Publicado en línea el Miércoles 29 de marzo de 2017, por Admin 3

Parece una política de Estado incriminar a líderes sociales en delitos como forma de responder a coyunturas políticas. El último acontecimiento tiene que ver con 12 líderes sociales del sur de Bolívar. Esta crónica propone una mirada sobre la realidad del conflicto social y armado en la región, donde se evidencia que estas detenciones poseen un carácter arbitrario que deslegitima la retórica de paz del Gobierno.

Un helicóptero sobrevuela el municipio de Tiquisio. Un campesino de unos 60 años, con sudor y ceniza de carbón en su frente luego de su jornada de trabajo en una mina, se quita el casco y mira hacia el cielo: “menos mal no es la avioneta que fumiga”, dice a través de un suspiro, recordando los peores momentos del Plan Colombia. Deja claro que solía ser un campesino, de esos que labraban la tierra para subsistir, que sembraban comida para su familia y su comunidad, pero tras no encontrar alternativa se convirtió en minero con la llegada de las multinacionales.

Estoy acompañado de varios parlamentarios españoles que toman nota, una profesora de Tokyo (Japón) interesada en los conflictos sociopolítcos de América Latina, ONG’s cristianas y algunos activistas por los derechos humanos de Estados Unidos, Francia y Canadá.

Con orgullo cuentan cómo se han organizado para defender la vida y la permanencia en el territorio, también hablan con naturalidad de los muertos que ha dejado la estigmatización y persecución hacia el movimiento campesino en la región. Recuerdan a Orlando Camaño, quien fuera vicepresidente de la Junta Directiva de Asomisbol (ahora Federación de Agromineros del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol-), asesinado por paramilitares en Aguachica (Cesar) el 20 de junio de 1997.

De igual forma describen la conformación de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, espacio que desde 2005 lleva denunciando el despojo ocasionado por el paramilitarismo que nunca se fue de sus territorios.

Cruzamos hacia el corregimiento de Caimital. Una lideresa de unos 40 años nos cuenta cómo han defendido la serranía de San Lucas, también conocida como “La Teta de San Lucas”, “una rica montaña de la cordillera de los Andes de la que todo el mundo se cree dueño”, dice con enojo. Su voz era vigoroza, sus palabras aguerridas. Decenas de niños rodean la reunión. Uno me dice al oído que mejor deje de grabar, que en la reunión dos paramilitares, (algunos de ellos muy participativos).

En Arenal, municipio donde todo el mundo conoce a la lideresa Milena Quiroz, hay comunidades organizadas en torno a cooperativas de alimentos, “porque si el Gobierno nos fumiga la comida (haciendo referencia a la aspersión de glifosato para la eliminación de cultimos de coca) , la comunidad tiene que buscar formas para comer y comerciar”. La palabra ‘resistencia’ la repiten en cada conversación, como si hiciera parte de su léxico cultural.

Nos reciben en un salón comunal varios jóvenes de los colegios de las veredas aledañas con pancartas que dicen “bienvenidos a nuestros territorios”, aunque otro dicen “los derechos humanos en mi región son invisibles”. Milena siempre sonríe. Es una mujer elocuente que se sabe la historia del Magdalena Medio. Habla de política, pero no de la política de los políticos, sino de la política de los luchadores sociales, la de cuidar a su comunidad, la de proteger su territorio. Capturo para las memorias de nuestra caravana la imagen de su sonrisa, una sonrisa que, incluso estando detenida, no ha dejado de irradiar con simpatía.

La pobreza es extrema, las enfermedades curables también. Pudimos ver recién nacidos con escamas en la piel sin que hubiera alternativa temprana, pues para ir a un hospital tienen que viajar hasta la ciudad de Cartagena, para lo cual necesitan dinero y conseguir diferentes medios de transporte. El calor acecha. No tienen ventilador, y si tuvieran no serviría de nada, pues la electricidad funciona de vez en cuando y en horarios reducidos. En el sur de Bolívar los centros de salud no tienen médicos y el transporte consiste en horas de trocha, canoa y transporte terrestre en carreteras hechas por ellos mismos que cuando llueve quedan imposibles de transitar. Ni hablar de acueducto. El Estado brilla por su ausencia, excepto por el Ejército que está por todo lado haciendo retenes.

