

La liberalización supone nuevas vueltas de tuerca a las reformas planificadas desde el poder en contra de la máxima acumulación de fuerzas sociales y políticas entre 1974 y 1975.

Desde entonces, para el caso argentino, con matices, la tendencia es a la pérdida de derechos.

No es solo una cuestión nacional, tal como lo muestra la reforma laboral brasileña o la que está en curso en Francia.

La ofensiva del capital es global y expresa el sentido del programa de máxima del capital hegemónico en este tiempo del capitalismo.

Eso agiganta los desafíos para el movimiento obrero local, regional y mundial, con tareas de corto y mediano plazo, hoy contra las reformas macristas en curso, y hacia fin de año. para denunciar los objetivos y mecanismos de la OMC.

Se necesita un gran movimiento popular local y mundial para enfrentar los planes del poder en la coyuntura, lo que solo puede lograrse en una gran confluencia político y social, sin mezquindades ni sectarismos, pero apuntando a la lógica de acumulación del poder del capital.


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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