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Argentina

Violencia en Argentina (III): Donde falta gobierno, falta libertad

Martes 15 de noviembre de 2005, por Carlos O. Antognazzi

Cuando el Estado dice que le compete a los jueces intervenir frente a la ola de cortes y usurpaciones (Repsol YPF, cadena McDonald’s, Hotel Sheraton, cabinas de peaje, estaciones de trenes, Edificio Libertador) por parte de piqueteros o grupos “duros”, dice una verdad: los fiscales pueden actuar de oficio. Cuando dice, sin embargo, que «no hay que reprimir, para evitar males mayores», plantea una falacia. Evitar los desmanes no es represión, sino ordenar un caos. No se trata de impedir una protesta, sino de proteger el derecho de los demás. El problema es que se ha permitido hasta el extremo que las protestas vayan en aumento sin respetar el marco jurídico.

Donde falta gobierno, falta libertad

Cuando el Estado dice que le compete a los jueces intervenir frente a la ola de cortes y usurpaciones (Repsol YPF, cadena McDonald's, Hotel Sheraton, cabinas de peaje, estaciones de trenes, Edificio Libertador) por parte de piqueteros o grupos “duros”, dice una verdad: los fiscales pueden actuar de oficio. Cuando dice, sin embargo, que «no hay que reprimir, para evitar males mayores», plantea una falacia. Evitar los desmanes no es represión, sino ordenar un caos. No se trata de impedir una protesta, sino de proteger el derecho de los demás. El problema es que se ha permitido hasta el extremo que las protestas vayan en aumento sin respetar el marco jurídico.

PIQUETEROS S. A.

Hasta ahora los únicos vencedores (sean los que cortaron el puente Carretero durante cinco días; los que acamparon en la costanera de Santo Tomé -desde el 09/03 al 17/04/04-; o los que actúan diariamente en Buenos Aires) son los piqueteros, porque no han sido procesados ni encarcelados. Las leyes han sido dejadas de lado para ampararlos, en detrimento del resto de la población. El Estado avala la delincuencia en que incurren los que protestan. ¿Cómo no avala el pedido de la sociedad, que también protesta y, además, sin delinquir?

Tampoco se trata de quién gana y quien pierde, porque de hecho pierde la sociedad en su conjunto (incluyendo a los piqueteros, sean “duros” o “blandos”). Se trata de entender cuál es el mecanismo de la convivencia pacífica, de tal manera que quienes protestan puedan hacerlo en un marco de resguardo para no provocar o dañar a los que no protestan. Se trata de que la protesta sea efectuada de la forma que corresponde, en suma, y no afectando a toda la sociedad (gracias a la cual, de paso, el Estado puede pagar los planes asistenciales).

El crecimiento del movimiento piquetero se ha dado en forma sostenida desde su aparición en 1996, cuando eran sólo doscientas personas, hasta hoy en que hay trescientos cincuenta mil agrupados en distintas facciones. Daniel Gallo las consigna en Quién es quien en el dividido mapa piquetero (La Nación, 28/06/04, p. 1 y 6): Federación Tierra y Vivienda (FTV, liderados por el diputado Luis D'Elía: 125.000 personas); Barrios de Pie (liderados por Jorge Ceballos: 60.000); Corriente Clasista y Combativa (CCC, liderados por Juan Carlos Alderete y Amancay Ardura: 70.000); Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD, liderado por Raúl Castells: 60.000); Polo Obrero (liderado por Néstor Pitrola: 25.000); Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA, liderado por Oscar Kuperman: 4680); y Frente de Trabajadores Combativos (liderado por Ernesto Aldana: 7000). Salvo los dos primeros grupos, el resto son opositores al gobierno de Kirchner.

Estas agrupaciones han conseguido crear un sinnúmero de comedores, hecho que es un cachetazo al gobierno de cualquier signo, porque señala justamente las falencias del Estado, y son recipiendarias de unos doscientos mil planes sociales en la actualidad, aportados por el Estado nacional y las provincias. Reciben también dinero de España, Francia y Holanda. Y a medida que transcurre el tiempo se vuelven más ambiciosas y más combativas frente a un Estado cada vez más permisivo.