También pasamos por el municipio de San Pablo. Mientras nos sirven suculentos platos con arroz, yuca, papa y pescado, nos cuentan los peores momentos de incursión paramilitar, donde territorios enteros fueron incendiados hasta tres veces por paramilitares (las tres veces lo reconstruyeron). También sobre las masacres donde “votaban los cuerpos al río Magdalena, y el agua se ponía roja por la sangre de tantos muertos”. En 1999 paramilitares al mando de Rodrigo Pérez Alzate (antes ‘Julián Bolívar’) masacraron 14 personas. Víctimas de Alzate lo confrontaron en un tribunal de paz en el que este pidió perdón, no obstante, estos alegaron que sentirse burlados al no contar con una reparación integral que trascendiera la firma de documentos. De los aproximadamente 40.000 habitantes que tiene San Pablo, 28.000 están registrados como víctimas del conflicto.

En el municipio de Morales narraron la historia de Alejandro Uribe Chacón, vocero de la comunidad de Mina Gallo asesinado el 19 de septiembre de 2006 por soldados del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, quienes lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.

Así llegamos a Micoahumado. Pregunto por el curioso nombre de su municipio: “nosotros nacimos aquí”, me dice una anciana de unos 70 años. “Todo lo hicimos nosotros. Las carreteras que usted ve, incluso las pocas zonas pavimentadas, las hicimos con estas manos; se llama Micoahumado porque nos tocaba comer mico, cazar los animales encontráramos en la selva”. Están desde 1970, cuando se fundó este corregimiento con la llegada de colonos antioqueños (con seguida presencia del ELN y las FARC).

Pasamos por Las Pavas, una hacienda ubicada en el municipio de El Peñón. Solía haber agua sin contaminantes antes de que las multinacionales llegaran por el oro y por la tierra. Usan mercurio y cianuro para explotar las minas, sustancias que no solo envenenan el agua, sino también los peces con los que se alimentan sus habitantes que sufren las graves consecuencias de salud. La comunidad tiene un largo historial de desplazamientos forzados.

Análisis concreto de la situación concreta: dos iniciativas de paz

-Las Pavas

Las pavas como hacienda existe desde los años 60 con la adjudicación de baldíos por parte del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). En 1983 pasó a manos de Jesús Emilio Escobar Fernández, familiar del narcotraficante Pablo Escobar. Luego del asedio del Estado para matar al histórico mafioso a principios de los años 90, estos terrenos quedan destruidos, desiertos y sin posibilidades de cultivar la tierra. Aun con escasas herramientas para la producción agrícola y pecuaria, comunidades del corregimiento de Buenos Aires ocuparon el predio y lo acondicionaron para cultivar arroz, yuca, maíz y ahuyama.

La Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (ASOCAB) relata cómo en 2003 llegaron cinco chalupas con paramilitares abordo, asesinando, desapareciendo y descuartizando indiscriminadamente. A pesar de las amenazas, decidieron entre 2004 y 2005 regresar. Lograron un crédito para sembrar cacao y continuaron con los cultivos de pancoger, pero en 2006 fueron nuevamente despojados. Aunque en 2011 la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos la extinción de dominio que ASOCAB venía tramitando ante el INCODER desde 2006, el mencionado testaferro de Escobar vendió los predios al Consorcio Labrador, empresas asociadas al cultivo de palma aceitera (también llamada palma africana). Dichas empresas son C.I. Tequendama S.A. y Aportes San Isidro S.A., afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). C.I. Tequendama integra el Grupo Agroindustrial Daabon Organic cuyos propietarios son la familia Dávila Abondano, quienes tienen un negocio redondo de producción y exportación de café, banano, azúcar y aceite de palma para Japón, Corea, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, entre otros países.

