Publicado en línea el Sábado 19 de noviembre de 2016, por (reenvio) Alan Gerónimo

El procedimiento de armado de causas a personas inocentes (en su mayoría hombres y mujeres del pueblo pobre) es habitual. Son armados tan simples y tan “efectivos” que pueden resultarle imposibles de creer a algún desprevenido

El caso Carrera fue un botón de muestra del cotidiano accionar policial, fielmente reflejado en la película de Enrique Piñeyro “El rati horror show”. Ayer, once años después de los hechos por los que se lo acusó de homicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el que dijo que Carrera es inocente.

Leé también El Rati Horror Show: Fernando Carrera absuelto once años después

¿Pero el de Carrera fue un caso aislado? ¿El joven inocente es una excepción? No. Como bien lo dijo ayer el propio Piñeyro en su cuenta de Twitter apenas se enteró del fallo de la Corte, “todavía quedan muchos inocentes presos”.

Los armados de causas usualmente buscan demostrar que la Policía está “trabajando” y que es “efectiva” ante la mirada de la sociedad. Algo que, lógicamente, no puede existir sin la complicidad de numerosos estamentos del Estado y de los grandes medios de comunicación, donde siempre se escucha la versión oficial, que es justamente la de la Policía, Gendarmería, Prefectura o cualquier otra fuerza represiva.
Un viejo sistema que perdura

Una investigación del Juez Federal Daniel Rafecas, que toma casos ocurridos entre los años 1993 y 2004, muestra fehacientemente cómo la Policía en sus distintas divisiones armó causas a personas de bajos recursos, vulnerables, trabajadores precarios, prostitutas, mendigos, inmigrantes, desocupados, o hasta personas con retraso mental.

Según la investigación, la mecánica siempre es la misma: una persona que funciona como “carnada” se gana la confianza de la persona a la que le va a armar la causa con una escasa posibilidad de reacción. Se trasladan la mayoría de las veces en un auto hasta el interior de una estación de tren, un shopping u otro lugar público, a las inmediaciones de un banco o de paso de transporte de caudales. Acto seguido la “carnada” desaparece e inmediatamente llega la Policía.

Así, la causa ya está armada. Puede ser por drogas o por intento de robo, en general con tenencia de armas de fuego. Minutos después llegan los medios de comunicación masivos y para la Policía todo salió a la perfección.

Por ejemplo, en la causa Nº 33/94 (“Romero Reinaldo: Tenencia de arma de guerra y explosivos”), iniciada en noviembre de 1993 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 un joven chaqueño fue víctima en el hall de la Estación Constitución de la emboscada de los agentes de la Policía Federal Edgardo Saulen, Osvaldo Menéndez y el Eduardo Baragaño.

El trabajador nacido en Quitilpi, analfabeto, padre de tres hijos y sin antecedentes penales, que trabajaba como repositor en un supermercado “Coto”, había ido a un locutorio de Constitución para hablar al Chaco. Mientras esperaba su turno notó que a su lado había un bolso, que supuso pertenecía a alguno de los que estaban hablando por teléfono. En ese momento apareció personal policial de civil que lo interrogó acerca del bolso, lo detuvo y le secuestraron todas sus pertenencias. Dentro del bolso había un revolver “Doberman” calibre 32, cargado, una granada y una nota que decía “dame la plata o exploto la granada” en letras impresas recortadas y pegadas. La versión policial fue que Romero merodeaba el locutorio y simulaba hablar por un teléfono público.

En la causa declaró Omar Montaña, supervisor del supermercado, quien corroboró la versión de Romero, certificando que “era una persona trabajadora, tímida, inocente y se preocupaba por mantener su trabajo ya que debía mantener a su mujer y sus hijos”.

Dos años después, en el juicio oral, el tribunal absolvió a Romero. Pero a raíz de este proceso, además de haber estado detenido el joven chaqueño fue despedido de su trabajo, debió separarse de su familia (que debió regresar a Quitilpi, Chaco, para poder sobrevivir), y él se trasladó a una villa de Ingeniero Budge.
Xenofobia uniformada

Otro caso es el de los trabajadores bolivianos René Leniz y Gonzalo Bermúdez Estay, ocurrido en 1995 también en el barrio de Constitución

En la causa Nº B-2064/95 del Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Nº 2, intervinieron los policías federales Carlos Giusepucci (implicado en cuatro causas armadas más) y Héctor Julio Rossi.
Según el relato de los propios imputados, fueron reclutados en la plaza ubicada en Cobo y Curapaligüe por un hombre y una mujer, que los llevaron en un Ford Taunus hasta la Estación para que construyan una pared por esa zona. Tras dejarlos solos y pedirle a uno de ellos que se coloque en el asiento del conductor, fueron detenidos por la Policía. Del automóvil se secuestró un fusil FAL con cuatro cargadores, granadas, un revólver calibre .32 y un plano del lugar con el detalle de los movimientos desarrollados en ese sitio por una transportadora de caudales que efectuaba habitualmente el traslado de la recaudación de la tesorería del ferrocarril. En el baúl del vehículo se halló un uniforme (gorra, chaquetilla y pantalón) perteneciente a una empresa de seguridad.

Previsiblemente, de inmediato aparecieron medios periodísticos.La causa culminó con el sobreseimiento de los imputados dos años después, en junio de 1997 y con la orden de que se investigue accionar policial.

Al igual que en el caso de Fernando Carrea ocurrido una década después, esos procedimientos fueron reproducidos al día siguiente por Clarín, Crónica, Diario Popular y otros medios. Acompañando las versiones policiales, en el caso de los dos trabajadores bolivianos se habló de que “Planeaban asaltar un blindado, llegaron tarde y los detuvieron” y hasta se los vinculó al jefe de superbandas, Luis ‘Gordo’ Valor”. La “hipótesis” presentada entonces por el Comisario Gustavo Saavedra era que los asaltantes habían sido seis, y que por cinco minutos fallaron en dar con un camión de caudales

Así, la Policía en convivencia con los grandes medios de comunicación arman un gran show mediático en el que las víctimas son miembros de la clase trabajadora y el pueblo pobre que día tras día son perseguidos y sufren la tortura cotidiana por parte del brazo armado del Estado. Así pasó recientemente con los chicos de La Garganta Poderosa.

Muchas veces se lo preguntó el mismo Fernando Carrera. También el cineasta Enrique Piñeyro. Y la misma pregunta surge de leer expedientes como el del juez Rafecas: ¿Cuántas personas están privadas de su libertad con causas totalmente armadas?

fuente http://www.laizquierdadiario.com/En-el-sistema-del-Rati-horror-show-hay-miles-de-Carrera-silenciados


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