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¡Resistencia no es terrorismo!

Sábado 16 de septiembre de 2017, por ENOTPO

Desde cada uno de nuestros territorios milenarios, asumiendo el mandato ancestral y la voz colectiva de nuestras autoridades tradicionales de los distintos pueblos que preexistimos a este Estado, llamado Argentina, organizados en nuestras Instituciones representativas y legítimas como Pueblos y Naciones Originarias, respetando la pluralidad de nuestras identidades, aprobamos la siguiente Declaración a fin de poner de manifiesto nuestra visión ante el Estado nacional y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la grave situación actual que atraviesan nuestros pueblos y territorios, debido a la total omisión de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en el marco normativo internacional.

No alcanzan las palabras para manifestar nuestro profundo repudio, dolor e indignación que nos produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien fue perseguido, detenido y desaparecido el 1° de agosto (Día de nuestra Madre Naturaleza), en el marco de un operativo represivo del Estado a manos de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, territorio de la Nación Mapuce ocupado ilegítimamente por el empresario italiano Luciano Benetton.

Santiago es un joven solidario y comprometido que se acercó a la Lof en Resistencia para acompañar a los hermanos y hermanas en la lucha por sus derechos territoriales como pueblo preexistente y en el pedido de liberación del Lonko Facundo Jones Huala, preso político, dos veces juzgado (ilegalmente) por la misma causa.

A más de un mes de la desaparición de Santiago, aún no se sabe nada de él. Los gobiernos de Macri y Das Neves no asumen su responsabilidad, encubren a los responsables directos y enturbian la información con el accionar cómplice de los medios monopólicos de comunicación. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich continúa defendiendo la actuación de Gendarmería y de su mano derecha el jefe de Gabinete, Pablo Noceti, (abogado de echecolaz al momento de la desaparición de julio lopez). Bullrich brinda información errónea delante de todo el Congreso y miente descaradamente acusando a la familia Maldonado de no colaborar con la investigación. Con total irresponsabilidad reveló la identidad de Ariel Grazi, testigo protegido, que hoy pide ser visibilizado porque teme por su integridad. Junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, destratan a los organismos de derechos humanos y se escandalizan porque en las escuelas se habla del tema.

Mientras tanto, en complicidad con un proyecto político de derecha que avanza en todo el continente y con la burda operación mediática de Lanata, Clarín y La Nación, construyen el relato que necesitan para justificar los enormes presupuestos destinados a las fuerzas de (in)seguridad y la escalada represiva contra los sectores populares (la actual y, sobre todo, la que están planificando). Vuelven a recurrir a la falacia del “enemigo interno” y del “terrorismo mapuche”, por el cual justifican cualquier tipo de accionar, incluso ilegal.

Hoy en Argentina, millones de hectáreas de tierra están en manos de extranjeros y multinacionales que saquean nuestros bienes naturales; devastan territorios ricos con sus ovejas importadas, con monocultivos como la soja y la vid, el extractivismo y saqueo de nuestros recursos naturales, a la vez que destruyen las especies autóctonas; cierran el acceso a lagos y ríos, al agua, que es un derecho humano de toda la población. Benetton se apropio ilegítimamente de más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Lewis, amigo personal del presidente, ha cerrado ilegalmente el paso al Lago Escondido para su uso personal (y el de sus amigos).

El Estado Argentino tiene poco más de 200 años, los Pueblos Originarios vivimos acá desde hace miles de años. Pero el “otro”, el “extranjero”, el “ilegal” somos los Pueblos Originarios.

A fines del siglo 19, más de 40 millones de hectáreas fueron repartidas entre 1800 inversionistas locales (integrantes de la oligarquía, la Sociedad Rural Argentina y del ejército) y extranjeros, luego devenidos “terratenientes”. ¿Cuál fue su inversión? El primer genocidio del Estado Argentino cometido contra los pueblos originarios para quedarse con extensos y ricos territorios, todo por el módico precio de 4 pesos la hectárea. El presidente de la Sociedad Rural en ese momento era José Martínez de Hoz, descendiente de españoles que habían llegado al Virreinato del Río de la Plata como traficantes de esclavos y predecesor del Ministro de Economía de la última Dictadura cívico-militar.

Las campañas militares del siglo XIX dejaron pueblos diezmados, las mujeres (nuestras madres y abuelas) fueron violadas; miles de hombres, mujeres y niños repartidos para la servidumbre en casas de familias aristocráticas y trabajo esclavo, en el campo, en los ingenios y en la ciudad; secuestrados en museos; reducidos en reservas como animales; traficados a Europa como objetos de exhibición.

