Publicado en línea el Jueves 13 de octubre de 2016, por (reenvio) Jorge Notaro* /Hemisferio Izquierdo

En el corto plazo y como precondición, combatir la inflación controlando los aumentos de salarios y del gasto público. Esta política aumenta la plusvalía y deteriora las condiciones de vida de los sectores populares que precisan el control del Estado sobre el capital y más gasto público financiado con impuestos al capital y sus ingresos.

El contexto histórico

Se define la dependencia como una asociación entre las clases dominantes de algunos países de mayor acumulación de capital y las clases dominantes en los países de menor acumulación de capital, que con la mediación de los gobiernos de los segundos y en algunos casos con presiones de los gobiernos de los primeros o de los organismos que controlan, toma medidas en función de las necesidades de los primeros, países imperialistas que contribuyen a la deformación de la economía de los segundos, países dependientes, y genera transferencias de riqueza hacia estos. La definición implica que el desarrollo del capitalismo es desigual y combinado y por lo tanto, el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción en los países dependientes está condicionado por el de los países imperialistas. La hegemonía de la articulación de clases dominantes a principio del siglo XXI corresponde al capital financiero.

Las políticas públicas y como parte de estas la estrategia y la política económica, son un «sistema complejo», es decir, un conjunto organizado de elementos o subsistemas en continua interacción entre sí y con el contexto. Al definir un sistema complejo como objeto de estudio se recorta una parte de la realidad por lo que es necesario tomar en cuenta sus interacciones con el medio circundante sobre el que ejerce y del que recibe influencias; su evolución está determinadas en gran medida por sus intercambios con el medio en que están inmersos [1]

Los modelos de Economía y Política Económica se caracterizan por la prioridad de objetivos, la modalidad de uso de los instrumentos y su base social, considerando tal a la constituida por los sujetos colectivos que logran que se incorporen sus demandas y se benefician de los resultados. Desde la caracterización de Lenin de los gobiernos de los países capitalistas como “administradores de los negocios de la burguesía”, la investigación empírica demostró que las políticas públicas no son decisiones técnicas de órganos competentes que eligen entre las opciones que ofrece la ciencia. La política económica es en primer término política y por lo tanto resulta de un sistema de valores y de relaciones de poder, de las que se derivan la elección de prioridades y la asignación de recursos, condicionadas por el contexto económico, social y político.

Al mismo tiempo el contexto histórico es condicionado por los impactos de la Política Económica sobre el nacimiento, desarrollo, fortalecimiento o desaparición de actividades económicas y sujetos colectivos. En la dimensión económica se incluyen costos o beneficios que comprenden las condiciones de existencia y de desarrollo de su actividad, el nivel de ingresos y la valoración del patrimonio.

El desarrollo de la actividad del capital está condicionado por los monopolios públicos, las regulaciones y prohibiciones (por ejemplo sobre la intermediación financiera o el uso de la tierra), la protección del mercado interno, el acceso a activos facilitado por las políticas crediticias. En los ingresos inciden las políticas específicas (por ejemplo los salarios y las pasividades) y sus condicionantes (por ejemplo la inflación y los impuestos).

En la valoración del patrimonio inciden regulaciones directas e indirectas, como por ejemplo la legislación sobre arrendamientos de viviendas o la regulación de precios en forma directa, o la política cambiaria y la tributaria en forma indirecta.

Estas relaciones dialécticas en la sociedad contemporánea genera una paradoja que consiste en que la riqueza de los terratenientes del Cono Sur de América Latina está condicionada por las decisiones del Partido Comunista de China, ya que los planes que este apruebe implicarán una mayor o menor demanda de importaciones agropecuarias, que incidirá sobre los precios internacionales, la rentabilidad y el precio de la tierra.

Los impactos son también sociales y políticos en la medida en que los cambios económicos modifican la estructura social, los sujetos colectivos y las relaciones de poder. Por ejemplo, en el Uruguay desde mediados de la década de los setenta la creciente apertura comercial y financiera generó un mayor poder del capital financiero transnacional y sus socios locales.

El origen de las propuestas

Se pueden diferenciar cinco orígenes de las propuestas de política económica de las derechas: los organismos “multilaterales” de crédito, las calificadoras de riesgo, las organizaciones empresariales, las consultoras y los economistas locales que asesoran al capital.

En 1989, John Williamson presentó en un seminario del Institute for International Economics una lista de diez políticas para el desarrollo de América Latina, que reunían las principales propuestas del FMI, del Banco Mundial y de la Reserva Federal de los EEUU y que se conoce como el “Consenso de Washington”. Proponía privatizar las empresas públicas y desregular los mercados; liberalizar el comercio exterior, las inversiones extranjeras y las tasas de interés; equilibrar las finanzas públicas reordenando las prioridades del gasto y con una reforma tributaria; mantener un tipo de cambio competitivo.

