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Comunidad Diaguita se movilizó por la defensa de sus tierras

Lunes 10 de julio de 2017, por ANRed-F (redaccion@anred.org)

Luego del desalojo de las familias en Indio Colalao, las comunidades Diaguita y Tolombon se movilizaron por San Miguel de Tucumán y por el centro porteño a la casa provincial. Denunciaron la hostigación de sus tierras en varias comunidades y la falta de iniciativa del poder judicial a 8 años del asesinato de Javier Chocobar. Por ANRed

El pasado 6 de julio diferentes comunidades del pueblo Diaguita se movilizaron por la capital tucumana y en la casa provincial en la ciudad de Buenos Aires. La movilización se puso en marcha luego del desalojo de las 16 familias en las tierras comunitarias de Indio Colalao, tierras ambicionadas por terratenientes que iniciaron un litigio judicial donde habitan comunidades desde hace miles de años. (leer Tucumán: ordenan desalojo a 16 familias de la comunidad de Indio Colalao ).

Los pueblos Diaguita denuncian la protección judicial y el hostigamiento permanente en diferentes comunidades en la provincia de Tucumán. La movilización en Buenos Aires hizo la entrega de un documento al representante de la casa en de la provincia de Tucumán.

Recordemos que el 12 de octubre de 2009 fue asesinado el comunero Javier Chocobar de 68 años de edad, en la Comunidad Indígena de Chuschagasta, Tucumán. Otras tres personas más fueron heridas por armas de fuego disparadas por el terrateniente Darío Amín junto con dos ex policías: Humberto “el niño” Gómez (vinculado al comando parapolicial Atila del malevo Ferreyra) y José Valdivieso. La comunidad sufrió este ataque por defender sus tierras de forma pacífica. (ller A 2 años del asesinato de Javier Chocobar: No mirar para otro lado )

Las comunidades diaguitas organizadas en la UPNDT, junto con la Comunidad indígena Pueblo de Tolombón, se movilizaron para “repudiar el recrudecimiento de las acciones de la justicia tucumana en contra de nuestras familias y comunidades. Las últimas resoluciones emanadas de los tribunales son un claro posicionamiento del poder judicial provincial que continúa negando y desconociendo sistemáticamente las leyes que nos amparan, como la validez de la documentación presentada por nuestras organizaciones en los múltiples juicios que debe resolver. La decisión por parte del poder judicial de no aplicar tratados internacionales de rango constitucional, por lo tanto de aplicación obligatoria en nuestro país, como lo ordenado en el artículo 149 de nuestra constitución provincial, que establecen la vigencia del derecho colectivo al territorio donde viven nuestras comunidades indígenas, trae como consecuencia la violación sistemática de las normas aprobadas por las propias instituciones estatales, incurriendo en responsabilidad internacional.

En el documento señalan los conflictos que mantienen las comunidades contra terratenientes y autoridades gubernamentales. También señalan la inacción del poder judicial; “1.- La sentencia dictada el pasado mes de junio por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el caso “Sucesión de López de Zavalía Fernando Justo vs. Nieva Donato Eduardo s/ Desalojo”, en claro desconocimiento de los derechos reconocidos constitucionalmente a los Pueblos Indígenas y en franca violación de la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas. 2- El desalojo en la Comunidad Indio Colalao, llevado a cabo la semana pasada, sin notificación, de 16 familias, incluyendo ancianos, niños y personas discapacitadas. Esta medida se realizó también en clara violación a nuestros derechos, mediante un procedimiento irregular, en el que ni siquiera se puso en conocimiento de otras instituciones del Estado que velan por los derechos involucrados, como ser la Defensoría Oficial de Menores, medida llevada a cabo sin tener ninguna consideración a su situación social, económica y cultural. 3-A todo éste accionar del Poder Judicial se suma la sanción impuesta en noviembre de 2016 por la Sala IV de la Cámara Penal a la abogada María Belén Leguizamón Salvatierra, querellante en el caso del asesinato del comunero Javier Chocobar, sólo por reclamar públicamente por la lentitud de la justicia en la concreción del juicio. El mensaje que nos deja la justicia con este accionar, tanto a nuestros pueblos como a nuestros defensores es que “los derechos indígenas son relativos, existen pero no es posible garantizarlos, y cualquier queja hacia esa misma administración de justicia debe ser castigada”. Es de público conocimiento el aumento de la conflictividad en nuestros territorios. El 60% de los más de 130 casos por conflictos territoriales, en las que están involucrados las autoridades y comuneros que se ventilan en los estrados judiciales de la provincia se encuentran judicializados, de los cuales solamente el 3 % tiene resolución que no nos afecta, lo demás son resoluciones que favorecen a los terceros ajenos que disputan nuestros territorios o no tienen ningún tipo de resolución, lo cual se traducen siempre en alguna medida de detención, desalojo, archivo o elevación a juicio, en contra de nosotros. El caso más preocupante por la inacción del Poder Judicial es la demora injustificada en poner fecha de realización del juicio por el asesinato del comunero Javier Chocobar cometido hace casi ya 8 años. Por el contrario, la justicia ya elevo a juicio la causa derivada de las denuncias por usurpación realizadas en contra de Ismael Chocobar, sobrino de Javier Chocobar por parte de la familia del propio asesino Amín, lo cual confirma la desigualdad de la justicia. Estas decisiones de quienes deben aplicar la justicia en nuestra provincia no hacen más que profundizar el descreimiento de la sociedad en general y de nuestros pueblos en particular sobre su rol como garantes de nuestros derechos como ciudadanos, y demuestra la grave crisis en la que el poder judicial se encuentra. Legitima las desigualdades al inclinar su balanza hacia quienes mas tienen en desmedro de quienes acudimos a ellos en la creencia de que encontraremos respuestas a las históricas injusticias que los poderosos cometen con nosotros. Viola los instrumentos jurídicos que el propio Estado ha ratificado asumiendo la deuda histórica que tiene con nuestros pueblos, la que es necesaria reparar equiparando nuestro derecho colectivo con el derecho privado sin que esto signifique prevalencia de uno o el desconocimiento del otro. Remarcamos nuestra gran preocupación al saber que el alto tribunal utilice material jurídico que ampara los derechos indígenas para echar un manto de duda sobre los derechos fundamentales en pugna, enfatizando las dificultades para los Estados de reconocer la propiedad comunitaria indígena. Hoy nos movilizamos en defensa de nuestros derechos fundamentales, basados en nuestra permanencia y trabajo en los espacios territoriales en los que vivimos, en resguardo de los bienes naturales que en ellos existen y que constituyen nuestro medio de vida y la supervivencia de nuestra cultura. Repudiamos terminantemente las resoluciones judiciales descriptas precedentemente, y exigimos a sus autoridades un cambio de actitud respecto al tratamiento de los casos en que se ven involucradas nuestras comunidades observando la normativa referida a Pueblos Indígenas de actual, plena y obligada vigencia en nuestro país y provincia. Destacamos el acompañamiento de distintos organismos de gobierno en su gestión por resolver estos problemas, y apostamos a avanzar en el trabajo futuro mediante los espacios de diálogo y consulta necesarios con nuestras instituciones porque los estados que han reconocido nuestros derechos son los garantes de su real aplicación. Agradecemos la presencia de autoridades y comuneros que hoy se movilizaron para reclamar por nuestros derechos. Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan como también a las personas que solidariamente se hicieron presentes en este día en apoyo de nuestro reclamo”.


Ver en línea : http://www.anred.org/spip.php?artic...

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