AUSENCIA ESTATAL

Cuando Castells dice que le «importa un bledo» lo que opine el gobierno, está diciendo que no se interesa por la democracia y sus estructuras, sino que adhiere a la lógica del patoterismo, en donde quien tiene razón es quien grita más fuerte o golpea primero. La extorsión y la prepotencia son actitudes concomitantes que encuentran en Castells a un delegado fiel. Que el grupo que lidera D'Elia “converse” con el gobierno tampoco es garantía de razonamiento, como quedó demostrado el 26/06/04. D'Elía muestra una actitud favorable al entendimiento, pero la sospecha de que es el brazo del gobierno para enfrentarse al brazo de Duhalde genera un temor comprensible. El Estado no puede entrar en el flirteo de probar fuerzas con Duhalde para ver quién tiene más gente dispuesta a tomar la provincia por asalto, porque eso supone regresar a los setenta, en donde Montoneros, Triple A y ERP se secuestraban y eliminaban ante el estupor de la ciudadanía y el silencio cómplice de los partidos políticos (silencio que avaló y condujo al 24/03/76, y que aún no ha motivado autocrítica de ningún partido). Una cosa es que el Estado articule mecanismos de acercamiento, y otra que sugiera que cierta protesta está embanderada con la línea política del presidente.

El 24/06/04 un grupo de integrantes de Quebracho y algunos desocupados ocuparon la explanada del Edificio Libertador, quemando cubiertas, banderas de Estados Unidos y la ONU. El pretexto fue el envío de tropas argentinas a Haití; los argumentos, inexplicables. Fernando Esteche, de Quebracho, sostuvo que «si un ejército es nacional, no puede ser un ejército invasor» (La Nación, 25/06/04, p. 8). Se puede acordar con la idea, pero no es el caso de Haití, en donde las Naciones Unidas han solicitado el envío de tropas, no para invadir, sino para permitir un mínimo de orden para que los haitianos puedan vivir en paz. Haití no es Irak. Además, no corresponde la metodología de la protesta, que fue una abierta provocación al ejército.

El sentir general es que tanto el grupo Quebracho, como los piqueteros “duros”, están buscando un mártir que los justifique y legitime su accionar. Así puede comprenderse la cautela en el gobierno. Pero cautela no es inacción. No actuar es un error que se termina pagando caro. Primero en lo más evidente, que es el aspecto económico: las empresas extranjeras no pueden ser seducidas para traer sus capitales a un país de riesgo, en donde grupos de encapuchados asaltan ámbitos privados sin que la justicia o el Estado salgan en su defensa. Segundo, y a más largo plazo, se crea una atmósfera de permisividad que se agrava con cada nueva acción, porque la falta de intervención legaliza. Es el mismo Estado quien aprueba el accionar de los bárbaros al no controlarlos, como sugerí en La riesgosa ausencia del Estado (El Santotomesino, febrero de 2004).

VIVIR EN DEMOCRACIA

En un artículo medular (El riesgo de ignorar lo que sucede. La Nación, 27/06/04, p. 11) Santiago Kovadloff señaló tres puntos cruciales en la vida democrática: «La soberanía de la ley no puede ser negociada. (...) Firmeza y democracia no son antónimos. (...) Si a la violencia no se la caratula como delito se la está convalidando como recurso político». A esta idea apuntan también los ministros José Pampurro (Defensa) y Roberto Lavagna (Economía). El primero tuvo que salir a desmentir, por orden de Kirchner, su mensaje apocalíptico sobre la «escalada de violencia», indicando que sólo se refirió a «algunos grupos violentos», y no a la generalidad del país. Nadie le creyó, obviamente (aunque en provincias todavía estamos mejor que en Buenos Aires), porque es el grueso de la sociedad, y no solo la oposición, quien está reclamando al Estado que intervenga y deje de amparar la acción de patotas que cercenan el derecho de la mayoría.

