Publicado en línea el Miércoles 29 de marzo de 2017, por Admin2

Chilpancingo, Guerrero. En recientes meses, el poder legislativo ha dado inicio a una discusión de un conjunto de iniciativas de ley que de hacerse efectivas afectarían la vigencia de los derechos humanos en el país, al establecer un régimen legal de militarización de la seguridad pública y prever estados de excepción sin cumplir los más altos estándares internacionales. Desde la sociedad civil de Guerrero hemos expresado nuestra profunda preocupación ante los parámetros en los que se plantean regir a las fuerzas armadas y que darían pie a más violaciones a derechos humanos y a una completa impunidad, por lo que en el marco del análisis y discusión que se han generado en torno a dichas iniciativas, se realizará el día de mañana 28 de marzo, un foro de discusión denominado “Seguridad o derechos humanos: Una falsa dicotomía”.

Las discusión y debate de esta Ley es particularmente importante en el Estado de Guerrero, epicentro de la militarización que ha dejado una huella profunda de dolor y sufrimiento en centenares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que no han alcanzado justicia y que se mantienen este continuum de impunidad desde la época de “la guerra sucia” y la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en su “guerra contra el narcotráfico”.

Más de seiscientos desaparecidos en los años setentas, decenas de violaciones sexuales, torturas y ejecuciones extrajudiciales desde el año dos mil a la fecha son los saldos de una política gubernamental que privilegió militarización de la seguridad pública y omitió profesionalizar a los cuerpos policíacos. En un estado mal trecho por la violencia caciquil, el quehacer policial devino en una acción delincuencial institucionalizada que dio licencia a elementos policíacos que se trasformaron en un serio peligro para la sociedad por sus antecedentes criminales.

De nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública en el Estado si los niveles de violencia siguen aumentando exponencialmente cada día. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos siguen ubicando como uno de los Estados más violentos del País. Los dramas de violencia que se viven en municipios como Chilapa, Tixtla, Chilpancingo, Acapulco, San Miguel Totolapa, Iguala, entre otros son un claro ejemplo de cómo los grupos del crimen organizado se han adueñado de las instituciones y ejercen un control territorial imponiendo sus reglas y autogobierno.

A pesar de que en todos estos municipios existen batallones, zonas y regiones militares con cientos de efectivos que a diario se despliegan, lo paradójico de la situación es que la violencia y los grupos delincuenciales siguen sembrando terror y muerte contando con la complacencia de las autoridades locales.

Por ello, las organizaciones firmantes señalamos contundentemente nuestra oposición ante una Ley de Seguridad Interior que otorgue a las fuerzas armadas facultades de policía y siga privilegiando la militarización de la seguridad, creando estados de excepción y que deje intocado el sistema de corrupción e impunidad que impera en los cuerpos de seguridad estatal para que sigan protegiendo a la clase política vinculada con el crimen organizado. Una Ley así, pone en el centro del debate el paradigma de la fuerza en detrimento de una seguridad ciudadana.

Hoy tenemos la oportunidad de discutir estas propuestas de Ley en los Estados golpeados por la violencia y la militarización, como Guerrero y otros. Debemos abrir un debate vigoroso, democrático y plural que enfatice la necesidad de contar con una Ley de seguridad que ponga en el centro a las víctimas de la inseguridad y la violencia. Repensar el diseño de un modelo policial democrático, profesional, bajo controles que aseguren la rendición de cuentas. El desafío es cómo revindicar el paradigma de la seguridad que se cimenta en la protección de los derechos humanos tal como lo plantean los organismos internacionales como la ONU y la CIDH, así como se ha podido practicar en países que privilegian una estrategia integral para la prevención del delito y la profesionalización de sus cuerpos policíacos.

En Guerrero tenemos heridas abiertas provocadas por la militarización en tiempos pasados y actuales, que nos impiden consolidar nuestra democracia. Los centenares de víctimas han tenido que salir a las calles a protestar para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos, para demandar verdad, justicia, reparación integral y castigo a los responsables. La nueva Ley de Seguridad Interior nada les garantiza que la espiral de violencia termine, por el contrario, el régimen de excepción nos hundirá en el pantano de la impunidad, brindándole al ejército todas las garantías para abatir a las ciudadanas y ciudadanos que considera como sus enemigos.

Ante las voces gubernamentales y algunos actores empresariales que consideran que la solución a los problemas de violencia es sacar a las fuerzas armadas a las calles para que se hagan cargo de la seguridad, este martes 28 de marzo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, realizaremos un foro para discutir esta Ley, para dar voz a las víctimas de los embates de las fuerzas armadas en el Estado. El foro contará con la mirada de las organizaciones nacionales y locales de derechos humanos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.

La entrada El paradigma de la fuerza como apuesta de seguridad aparece primero en Desinformémonos.


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