Estos lineamientos regularon la alianza con las clases dominantes locales y se transformaron en la biblia, implican la eliminación de todas las limitaciones a las decisiones del capital y la creación de oportunidades de inversión con alta rentabilidad para el capital financiero. Los organismos financiadores como el Banco Mundial y el FMI los incluyeran entre las condiciones que imponían a los países que solicitaban créditos y las agencias calificadoras de riesgo los tomaron como marco de referencia para sus recomendaciones. En el Uruguay el FMI propuso en 2014 “una estrategia encaminada a reducir la indexación retrospectiva de los sueldos” y reducir el déficit fiscal al mínimo 2,5% del PIB en los próximos cinco años.” (FMI 2014) [2]

Las agencias calificadoras evalúan las emisiones de deuda de gobiernos o de empresas y le informan a los propietarios de capital financiero si vale la pena invertir en ellos o no. Los evaluados aspiran a alcanzar la categoría de grado inversor (investment grade) que indica que el riesgo de incumplimiento de pago es bajo y los bonos emitidos aseguran la rentabilidad y la devolución.

La calificación de las empresas transnacionales se convirtió en un negocio de alta rentabilidad y para lograr más clientes las evaluaciones fueron perdiendo rigor rápidamente. En la crisis iniciada en 2006 en los Estados Unidos las calificaciones eran excelentes lo que derivó en juicios por fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la agencia Standard & Poor’s (S&P).

En los países dependientes la evaluación es rigurosa, comprende la política económica de los gobiernos y finaliza con recomendaciones de medidas que aseguren la recuperación del capital invertido y la rentabilidad. Las críticas obligan a los Estados a pagar mayores intereses y pueden implicar la pérdida de potenciales compradores de sus bonos, ya que algunas instituciones como los fondos de pensión sólo compran los que tienen la mejor calificación.

El poder de las calificadoras fue creciendo a medida que aumentaba la colocación de deuda a acreedores privados, desplazando a los préstamos del FMI y del Banco Mundial. El informe del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) “Cifras de la Deuda 2015” señala que el 41% de la deuda de los países del tercer mundo fue contraída colocando valores públicos con una previa evaluación de las políticas de los gobiernos por parte de las agencias.

En Uruguay, el informe del Banco Central sobre deuda externa en diciembre de 2015 señala que el 60% de la deuda externa pública resulta de la colocación de bonos. Desde principios de 2016 las principales calificadoras de riesgo (Moody ´s, S&P y Ficht) consideraron necesario la reducción del déficit fiscal y de la inflación.

El informe de Moody's publicado el 9 de mayo de 2016 advirtió que "en caso de que las medidas de consolidación se queden cortas en reducir el déficit, la deuda pública podría superar el 50% del PIB en 2017, lo que socavaría la credibilidad de la política fiscal y debilitaría los indicadores crediticios de Uruguay". En junio mantenían el “investment grade” otorgado en 2014 pero cambiaron la perspectiva de la calificación de estable a negativa, por la insuficiencia del ajuste, que requiere una reducción del gasto público.

Cinco cámaras empresariales (Asociación Rural del Uruguay, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y Federación Rural) explicitaron su punto de vista en 2013 en un documento titulado APORTES PARA UNA AGENDA DE MEJORA “LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DE URUGUAY”

Consideran que se observa una pérdida de competitividad como resultado del gasto público, los pobres resultados en educación, las empresas públicas que generan situaciones de monopolio u oligopolio. Advierten que la rigidez en el mercado laboral, la modalidad de negociación vigente y las nuevas leyes y normas asociadas, tendrán consecuencias en la reducción del empleo. Consideran que se debería favorecer la utilización de la infraestructura por operadores privados a precios competitivos y liberalizar la importación de combustibles, ampliando el mercado mediante acuerdos comerciales con terceros países o bloques económicos, negociando flexibilidades que le permitan acuerdos comerciales con países que no integran el MERCOSUR. En síntesis, reducir los derechos de los trabajadores, bajar el costo de la mano de obra, aumentar la rentabilidad y abrir nuevas oportunidades al capital por el retiro de las empresas públicas.

Los economistas de las consultoras locales que asesoran al capital repiten en los diarios, en las radios y en la televisión la misma receta, reducir el déficit fiscal contrayendo gastos, reducir la inflación comprimiendo los aumentos de salarios lo que a su vez comprime los aumentos de las pasividades del año siguiente y contribuye a la reducción del gasto público.

