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Entre jaloneos políticos sale último paquete de reformas para Sistema Anticorrupción

Jueves 13 de julio de 2017, por Patricia Monreal

Este miércoles quedó probado el último paquete de reformas que se prevén den vida al Sistema Estatal Anticorrupción, en donde el tema del reparto de posiciones fue lo que privó de fondo en los desencuentros entre diputados, en tanto los asesores y secretarios técnicos se encargaron de realizar el trabajo legislativo.

La aprobación de las reformas al Código de Justicia Administrativa del Estado puso de manifiesto la guerra de fuerzas entre bandos políticos en el Congreso, fundamentalmente dentro de la bancada del PRD.

De manera particular la disputa se dio por las reformas al Código, pues además de las dos nuevas magistraturas que se incorporaron para el Tribunal de Justicia Administrativa desde semanas atrás se peleaba para crear otro par para ser repartidas entre diputados.

Las dos nuevas magistraturas aprobadas ya están repartidas, una para el PRI y otra para el PRD vía la corriente Foro Nuevo Sol, por lo que panistas y perredistas de otras expresiones presionaban para que se crearan otro par, una para cada uno. Finalmente sólo se aprobó la creación de dos.

Fueron tres los ordenamientos reformados: La Ley de Fiscalización Superior, el Código de Justicia Administrativa, y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Las desavenencias al interior de la bancada perredista quedarían manifiestas durante la sesión, de manera que cinco de los 12 legisladores que la integran procurarían no votar en ninguno de los temas por aprobarse.

Poco antes de que la Mesa Directiva sometiera a votación alguno de los temas, los diputados abandonaban discretamente su curul, salían a entrevistas o a platicar con conocidos en los pasillos. En tal dinámica se observó al coordinador parlamentario Manuel López Meléndez, y a los legisladores Francisco Campos, Juan Pablo Puebla y Nalleli Pedraza.

La diputada Belinda Iturbide por ser parte de la Mesa Directiva o abandonaba su lugar, pero omitía votar aprovechando el caos que caracteriza cada vez que en el Pleno del Congreso se somete un tema polémico a votación.

En lo que si operó conjuntamente la bancada perredista, fue en la propuesta de modificar un artículo transitorio previsto en el Código de Justicia Administrativa, para que una vez que las reformas de dicho ordenamiento entren en vigor, los magistrados en funciones resuelvan los nuevos asuntos que les lleguen en el marco de la reforma aprobada, pero que lo hagan de forma colegiada y no unitaria como se proponía.

Y es que de acuerdo con las versiones “en corto” de los perredistas existen asuntos que se relacionan a irregularidades detectadas en la pasada administración estatal del PRI, que en caso de llegar al Tribunal y ser atendidos de forma unitaria, podrían tocar a la magistrada Consuelo Muro Urista que fue definida en el cargo como cuota tricolor, por lo que propusieron que estos temas se resolvieran de forma colegiada por el Pleno del Tribunal. La propuesta finalmente sería aprobada.

Sin embargo en los temas que provengan de la Auditoría Superior los perredistas reconocían que el Tribunal no intervendrá debido a que no se realizó la reforma constitucional que le impide conocer de este tipo de asuntos.

Entre las reformas aprobadas al Código de Justicia Administrativa destaca el incremento de tres a cinco magistrados dentro del Tribunal, en donde los actuales tres seguirán conociendo de responsabilidades administrativas ordinarias, y los dos nuevos conocerán de responsabilidades administrativas por faltas graves de los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas graves.

Además en Pleno se conocerá del recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por los magistrados especializados en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas.

Se prevé que el Tribunal conozca de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoria Superior, la Unidad y los Órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes.

Asimismo conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, particulares, personas físicas o jurídicas vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría y los Órganos Internos de control de los Órganos del Estado, o por la Auditoría Superior de Michoacán, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas; y fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al Patrimonio de los Órganos del Estado.

Cabe recordar que en los casos que provengan de la Auditoría Superior de Michoacán, éstos no podrán atenderse hasta en tanto no se dé la reforma al artículo 95 de la Constitución local.

 

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