La sorpresa la dio D'Elia (apodado piquetero “blando” por haber recibido el aval de Kirchner y por dialogar con el gobierno) cuando tomó durante nueve horas la comisaría 24 de La Boca. Luego de destrozarla con el pretexto de que policías de esa repartición amparan a un delincuente que habría asesinado al piquetero Martín Cisneros, D'Elía saludó al atónito Jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados: «Jefe, le pido disculpas, pero entienda nuestro dolor» (La Nación, 27/06/04, p. 8). La primera lectura que puede hacerse es que el gobierno de Kirchner se equivocó el 21/06704 cuando envió a tres ministros (Carlos Tomada, Oscar Parrilli y Alicia Kirchner) a apoyar el cónclave de piqueteros “dialoguistas” u “oficilialistas” en Parque Norte. No se puede respaldar a quienes delinquen, por más legítima que sea su protesta, porque se propicia la continuación del delito, y se establece una división inconstitucional entre delitos “admitidos” y delitos “castigables”. Del apoyo a D'Elía el lunes se llegó al copamiento del sábado. En una semana el “piquetero blando” se endureció.

La segunda lectura es que la disculpa de D'Elía, que incluso argumentó «emoción violenta», es una ironía porque él mismo participó del destrozo sistemático durante horas. En el cónclave piquetero D'Elía se jactó de ser «la pata social del kirchnerismo» (sic), con lo cual, luego del estropicio, poco favor le hace al gobierno, y lo deja en un terreno ambiguo y riesgoso. Así el martes 29/06/04 el gobierno procuró despegarse de su díscolo amigo, que en el funeral de Cisneros fue fotografiado junto al “opositor” Castells. Sin embargo, un día después el ministro Aníbal Fernández, que había considerado «inadmisible» la toma de la comisaría, recibió a D'Elía en la Casa Rosada: el gobierno, que reconoció no confiar en la policía por el tema del gatillo fácil, teme que los piqueteros “blandos” se unan a los “duros”. El péndulo de la iniquidad sigue su curso.

En tanto, la justicia no actúa. La Constitución determina en su artículo 151 que la propiedad es inviolable, y que se castigará con prisión a cualquier persona que entre en una casa o comercio contra la voluntad del dueño. Si hay signos de amenaza al propietario, el delito está tipificado en el artículo 149 bis. Es decir que las leyes están, pero los jueces y/o fiscales no. Si los poderes fueran realmente independientes, la justicia actuaría. El gobierno señaló que no va a reprimir y que es la justicia quien debe ocuparse. La situación fue irónicamente tratada por Marcela Suárez en su carta de lectores en La Nación del 26/06/04: «¿Qué significa “ahora el gobierno quiere que la Justicia sancione a los piqueteros”? ¿Que la Justicia aplica o deja de aplicar la ley cuando el gobierno quiere?».

Juan Bautista Alberdi hizo notar que «donde falta gobierno, falta libertad», señalando la paradoja de que la libertad sólo se consigue cuando hay un gobierno que la ampare mediante leyes. La idea contraria es simple: donde no hay leyes, hay anarquía. Argentina tiene leyes, pero no tiene libertad en el sentido de que un grupo minoritario usa y abusa de la libertad propia en detrimento de la libertad de los demás. La pregunta es porqué no se respetan esas leyes, o porqué no se las hace respetar.

No actuar cuando corresponde genera problemas mayores en el largo plazo, como señaló Rosendo Fraga (El alto costo de no hacer cumplir la ley. La Nación, 29/06/04, p. 7). Si en 1996 el Estado hubiese dado otra respuesta a los piqueteros quizá hoy la realidad sería menos violenta. Pero la permisividad de un Estado acostumbrado a poner parches en lugar de soluciones de fondo implica que aquellos doscientos reclamos hoy se hayan convertido en trescientos cincuenta mil. El espacio que abandona el Estado es ocupado por otros. Los movimientos piqueteros han conseguido, en principio, equipararse al Estado mediante comedores y propuestas alternativas de trabajo, algo que también traerá su costo. Pero cuando se violenta la ley el Estado no puede permanecer inerte, porque sobreviene la anarquía.

© Carlos O. Antognazzi

Escritor.

Santo Tomé, junio/ julio de 2004.

Publicado en el diario Castellanos (Rafaela, Santa Fe, Argentina, 16/07/04). Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2004.

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