Durante 2016 agregó el argumento del nivel de empleo para promover la congelación o la reducción de los salarios reales, por ejemplo Santiago Rego de CPA/Ferrere y Pablo Roselli de Deloitte (Diario El País de Montevideo, 12 de junio de 2016, p. 10). Se reitera este punto de vista a pesar que la evidencia empírica demuestra que es equivocado afirmar que el mercado de trabajo ajusta por precio o por cantidad y por lo tanto, los trabajadores tienen que aceptar menores salarios para conservar el empleo. Desde 1985 a 1998 aumentaron el número de ocupados y el salario real, cayeron ambos indicadores entre 1999 y 2003, finalmente desde 2005 aumentaron simultáneamente el número de trabajadores asalariados y el salario real.

El economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone consideró que el gobierno tendrá que realizar nuevos ajustes sobre fin de año, probablemente recurriendo a las tarifas públicas (El Observador, 11 de junio de 2016). Ignacio Munyo, docente de la Universidad de Montevideo vinculada al Opusa Dei, consideró que la reducción del déficit se podía lograr con una reducción de gastos en oficinas públicas y entes del Estado que tienen gastos superfluos (declaraciones a Montevideo Portal).

Javier De Haedo, economista y terrateniente, que ocupó cargos en el equipo económico durante el gobierno del Partido Nacional de 1990- 1994, concluyó que un shock externo negativo “Implica que el país se vuelve más pobre, que su ingreso cae y entonces su moneda se debe depreciar y el país se debe volver más barato en términos de dólares. Ganadores y perdedores de la fase anterior del ciclo económico cambian papeles.

Hay un ajuste en el precio y/o la cantidad en el mercado de trabajo” (Economía y Mercado, suplemento del diario El País de Montevideo, 2 de noviembre de 2015, p. 2). La propuesta implícita es devaluar y contraer el salario real, los perdedores tienen que ser los trabajadores asalariados, los ganadores de la fase anterior del ciclo como el complejo agroexportador no sólo no van a cambiar papeles para ser perdedores sino que van a aumentar sus ingresos y sus ganancias. El análisis de De Haedo con un criterio académico se puede considerar simplista y con un criterio político, expresión de los intereses de las clases dominantes.

Comentarios finales

Las propuestas de las derechas se fundamentan en aumentar la eficiencia y la competitividad lo que permitirá alcanzar el bienestar general, sus objetivos reales permanecen ocultos.

La política económica siempre admite opciones, no hay una sola forma de tratar de resolver los problemas con medidas de los gobiernos. Las ideas son resultado de las condiciones materiales y en la política económica, expresión de intereses de grupos sociales en la medida que entre las opciones disponibles, las decisiones distribuyen de distinta forma los costos y los beneficios.

Un ejemplo obvio es la receta tradicional del FMI que se instrumentan con la caída de los salarios reales y el gasto público social, para genera un superávit fiscal que permita pagar a los acreedores del Estado. Un segundo ejemplo es que en la gama de medidas que consideran las calificadoras y las consultoras que asesoran al capital, nunca se incluye la posibilidad de aumentar los impuestos al capital y sus ingresos. Las propuestas de la derecha agitan un fantasma, el peligro de ahuyentar a las inversiones con la carga tributaria, los niveles de salarios o los conflictos laborales, lo que constituye un prejuicio sin verificación empírica.

La política fiscal propuesta por la derecha genera impactos negativos sobre los sectores populares que precisan que aumente el gasto público para que mejore la educación pública desde la escuela hasta la Universidad, y para lograrlo se precisan más locales, más docentes y mejores remuneraciones. Lo mismo ocurre con la salud pública, los sectores populares precisan más hospitales, más médicos y que se eliminen los copagos que limitan el acceso a las mutualistas. También precisan que aumente el gasto público para atenuar los problemas de vivienda y medio ambiente.

Las propuestas del FMI y de las calificadoras de riesgo promueven el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) para exportar productos de la explotación de los recursos naturales del país. Cada IED implica que esa porción de la actividad económica pasa a integrar la estrategia de una empresa transnacional, debilita el poder del Estado, limita el ámbito de acción de la política económica y en el mediano plazo la repatriación del capital y de las utilidades genera dificultades de pagos externos que pueden desembocar en una crisis.

La retracción del Estado, el libre funcionamiento de los mercados y del movimiento internacional del capital orientan el crecimiento dependiente que implica el aumento de la importancia relativa de la producción primario–exportadora necesaria en los países dominantes y la transferencia de ingresos al exterior, limitando la capacidad de acumulación y el cambio en la matriz productiva e implican una creciente pérdida de autonomía.

* Investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Currículum en:

http://buscadores.anii.org.uy/buscador_sni/exportador/ExportarPdfhash

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*Investigador del Núcleo de Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República.

notas:
[1] García, R. 2006 Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria Gedisa, España.
[2] FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 2014 Comunicado de Prensa No. 14/575.12 de diciembre (http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14575s.htm)

fuente http://www.postaportenia.com.ar/


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