Pero igual, los usurpadores, los peligrosos, los violentos e incivilizados somos los Pueblos Originarios.

El argumento del gobierno y de los medios además de racista y xenófobo, es burdo, sin fundamentos, y es evidente que defienden los intereses del poder económico local y global. Se ha construido un relato que criminaliza al Pueblo Mapuce y no nos extrañaría que comiencen a extenderlo a otros Pueblos Originarios porque estos conflictos se repiten en todos los territorios, a lo largo y ancho del país, con terratenientes extranjeros y locales.

El asesinato de Javier Chocobar de la Comunidad Los Chuschagasta de la Nación Diaguita (Tucumán) en el año 2009 es un ejemplo de la connivencia mafiosa que existe en las provincias entre los terratenientes, los distintos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad que ya hemos denunciado de todas las formas posibles, sin conseguir ninguna respuesta. Los terratenientes no solo son estancieros, son empresarios, son abogados, jueces, fiscales. Tienen importantes cargos en la Justicia y en el Poder Ejecutivo, incluso en áreas de Derechos Humanos.

Hace pocos meses la Nación Diaguita denunció el armado de más de 50 causas contra comuneros de distintas comunidades, sólo en la provincia de Tucumán. Denunciaron la celeridad inusitada para las causas que arman los terratenientes a los Pueblos Originarios, en contraposición a nuestras denuncias que son cajoneadas y postergadas. Desde el 2009 estamos a la espera de que se eleve la causa de Chocobar a juicio oral y mientras tanto, los asesinos caminan en libertad y continúan amenazando a los comuneros.

En este contexto, con la llegada de la nueva gestión, la política indígena estatal ha sufrido un retroceso abismal en materia de participación y de gestión. Las áreas con participación de los pueblos originarios en distintos organismos fueron desguazadas y prácticamente paralizadas desde hace 21 meses. En el INAI se vive una situación desesperante con funcionarios que no tienen ningún conocimiento sobre derecho indígena y sobre las realidades territoriales, paralización de los relevamientos, ninguna capacidad de gestión, baja de programas de fortalecimiento jurídico, y falta de recursos para garantizar la política indígena. Representan la administración del ajuste del Estado mientras abandonan a la población originaria del país.

Este gobierno, con su accionar arbitrario, ataca la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias, replicando prácticas colonialistas, feudales, xenófobas y discriminatorias. Del mismo modo que ataca al pueblo trabajador de manera brutal con su plan de ajuste y asalto, actúa de manera totalitaria con los Pueblos Originarios, negando al Sujeto de Derecho Colectivo.

Exigimos:

El pleno cumplimiento de nuestro derecho Constitucional Nacional ordinario e Internacional y el Derecho Consuetudinario, tal cual lo refrenda la Constitución Nacional en su art 75, inc 17 reforma de 1994, la Ley 24.071 ratificatoria del Convenio 169 de la OIT en el año 1992, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Ley Nacional N°26994 de la reforma del Código Civil y Comercial. Estas normativas vigentes establecen derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, derecho al Consentimiento Libre Previo e Informando, derecho a la propiedad intelectual, derecho consuetudinario, derecho propio de los Pueblos Naciones Originarias.

Que el gobierno pida la renuncia a la Ministra Patricia Bullrich.

Que la Justicia corra al juez de la causa y la fiscal por estar involucrados en los hechos.

Que la justicia indague a los gendarmes que participaron del operativo en el Lof en resistencia de Cushamen.

Que los Diputados y Senadores prorroguen la 26160 y cumplan con su deber de reglamentar la Consulta y participación así como la Propiedad Comunitaria Indígena.

Que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales respeten el Estado de derecho.

El cese de la criminalización y persecución a los pueblos originarios.

Desde el ENOTPO decimos que es urgente revertir el rumbo que se ha tomado, especialmente en materia de derechos humanos y derechos indígenas. Denunciamos y responsabilizamos a los organismos pertinentes ante cualquier la violación a nuestros derechos como Pueblos originarios preexistentes y exigimos se brinden las garantías territoriales y jurídicas correspondientes.

Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS.

¡APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, DETENIDO Y DESAPARECIDO POR GENDARMERÍA NACIONAL!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALAS, PRESO POLÍTICO DEL GOBIERNO!

¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR Y CÁRCEL PARA LOS ASESINOS DARÍO AMIN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSÉ VALDIVIESO!

¡AUTONOMIA Y LIBRE DETERMINACION NO ES TERRORISMO! ¡TERRORISMO ES HAMBREAR AL PUEBLO!

¡JUNTOS POR LA MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!


Ver en línea : http://argentina.indymedia.org/news...

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