La comunidad fue engañada para que no protestaran, les prometieron pagar por la mejora que habían hecho del terreno y se habló de reconocer su histórica presencia en el territorio. Mientras tanto llegaban las excavadoras destruyendo las ciénagas donde el campesinado pescaba. En 2009 llegó la brutalidad policial a desalojarlos de manera ilegal. Dos años después la comunidad de Buenos Aires anunció su retorno, por lo cual fue incinerado su salón comunal a manera de retaliación. A su vez, cuatro integrantes de ASOCAB fueron imputados judicialmente por el supuesto delito de calumnia y de invasión de tierras. Mario Mármol fue el denunciante, a quien la comunidad señala de hacer parte de estructuras paramilitares.

El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, intentó conciliar el conflicto invitando al consorcio palmero a ceder una parte del terrero para la comunidad, lo cual ASOCAB rechazó. Tildó al Gobierno de “apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el sur de Bolívar, (…) más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales”. En 2011, finalmente, la comunidad retornó luego de audiencias públicas en Bogotá y otras ciudades. Hubo protestas y pleitos jurídicos sin que las tensiones hayan dimitido.

Por su parte, el Gobierno manifiesta que se han efectuado las medidas de protección con enfoque diferencial autorizadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde 123 familias fueron “beneficiadas” con diez mulas. “El uso de estos recios animales les permitirá a los campesinos su desplazamiento por las 3 mil hectáreas de extensa sabana donde disputan su titularidad con los representantes de la empresa palmicultora Aportes San Isidro”. Del mismo modo, en 2013, les otorgaron el Premio Nacional de Paz “por su persistencia en la defensa de sus derechos”, en el marco de un programa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

Micoahumado

Micoahumado es un corregimiento de aproximadamente 4.000 habitantes que consta de nueve veredas, ubicado en el municipio de Morales. La guerra los afecta desde comienzos de los años 90, cuando el Ejército (Brigada Móvil número 1) llegó a robarles las gallinas y el ganado. Recuerdan cómo mataron a Álvaro Molina, un campesino al que después de asesinarlo lo amarraron a un burro para atemorizar a la comunidad. Es una historia que suelen contar los niños con ingenuidad.

El ELN, con apoyo del frente 37 de las FARC, combatió alrededor de 300 paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) que llegaron a la región cuando empezó la política de ‘Seguridad Democrática’ durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según dicen representantes de la comunidad, quedaron vivos unos 150 debido a la intensidad de los combates.

La comunidad renunció a ser desplazada nuevamente, de hecho, obligó a los ‘paras’ a salir de su territorio, puesto que los habían obligado a cavar trincheras desde donde combatían a la insurgencia. Dialogaron con el ELN para que desminaran la zona y se retiraran. “Esto nos debe poner a pensar a todos los grupos armados”, aseguró en el año 2003 al periódico El Tiempo el comandante ‘Pablo’, del frente José Solano Sepúlveda, frente que amenazó con perjudicar a la comunidad si colaboraban con los paramilitares. Las irrupciones paramilitares a Micoahumado, donde la guerrilla llevaba alrededor de 30 años, se repitieron en varias ocasiones desde 1998.

El ELN acudió al llamado de la comunidad y retiró las minas, normalizando así el tránsito de alimentos que ya escaseaba. Los campesinos nombraron una comisión que, incluso en medio de los combates, procuraba ‘humanizar’ el conflicto en la zona. Realizaron la Asamblea Popular Constituyente en 2002 con 85 delegados de la comunidad, iniciativa autónoma de paz que aún permanece, demostrando que el diálogo es la mejor arma para terminar el conflicto. También generaron alternativas a los cultivos de coca como la siembra de frijol y la creación de una fábrica de café orgánico. Este proceso, compuesto por unos 400 familias, promueve el diálogo con líderes de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, el Congreso de los Pueblos y La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Con la ayuda del sacerdote Joaquín Mayorga de la diócesis de Magangué, algunas ONG’s y funcionarios del Gobierno, dieron vía a la creación del Proyecto de Paz, Justicia y Vida de Micoahumado, gestando normas de convivencia e incluso de castigo hacia los actores armados que las incumplan.

