Publicado en línea el Lunes 4 de julio de 2016, por Telam

Se trata de decenas de etnias que habitan desde hace siglos el actual territorio nacional, aún en las regiones de duras condiciones geográficas y climáticas como el Altiplano y la Patagonia austral, y que a principios del siglo XIX coexistieron y hasta colaboraron con los criollos en el proceso liberador de España.

Esta historia se plasmó en la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, impresa en numerosos ejemplares bilingües, que fueron distribuidos en español -en la columna izquierda- y quechua -en la derecha- o en aymara.

El Congreso de Tucumán también encargó una traducción al guaraní, pueblo de amplia presencia en el norte argentino y Paraguay, pero no llegó a imprimirse oficialmente.

“Durante el siglo XIX hubo algunos períodos distintivos a tener en cuenta, como el lapso entre 1810 y 1820, cuando los primeros patriotas y los grandes personajes de la Independencia, como Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Artigas y Güemes, pensaron un país con los pueblos indígenas”, destacó a Télam el antropólogo Carlos Martínez Sarasola.

Sarasola, uno de los principales investigadores de la cuestión indígena en el país, autor de numerosos y diversos libros sobre la temática, agregó que “a partir de 1820 comenzó a revertirse con políticas estatales encaminadas al genocidio. Salvo excepciones como la de Juan Manuel de Rosas, en algunos momentos, y períodos en los que se buscó una articulación entre criollos e indígenas con tratados y acuerdos circunstanciales”.

Es muy conocida por una profusa bibliografía y documentación la propuesta presentada en el Congreso de Tucumán por Manuel Belgrano, en sintonía con José de San Martín y con Martín Miguel de Güemes, de adoptar una “monarquía atemperada”, parlamentaria, como forma de gobierno de las Provincias Unidas.

Este imperio, inspirado en el Inca, tendría su capital en el Cuzco y la corona sería entregada a un descendiente de la “casa de los Incas”, posiblemente a Juan Bautista Túpac Amaru, el anciano hermano menor de José Gabriel Túpac Amaru, líder del levantamiento de 1780, considerado una leyenda en la lucha de emancipación de España.

El abogado Darío Rodríguez Duch, histórico defensor de habitantes mapuches de territorios ancestrales de Río Negro y Chubut en juicios contra desalojos impulsados por terratenientes, recordó que en la guerra de la independencia los pueblos originarios “también tuvieron un rol activo en favor de los revolucionarios”.

“Entre los gauchos de Güemes y los que lucharon junto a Belgrano hubo muchos indígenas. Incluso San Martín, cuando estaba a punto de cruzar los Andes, se reunió con los lonkos (jefes) mapuches en Mendoza y los consultó para pasar por su territorio rumbo a Chile. Los líderes indígenas debatieron en un consejo de lonkos, lo autorizaron e hicieron de guías”, relató.

Sin embargo esta afinidad de originarios y criollos no había tenido representación personal en el Congreso de 1816. Ninguno de los congresales y representantes que firmaron la Declaración fue de origen indígena. Ni siquiera entre los enviados de la provincia de Charcas, con pueblos originarios entre sus habitrantes, o zonas del Alto Perú con predominio de chichas y mizque.

El cambio de visión política ante los originarios en la construcción de la Nación se profundizó a mediados del siglo XIX y tiene su punto de inflexión en la campaña militar a la Patagonia, definida como Conquista del Desierto, entre 1878 y 1885, comandada por el general Julio A. Roca.

En su libro "La Argentina de los caciques. O el país que no fue", Sarasola sostuvo que los grandes líderes indígenas de la región pampeana y la patagónica “hasta último momento y más allá de las violencias de la época, intentaron coexistir y convivir con la nueva sociedad en formación, en la medida en que fueran respetados sus derechos. Pero el plan de Roca y de la generación del ’80, que repensó a la Argentina y culminó con la toma de sus territorios, terminó definitivamente con aquella posibilidad”.

Investigadores como Sarasola, Walter del Río (Universidad Nacional de Río Negro) y Osvaldo Bayer, entre otros, coincidieron en definir esa campaña como un genocidio, porque además de los crímenes en combate y ejecuciones, generó campos de concentración y muerte para miles de familias completas, y destierros de hombres, mujeres y niños a Buenos Aires y otros lugares donde eran entregados como esclavos.

Sarasola también recordó que decenas de originarios, entre ellos algunos jefes y sus familias, fueron entregados al explorador y creador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde fueron exhibidos en forma humillante, despojados de su cultura y terminaron muriendo.

El investigador explicó que todas estas acciones buscaron quitarles las tierras, la negación de su condición de pobladores anteriores al Estado nacional y la invisibilización de sus culturas.

Investigadores y organizaciones afines a la temática coincidieron en que este proceso de negación comenzó a revertirse recién en los años 80 del siglo pasado, en sintonía con los cambios políticos producidos en toda América latina.

Sarasola señaló que “el gran punto de inflexión fue en 1992, con el quinto centenario (de la llegada de Colón a América), cuando hubo un ‘ponerse de pie’ indígena que continúa con la defensa de la conquista de derechos, el fortalecimiento identitario a través de sus cosmovisiones y espiritualidad”.

Darío Rodríguez Duch, especialista en temas de derecho de los pueblos originarios, precisó que esta nueva época para estos pobladores “tuvo un hito que fue la Constitución Nacional de 1994, que en su artículo 75 inciso 17, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.

“Fue el único artículo aprobado por unanimidad y aclamación. Además de emocionante fue una revolución a nivel latinoamericano y mundial”, afirmó, y agregó que en 1989 “hubo otro avance fundamental: la adhesión al Convenio 169 de la OIT (sobre sobre pueblos indígenas y tribales), que el país ratificó por ley nacional”.

Estas normas cambiaron la suerte de los indígenas que luchaban en los tribunales contra expulsiones ilegítimas e ilegales, y luego surgieron otras -nacionales, provinciales y municipales- que iniciaron un proceso reparador en cuanto a derechos, respeto a su cosmovisión y culturas ancestrales y recuperación territorial.

Todos reconocen a este proceso como muy destacado en Argentina, aunque lento en relación a los intereses vitales vinculados a las necesidades sociales y defensa de los derechos humanos que promueven las organizaciones indigenistas.


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