La comunidad sigue con el conflicto por la titulación de las tierras, tierras que con premura son concesionadas a multinacionales que exploran indiscriminadamente el territorio y explotan sin contemplación a sus habitantes. “Al menos antes gracias a Dios venían ‘los muchachos’ (guerrilla) a poner orden”, dice un campesino, dejando de precedente la legitimidad de la insurgencia que, por más contradicciones y desaciertos, llenaron un vacío de autoridad en la región y de control y regulación frente a la minería artesanal, lo que el Estado llama minería ilegal. Mientras la solución al conflicto armado en el país avanza, estas comunidades temen el desarraigo con una eventual ‘normalización’ de la actividad minera multinacional.

Falsos positivos judiciales

El pasado 22 de marzo fueron detenidos Milena Quiroz, Isidro Alarcón, José David Jaimes Lemus, Nubia Gómez Jaimes, Félix Muñoz Mañara, Jhon Visaje, Kelly Zabaleta, Luz Gabriela, Euclides Flórez, Manuel Francisco Zabaleta Centeno, Floro Edilberto Díaz Gamboa y Jean Carlos Mora Martínez.

Estas detenciones no pueden entenderse sin el anterior contexto, pues el Gobierno desde distintos organismos ha manifestado que en el sur de Bolívar no hubo desplazamiento forzado, a la vez que se habla de “falsas víctimas” cuando estos denuncian a sus victimarios. Desde una de las audiencias judiciales, Isidro Alarcón, quién ya había sido detenido en circunstancias similares en 2005 acusado del delito de rebelión, sostuvo que el Gobierno los detiene para “humillar y callar las voces de la gente que nos gusta pensar y opinar por una vida diferente, por una Colombia mejor. El Gobierno no entiende que nuestra región está en disputa territorial entre las multinacionales, los actores armados ilegales y la población; y nosotros somos parte de esa población que ha cuidado el territorio por 50 años ya que nos ha dado vida y salud a nuestras familias. En este contexto es que hacen las detenciones extrajudiciales colectivas a mineros, campesinos, líderes de juntas comunales, porque alguien dijo que eran guerrilleros o que los financia la guerrilla”.

La Fiscalía (como sucedió en el caso de ‘Los 13’, del estudiante de sociología Mateo Gutiérrez, del profesor Miguel Ángel Beltrán, del dirigente político Francisco Tolosa, entre otros falsos positivos judiciales de los últimos años) expuso argumentos polémicos para imputarle cargos a Milena Quiroz. “¿Pero cuál es la finalidad propia de esas marchas que ella organiza en esa ejecución de su actividad diaria?, la finalidad real son los quereres de esta organización guerrillera del ELN, la señora Milena desempeña o se desempeña como una líder política, aquí no estamos hablando de si la señora Milena suministra armas, ni si la señora Milena extorsiona, sino que la señora Milena organiza marchas y, ¿por qué organiza marchas?, por la función que ella desempeña”

Milena es una reconocida vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, integrante del Congreso de los Pueblos y representante legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela.

¿Cómo encierran a constructores de iniciativas comunitarias de paz? Esa es la otra paz, la que no sale en los grandes medios de comunicación, la paz que construyen los líderes sociales que viven el conflicto en los territorios independientemente de las coyunturas políticas nacionales, la paz que día a día sigue siendo silenciada. Entre enero de 2016 y febrero de 2017 fueron asesinados 120 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.

Texto publicado originalmente en Marcha 

La entrada Colombia: ¿Qué hay detrás de las causas armadas contra líderes sociales? aparece primero en Desinformémonos.


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